El propio Presidente Juan Manuel
Santos, dio a conocer los aspectos del decreto que supuestamente zanjaría la
discusión en torno al uso en Colombia de la plataforma UBER y que se ha
convertido en una guerra entre taxistas y propietarios de vehículos de lujo que
pretenden –mediante un servicio VIP- acomodarse un salario, frente al creciente
desempleo reinante en el país.
Pero tal parece que el
Vicepresidente Germán Vargas Lleras –encargado de buscar solución al problema-
se salió con la suya, aprovechando la oportunidad para congraciarse con el
gremio de los taxistas y fortalecer de esa manera su eventual aspiración de
reemplazar en la Casa de Nariño a Santos.
La manera como está concebido el
decreto, no termina con la discusión del uso de la plataforma UBER, pues solo
se limita a permitirle a las empresas de taxis ya constituidas el reemplazo de
los “taxis chatarra”, por los autos que ya vienen operando bajo la denominación
de “Viajes Imperial”, con los cuales han hecho una copia vulgar del servicio
UBER y facilitar sin reglamentación alguna el uso de plataformas similares.
El decreto en nada reglamenta el
uso de la plataforma tecnológica UBER y por el contrario, se congela el parque
automotor del servicio individual de pasajeros, permitiéndole a las empresas de
taxis, reemplazar los vehículos chatarra valorizando aún más los cupos (hoy
tasados en más de $120 millones) y los vehículos que ingresen a partir del año
entrante. Con ello los conductores seguirán siendo esclavos de los empresarios
del transporte.
Lo que ha hecho el Gobierno es
establecer los pilares para el encarecimiento de las tarifas del servicio
público individual de pasajeros, cediendo a las presiones de los empresarios
del transporte y al chantaje vulgar de quienes reclaman la vocería de los
conductores de taxis, estos últimos, quienes en más de una ocasión, realizaron
paros y bloqueos en las capitales para atajar el avance de UBER.
¿Qué pasará ahora con los más de
30 mil propietarios de las camionetas blancas que hay en Bogotá vinculadas a
empresas de transporte como servicio especial, y algunos de los cuales
afiliados a UBER? Ellos también pagan impuestos, seguros, las cuotas de los
carros, mantenimiento, rodamiento, créditos financieros y afiliaciones…Y
además, de ello derivan el sustento de sus familias.
Y para colmo de males, los
proyectos de ley que pretenden reglamentar las modalidades del transporte de
pasajeros en el país, no avanzan ni existe la voluntad política de senadores y
representantes para elaborar un verdadero estatuto de transporte. Ahora se
anuncia un nuevo proyecto que dormirá el sueño de los justos, pues no hay el
tiempo suficiente para estudiar tantas iniciativas ni mucho menos para evacuarlas.
Pareciera que los mandatarios
caminan bajo el régimen de terror que les imponen los transportadores, sin
importarles la suerte de millones de usuarios en el país que reclaman buen
servicio, tarifas justas, seguridad, vías y vehículos adecuados y un trato
amable de parte de los operarios de los sistemas. ¿Cuál es el miedo, señor
Presidente?
