Colombia
se prepara para suscribir un acuerdo de paz para acabar con una guerra que en
sólo 50 años ha dejado más de 300 mil muertos, un millón de víctimas y cinco
millones de desplazados; pero los gobiernos han privilegiado la explotación de
nuestros recursos naturales, cohonestando con ello otro escenario de violencia que
silenciosamente genera más pobreza, destrucción, desolación y pérdida de vidas
que el golpeteo de las ametralladoras.
Los daños
ambientales y estructurales no cesan mientras no exista una regulación adecuada
que garantice la explotación limpia de nuestra riqueza natural.
El
Gobierno Nacional tiene fincadas sus esperanzas en la denominada “locomotora
minera”, pero al igual que las anteriores administraciones, le interesa más el
dinero de las regalías que la preservación del medio. Es así como en los
últimos cuatro años se ha multiplicado la exploración de petróleo, carbón y oro
e inmensas fuentes de agua han resultado afectadas por la contaminación, con lo
cual pueblos enteros se mueren de sed.
El
impacto por la contaminación se observa en todas las latitudes del país. No
obstante hay departamentos con mayor afectación, por encontrarse en las zonas
de exploración y explotación minera, o el paso de los oleoductos.
Un
ejemplo de ello lo constituye la delimitación de las zonas de explotación
aurífera del Páramo de San Turbán que afecta 43 mil hectáreas de los municipios
de California, Vetas, Tona, Charta y Suratá, en Santander. La ministra del
Medio Ambiente, Luz Elena Sarmiento, dijo que para enero de este año, estarían
listos los límites para evitar que 10 empresas quedaran dentro de la zona de
reserva natural del páramo que produce el agua para 23 municipios, algunos de
ellos de Norte de Santander. Sin embargo la población sigue esperando el
anuncio del gobierno y se teme que por el cambio de titular de la cartera,
favorezca ahora a algunas empresas como Eco Oro (antigua Greystar) y Leyhat,
que han amenazado con salir del país si no se les brinda las garantías para
continuar su labor con la cual han afectado comunidades enteras. La zona,
al ser declarada reserva, protegería 26 lagunas y 293 especies de fauna y
flora.
No todo lo que brilla es oro
Más
grave aún la situación que se presenta en Cajamarca, Tolima, por cuenta de la
explotación de La Colosa, La mina de oro a cielo abierto más grande del mundo a
cargo de la transnacional surafricana Anglogold Ashanti.
La
Minga de Resistencia Social y Comunitaria del Tolima (organización que agrupa
varias comunidades indígenas) dice que la explotación de oro contaminaría 161
nacimientos de agua y que el uso del líquido para su producción (nueve millones de metros cúbicos al año), equivale al consumo mínimo de 400
mil personas. Además afecta seriamente una despensa agropecuaria para la región
y el país.
Aunque
la explotación solo está prevista a partir de 2019, el Gobierno de Juan Manuel
Santos aún no se pronuncia en torno a las peticiones de la comunidad, para
garantizarles su supervivencia y evitar los daños ecológicos colaterales.
El carbón de La Guajira y Cesar
En
estos dos departamentos se encuentran las minas a cielo abierto de El Cerrejón,
en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, con reservas
de carbón de alto poder calorífico, y reducidos costos de explotación y
transporte que colocan a Colombia en un sitial privilegiado, si se toma en
cuenta que más del 80 por ciento de la energía en el mundo se genera con base
en el carbón, el petróleo y el gas.
Pero
en contraste con el panorama económico, nos enfrentamos a otro hito de
contaminación como consecuencia de las malas prácticas en la extracción del
mineral y la desidia de las empresas transnacionales para proteger el entorno.
El
panorama es desolador, pues las multinacionales generan con su comportamiento
irracional graves problemas de desplazamiento y desalojo de comunidades por la
declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua
incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y quebradas;
contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las
vías por el tránsito de más de mil tractocamiones y otra maquinaria pesada;
inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en
monopolio a Drummond, empresa que tiene trato preferencial en la ubicación del
puerto y anuencia del Gobierno Nacional para utilizar la modalidad de embarque
más contaminante, como lo señala en un informe Gustavo Triana, del Comité
Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La
contaminación es tan grave que en el mar Caribe, desde La Guajira hasta
Cartagena, se encuentran partículas de carbón. Los accidentes de los
transbordadores son frecuentes y el establecimiento de un puerto carbonero en
Santa Marta, ha generado inseguridad y deterioro a las playas, lo cual incide
directamente en el turismo y en la vida de los raizales.
Petróleo o seguridad ecológica
La
explotación de los recursos naturales genera, en mayor o menor grado, un
deterioro ambiental y los gobiernos deben tener la capacidad para decidir sus
prioridades si no quieren ver afectado el futuro de los colombianos.
Aunque
Ecopetrol, la mayor empresa del país, invierte billonarias sumas en la
importación de tecnologías para la exploración y explotación de crudo, muchas
de ellas se constituyen en un serio peligro para la estabilidad ecológica.
Es
el caso de la sísmica, un proceso geofísico de intervención directa sobre la
naturaleza, que provoca temblores artificiales de tierra, mediante explosivos
que causan ondas. El resultado de estas detonaciones permite reconocer las
estructuras de la tierra para saber si hay o no petróleo.
La
sísmica es el primer paso en el proceso de la conquista de los hidrocarburos y
en muchos casos las explosiones generadas por el material conocido como
“sismigel” provocan estragos en diferentes sistemas naturales, de acuerdo con
la intensidad de la carga.
Para
el caso colombiano, Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía, minimizan sus
efectos, no obstante las denuncias de las comunidades.
En
noviembre de 2012, el colectivo para la Protección de la Provincia del Sugamuxi
denunció que el Proyecto Exploratorio Muisca Norte 2012 3D, liderado por la
multinacional Maurel & Prom B.V. Colombia (M&P), generó un grave
deterioro ambiental.
La
compañía según el colectivo, tenía a su cargo la exploración sísmica en 25 mil
hectáreas, donde se realizaron más de seis mil detonaciones con 2.7 kg de
sismigel, las cuales afectaron las viviendas aledañas en Cuitiva, Izá y
Firavitoba, Boyacá.
Víctor
Alfonso Hernández, Clara Echavarría y Myriam Acosta, coincidieron en una
asamblea en Sogamoso, en afirmar que sus viviendas, ubicadas en distintos
municipios resultaron agrietadas por las explosiones.
Wilson
Sánchez, secretario de Minas y Energía de Boyacá, confirmó los daños y aseguró
que muchas de esas edificaciones son patrimonio arquitectónico.
“No nos oponemos a la explotación petrolera.
Entendemos que es parte del desarrollo del país, pero se tiene que hacer con
respeto por las comunidades y por el pueblo boyacense”, señaló en su
oportunidad.
En
otro caso, el proyecto Odisea 3D de sísmica en las zonas de piedemonte de los
municipios casanareños de Tauramena, Recetor, Chámeza y Monterrey, enfrentó a
los ambientalistas y habitantes con Ecopetrol por considerar que los programas
de exploración petrolera son un atentado contra los ríos, caños y nacimientos
de agua, que actualmente abundan y alimentan sus sistemas de acueducto.
Katherine
Méndez, de la corporación Raíces Verdes, dijo que aunque los estudios que
presentan las petroleras señalan que la sísmica no afecta al medio ambiente,
campesinos y ambientalistas sí notan los cambios en ríos y cañadas que
desaparecen o disminuyen su caudal tras la llegada de las petroleras.
El
Concejal de Recetor, Robinson Morales, dijo que 14 Veredas de su municipio
rechazan las operaciones de sísmica por considerar que debilita las fuentes de
agua. Tenemos que cuidar los ríos Cusiana, Recetoreño y quebradas de nuestro
municipio, señaló el dirigente.
El peligro de la práctica del Fracking
Peor
que la sísmica, la constituye el fraking (fracturamiento hidráulico), método
que desde hace algún tiempo está utilizando Pacífic Rubiales y que consiste en
inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos hasta
reventar las rocas y liberar los hidrocarburos en forma de gas que están en los
esquistos que son la parte más profunda del subsuelo.
El
sistema fue importado de Europa, no obstante que muchos países lo han desechado
por ser altamente contaminante. Estados Unidos, incluso, está sancionando a las
empresas que insistan en su práctica.
Según
los expertos la utilización del fraking desconfigura las placas teutónicas.
Además, se ha denunciado la contaminación de los acuíferos con gas y la
corrupción de los ríos subterráneos al liberar el gas contenido entre las
rocas.
La
sísmica y el fraking han sido altamente cuestionados e incluso expertos de las
universidades Nacional y Los Andes, han llegado a relacionarlos con la sequía
en regiones como Casanare y la Guajira que recientemente generaron la mortandad
sin antecedentes de chigüiros, reses y otros animales en esas regiones.
Según
el geólogo de la UN, Julio Fierro, desde 2011 se registra un aumento
significativo de sismos en regiones de exploración petrolera en la Orinoquia,
actividad que podría afectar los acuíferos profundos.
La voladura de oleoductos
Sin
duda alguna uno de los mayores problemas que se han generado en el país tiene
que ver con la voladura de oleoductos. Más de 2.000 explosiones han destruido
los tubos transportadores, provocando graves conflictos de contaminación en
importantes afluentes, destruyendo cultivos y desertizando cientos de miles
de hectáreas que antes eran fuentes de alimentos.
La
connivencia entre las transnacionales del petróleo y los grupos alzados en
armas, los paramilitares y las bacrim, han estimulado esta práctica, pues
muchas veces se someten al chantaje y a la extorsión, para que se les permita
la realización de sus actividades. De ello tiene conocimiento el Gobierno, el
Ejército y la Policía, pero poco o nada hace para impedir que las compañías
extranjeras paguen los denominados “peajes” o “impuestos de guerra”.
La
red de oleoductos y poliductos se extiende a lo largo de 9.000 kilómetros. El
más afectado es el tubo Caño Limón – Coveñas, con 837 kilómetros y que ha sido
volado este año en 30 ocasiones.
En
todos los departamentos por los que atraviesa el oleoducto hay inmensas manchas
negras en las que no se puede cultivar; son áreas en donde la tierra no sirve.
Así están, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Cesar y
Sucre.
Este
año, la región más afectada es el Putumayo, en donde constantemente la
guerrilla y los paras interceptan carrotanques que transportan crudo desde
Orito y lo vierten sobre ríos, quebradas y la vegetación nativa. También han
volado 10 veces el oleoducto Trans Andino, que lleva el crudo hasta Tumaco.
Ojalá
en las conversaciones en La Habana, haya acuerdos para que el medio ambiente se
convierta en un fundamento para alcanzar la paz, se frene este ecocidio
silencioso y se privilegie la vida sobre las divisas que genera la explotación
de nuestros recursos naturales.
