José Antonio Mantilla
La
propuesta del uribismo de otorgarle facultades especiales al Presidente Iván
Duque, para que revise y aumente -de manera extraordinaria- el Salario Mínimo Mensual
Legal Vigente (SMMLV) es inequitativa, populista e inconveniente, y en lugar de
solucionar los problemas del sector más pobre en Colombia, podría empeorar su
situación económica.
Aunque
a simple vista parece una solución inmediata para atenuar los efectos del costo
de vida generado por la caída de los precios del petróleo en 2014, el proyecto
es inflacionario por no estar ligada a factores de crecimiento de la
productividad nacional.
Una
medida de esta naturaleza, de tinte político, sin mayores análisis
macroeconómicos, ni mucho menos sociales, generaría que los precios de la
canasta familiar se disparen, afectando justamente a los sectores populares de
la población; desequilibra a la pequeña y mediana industria, que se vería
obligada a recortar personal para cumplir con los parafiscales y desestimularía
el emprendimiento, con lo cual se disminuirían gravemente las plazas de trabajo, especialmente para la población
joven del país.
Y
aunque el autor de la iniciativa, el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe supremo
del Centro Democrático, asegure que solo tendrá efectos para mejorar el salario
de los trabajadores, sí tendrá repercusiones en factores tarifarios e
impositivos que por ley están ligados al reajuste del SMMLV.
De
la mano del salario mínimo se aumentan los costos del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT), las cuotas moderadoras y los copagos en las EPS;
los aportes de pensión de quienes ganan un SMMLV; las multas de tránsito; las
multas del Código Nacional de Policía; los pagos de riesgos laborales de las
empresas y los pasajes en el servicio del transporte colectivo y de taxis.
Se
genera además mayor inequidad frente a las mesadas de los pensionados a quienes,
por tener asignaciones superiores a un SMMLV, su reajuste es igual al Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para el año respectivo, sin tomar en cuenta que sus
descuentos en salud son del 12% (incluyendo
a los de salario mínimo) y que su estipendio equivale al 67% del promedio de
los salarios devengados en los últimos diez años y, de contera, se les eliminó
la mesada 14.
De
los 2.100.000 pensionados en Colombia a 2018, el 51% devenga un salario mínimo;
el 19% hasta 4 salarios mínimos; el 12% hasta 8 salarios mínimos; 8% hasta 12
salarios mínimos; 7% hasta 15 salarios mínimos y solo el 3% tiene mesadas
superiores a 10 millones de pesos.
Si
el ejecutivo está pensando en modificar el SMMLV debe hacerlo convocando a la Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Laborales y Salariales conformada por representantes del
Gobierno, empleadores, trabajadores y pensionados, encargada de proponer el
salario mínimo.
Tomando
en cuenta estas consideraciones, es fácil suponer que detrás del proyecto
uribista se esconde alguna trama para hacerle juego a la reforma tributaria del
Gobierno de Iván Duque, cuyo objetivo es aliviar las cargas impositivas de los
poderosos, en detrimento de la clase trabajadora, que a partir del año entrante
entraría a declarar renta y pagar impuestos a partir de $1.600.000 de ingresos.
Una
ley de facultades extraordinarias equivale a extender un cheque en blanco a
Iván Duque en momentos en que los colombianos no sabemos para dónde va su
gobierno ni mucho menos podemos avizorar los micos que en el camino de la
discusión de la norma puedan colgarle nuestros padres de la patria.
#DespiertaColombia.
