miércoles, 28 de diciembre de 2016

¿PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN?

Otra vez se frustraron las aspiraciones de los pensionados de mantener un equilibrio en los aportes para la salud frente a los demás trabajadores del sistema contributivo.

El último desengaño lo vivieron por cuenta de los congresistas que conciliaron la mal llamada Reforma Tributaria, que aceptaron la propuesta del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para discutir los puntos álgidos del proyecto, en su propio despacho y sin la intervención de asesores ni mucho menos de periodistas.          

Dos días antes, el ministro había advertido que ese punto (el de la reducción del 12 al 4 por ciento del aporte para la salud de los pensionados con mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes) no iría, por considerarlo inconveniente para las finanzas del Estado. Esa iniciativa surgió de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Otra vez el ministro Cárdenas Santamaría, se salió con la suya, como lo hizo en 2014 y en 2015.

Antes, el Senado ya había dado muestras de su desdén para con los jubilados de Colombia, al negarse a incluir una iniciativa similar, al cual sólo le faltaba su discusión en plenaria para convertirse en Ley de la República. Otro proyecto: el que ataba los reajustes anuales de los pensionados al SMLMV y no al IPC, también se hundió en las sesiones ordinarias por desidia de los congresistas.

Ambos proyectos fueron una promesa del Presidente Juan Manuel Santos en la campaña para su segundo mandato, con lo cual se hizo a los votos de dos millones de pensionados en todo el país. Gracias a lo cual pudo concretar Los acuerdos de La Habana.

Si no hubiera sido por esta fuerza de las personas de la tercera edad, que creen en la democracia colombiana y en la importancia del sufragio, hoy no tendríamos la esperanza de la paz y mucho menos el Jefe del Estado habría obtenido el Premio Nobel con el cual pasa engrosar las páginas de la Historia de Colombia.

INEQUIDAD CON LOS PENSIONADOS

Aunque la rebaja del 12 % al 4 % no beneficiaba a los dos millones de pensionados que actualmente hay en Colombia, sí se hacía justicia con la mayor parte de ellos, al menos mitigándo en parte, el rosario de descuentos a que se ven sometidos desde cuando se les notifica la resolución respectiva, como si se tratara de un premio, y no de una obligación del Estado para quienes cumplieron su ciclo laboral, cotizando mes a mes, pretendiendo alcanzar un justo retiro y terminar su vida dignamente.

Pero ni el Gobierno Nacional, ni los congresistas, ni la clase política de este país, piensa en los pensionados como un todo, sino en “buscarle la comba al palo”, planteando iniciativas demagógicas para sacar réditos personales, aunque ello lleve implícito dividir sectores importantes de la población.

Las políticas públicas benefician a toda la comunidad y no a una parte de ella, de tal manera que su aplicación no se convierta en una discriminación o en un sofisma de distracción.

En el caso del proyecto de la reducción del aporte en la salud de los pensionados, se dejaba por fuera a quienes devengan mesadas por encima de los 4 SMLMV, como si todos no tuvieran las mismas necesidades. Entonces, se pretendía castigar a los de mayores ingresos como si no hubieran pasado por el mismo rasero que disminuye sus pensiones, sometidas hoy al incremento con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no –como es su aspiración- al reajuste del salario mínimo.

DESCUENTOS INJUSTOS

Y si hablamos de salud, los pensionados con más de un SMLMV deben pagar también mucho más por copagos, por vales de médicos y laboratorios, lectura de exámenes y medicamentos (cuando no se les diagnostican medicamentos por fuera del POS).

En los últimos diez años las pensiones de más de un SMLMV han perdido el 18 % de su poder adquisitivo, mientras los impuestos, arrendamientos, transportes, peajes crecen en la proporción del IPC y las matrículas en colegios, universidades, los medicamentos y los productos de la canasta familiar son reajustados en la misma proporción del salario mínimo o más. Y para colmo, todo con el IVA del 19 %.

Del lema del gobierno de Juan Manuel Santos, solo se salva el esfuerzo por la paz, pero se raja en equidad y educación.

El entrante es un  año eminentemente político y nuevamente los aspirantes a la Presidencia de la República y los candidatos a ocupar las curules de Senado y Cámara de Representantes, se volcarán a buscar el apoyo de los electores. ¿Será que con todo esto, seremos capaces de buscar otras alternativas castigando la demagogia y la corrupción, o por el contrario, seguiremos en las mismas y con los mismos?

A los congresistas ni les va ni les viene lo que pase con los pensionados. Ellos ni siquiera tocaron sus mesadas de más de $30 millones, para el año entrante; y si se jubilan, lo hacen con más de $15 millones y con muchas gabelas –esas sí legales-, mientras los trabajadores deben mendigar por su salario.

¡Despierte Colombia!


Para todos, un feliz Año 2017.

viernes, 23 de diciembre de 2016

¿QUIENES RECIBIERON SOBORNOS DE ODEBRECHT?

                          Andrés Uriel Gallego                Gabriel García Morales                         


Andrés Uriel Gallego, el fallecido Ministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no solo estuvo implicado en los sobornos de la transnacional Odebrecht, sino que la Contraloría General de la República, le halló fiscalmente responsable por el pago de más de $193 mil millones sin justificación por las obras de construcción del túnel de La Línea.

En el primero de los casos, Gallego aparece involucrado junto con su viceministro Gabriel García Morales por haber recibido, según información en poder de autoridades de los Estados Unidos, US$6.5 millones, para que se le adjudicara a través del antiguo INCO los contratos del segundo sector de la Ruta del Sol.

Según indagaciones preliminares, por los sobornos de Odebrecht, aparecen implicados, siete exfuncionarios del mismo ministerio.

Pero además de este contrato, adjudicado en diciembre de 2009, ambos personajes aparecen también enredados con el Grupo Nule para la entrega irregular de licitaciones, en la capital del país, de acuerdo con las declaraciones que rindió ante la Fiscalía, en ese entonces, el exsubdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez.

En declaraciones públicas formuladas, también por la época por el exviceministro de Transporte García Morales, implica en supuestos sobornos a Miguel Peñaloza, uno de los consejeros del Presidente Juan Manuel Santos y quien ocupó en 2012, aunque transitoriamente, el viceministerio de Transporte.

En cuanto a las irregularidades del túnel de La Línea, la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura Física estableció que a los contratistas, la empresa Unión Temporal Segundo Centenario, se les pagó de manera anticipada –sin respaldos legales y sin justificación- $243.682 millones de pesos, lo cual generó un detrimento patrimonial.

Esos dineros desprotegidos pasaron a manos privadas sin que se cumplieran las normas que la ley establece.

La Contraloría, vinculó al proceso de responsabilidad fiscal, además del ex ministro Andrés Uriel Gallego, a la Unión Temporal Segundo Centenario, integrada por el señor Miguel Emilio Castillo Baute y las empresas Condux S.A., Constructora Fronpeca Sucursal Colombia, Alvarez y Collins S.A., Constructora Carlos Collins, Promotora Montecarlo Vías S.A, Túneles de Colombia S.A., Construirte Ltda., Constructores Gayco S.A., Tecniciviles S.A., Arquitectura S.A y el representante legal Carlos Guillermo Collins Espeleta; Juan Gabriel Berón Zea, ex secretario técnico del INVIAS; Daniel Andrés García Arizabaleta, ex director de INVÍAS; Carlos Alberto Rosado Zúñiga, exdirector de INVÍAS; Juan Esteban Gil Chavarria, exdirector de gerencia de proyectos de INVÍAS; Héctor Nieto Céspedes, exfuncionario de INVÍAS y supervisor del contrato; Consorcio Dis S.A.-EDL LTDA y su representante legal Enrique Dávila Lozano, cuya firma era la interventora privada del contrato.

Aparentemente, con el fallecimiento de Andrés Uriel Gallego (abril de 2014), los procesos en su contra quedaron en el olvido, incluyendo los que cursaban en la Fiscalía y la Procuraduría, por irregularidades en el RUNT, que ilegalmente funcionó durante seis meses, generando un detrimento patrimonial contra el Estado por $7.820 millones.

Yo no fui

En un comunicado divulgado este viernes, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, se declaró inocente por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht para que se le adjudicaran contratos de la denominada Ruta del Sol.

“Mostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009, siempre se procedió con rigor y transparencia” dijo, tras advertir que “el proceso de adjudicación conocido como Ruta del Sol fue estructurado por la Corporación Financiera Internacional y vigilado por organismos de control, brindando las máximas garantías para todos los proponentes”.

Los líos en Cormagdalena

Cormagdalena en Barrancabermeja

El 15 de agosto de 2014, bajo la dirección de Augusto García, la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), adjudicó el contrato para recuperar el afluente a lo largo de 1.528 kilómetros.

La licitación se la ganó Navelena SAS, una empresa integrada por la constructora brasileña Odebrecht, con el 87 % de participación, y el grupo Valorcon de Barranquilla, de propiedad de la familia Gerlein, con el 13 %. Fueron los únicos proponentes.

De acuerdo con el contrato, se ejecutarán obras a trece años con una inversión de $2,5 billones.

Este contrato no ha estado exento de complicaciones en su ejecución por cuestionamientos en torno a la solvencia económica de la obra.

Ahora, al conocerse desde los Estados Unidos las denuncias sobre sobornos por US$5 millones, que pagó la compañía brasileña en Colombia para hacerse a ejecución de la obra, nuevamente crece la incertidumbre respecto del cumplimiento del contrato.

Las sedes en Bogotá, Barrancabermeja y Barranquilla de Cormagdalena, Navelena, Odebrecht y su filial Varlorcon fueron allanadas por el CTI de la Fiscalía, por orden del propio Presidente Juan Manuel Santos, quien pidió investigar las denuncias “caiga quien caiga”.

Desde su nacimiento con la Constitución del 91, Cormagdalena ha estado sometida a todo tipo escándalos, especialmente porque los políticos regionales se han apoderado de ella y porque maneja $100 mil millones anuales de regalías. Tiene jurisdicción en 13 departamentos y 128 municipios desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Caribe colombiano.

De su junta directiva forman parte los ministerios de Transporte, Ambiente, Minas, Comercio y Agricultura; el presidente de Ecopetrol (principal usuario del río), tres gobernadores (Cundinamarca, Santander y Bolívar), un delegado del presidente, un representante del sector privado (Puerto de Cartagena) y seis alcaldes escogidos entre los municipios ribereños.

Pero la mayor influencia sobre Cormagdalena la tienen hoy seis familias políticas de la costa Caribe: García Zucardi, Char, Name, Cotes, Gerlein  y Araújo, quienes imponen a sus directores y obviamente buena parte de sus funcionarios.


Todo esto ha sido cuestionado, pero en buena parte es el reflejo de la manera como se maneja el país.

martes, 13 de diciembre de 2016

LA PAZ, AHORA DEPENDE DEL CONGRESO

Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Colombia
(Foto Cámara de Representantes)

Aprobado el denominado “fast track” por parte de la Corte Constitucional, ahora el turno será para el Congreso, que ya dispone de los mecanismos esenciales para evacuar de manera rápida, leyes y reformas constitucionales, que le darán vigencia plena a los Acuerdos suscritos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

La Corte por ocho votos de los nueve posibles,  determinó que el mecanismo no viola la Carta Política porque fue el mismo Congreso el que aprobó estas reglas en un debate abierto y democrático y, además, que en todo caso las normas que se aprueben tendrán control de la Corte Constitucional, que podrá tumbarlas si considera que están en contra del espíritu de la Carta del 91. Y, lo fundamental, pretende coadyuvar a un fin fundamental para la Nación, como es el logro de la paz”.

Dice el fallo que la refrendación "puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática (Congreso), sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores (mecanismos de participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final)".

Advierten sí, los magistrados, que la refrendación en el Congreso, cuya legitimidad fue avalada por la Corte, no impide que en el futuro aspectos puntuales del acuerdo sean sometidos a alguno de los mecanismos de participación popular.

El Gobierno Nacional  se aprestaba esta noche a presentar ante el Congreso las primeras iniciativas –entre ellas- la de amnistía para la mayoría de los exguerrilleros de las FARC en tránsito de abandonar las armas, y la liberación de muchos de ellos, presos hoy en numerosas cárceles del país.

En el Centro Democrático, partido que acaudilla el senador Álvaro Uribe Vélez, cayó como un baldado de agua fría el anuncio del alto tribunal, pues estaban casi seguros, de que la decisión sería adversa al Gobierno del Presidente Santos.

Paloma Valencia, quien asumió la vocería de la colectividad dijo que “la Corte Constitucional ignoró una demanda con más de un millón trescientas mil firmas contra el acto legislativo para darle gusto al gobierno”.

CONGRESO EN SESIÓN PERMANENTE

El presidente del Senado de la República Mauricio Lizcano dijo que, “antes de Diciembre 30 se activaría Proyecto de Amnistía. Nos declaramos en sesión permanente para implementar los demás acuerdos”.

Pero, curiosamente, en el Reglamento del Congreso no existe la figura de las sesiones permanentes para que las cámaras legislativas deliberen, por convocatoria de sus presidentes, en las épocas de receso, como lo sugirió Lizcano, para facilitar la aprobación de las leyes y actos legislativos referentes al Proceso de Paz.

Es el Presidente Santos, quien debe convocar a “sesiones extraordinarias”, estando el Congreso en receso.

El Artículo 85 la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) define las sesiones así:

-          Clases de sesiones. Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones son públicas, con las limitaciones establecidas en el presente Reglamento.
-          Reglamentariamente se dividen en ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes y reservadas.
-          A Son sesiones ordinarias, las que se efectúan por derecho propio durante los días comprendidos entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de junio, gozando las Cámaras de la plenitud de atribuciones constitucionales; -
-          Son sesiones extraordinarias, las que son convocadas por el Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso y para el ejercicio de atribuciones limitadas;
-           
-          B Son sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso, estando en receso, en virtud de los estados de excepción;
-          Son sesiones permanentes, las que durante la última media hora de la sesión se decretan para continuar con el orden del día hasta finalizar el día, si fuere el caso; y
-          C Sesiones reservadas (Artículo 86): Sólo serán reservadas las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones cuando así ellas lo dispongan, a propuesta de sus Mesas Directivas, o por solicitud de un Ministro o de la quinta parte de sus miembros, y en consideración a la gravedad del asunto que impusiere la reserva…


En este caso, el Congreso tendrá que esperar, primero a que el Jefe del Estado emita el decreto de la convocatoria y segundo a que lleguen los proyectos respectivos tanto al Senado de la República como a la Cámara de Representantes. 

jueves, 24 de noviembre de 2016

LA PAZ NO TIENE REVERSA


El Presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, 
"Timochenko", en la firma del Acuerdo Final para la Paz, en el Teatro  
Colón de Bogotá. (Foto SIG)


Mientras el Congreso adopta mecanismos para acelerar la implementación de los acuerdos, los uribistas arrecian sus críticas y abren su campaña electoral para el 2018.
  
Con la firma del nuevo acuerdo entre el Gobierno y las FARC y la entrega del documento final para la refrendación por parte del Congreso, Colombia comenzó a allanar el camino para la terminación de 52 años de guerra y la construcción de una paz firme y duradera.

El documento de 310 páginas fue entregado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo a los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano y de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, para que a partir del martes y de la manera más expedita, sea refrendado y de esa manera pueda iniciarse su implementación. El Congreso tendrá un año de plazo para convertir en leyes y normas constitucionales cada uno de los puntos convenidos entre las partes en La Habana, Cuba.

El Presidente Juan Manuel Santos, quien el jueves firmó el acuerdo final con Rodrigo Londoño, "Timochenko", líder de las FARC, en una sobria ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, optó por este mecanismo, tomando en cuenta que la legítima representación del pueblo de acuerdo con la Constitución, reside en el Congreso de la República, cuyos miembros fueron elegidos en 2014 por más de 14 millones de ciudadanos y además, porque allí están representados todos los grupos políticos y las minorías étnicas y políticas colombianas.

La labor del Congreso, podría ser más expedita, en caso de que la Corte Constitucional de vía libre al llamado “Fast Track”, que consiste en reducir los tiempos para el trámite de los Actos Legislativos, pasando de ocho a sólo cuatro instancias en ambas cámaras legislativas. En cuanto a las leyes, estas podrían discutirse en sesiones conjuntas, aplicando los mensajes de urgencia del Gobierno Nacional.

La Corte Constitucional tiene actualmente para su estudio una demanda en contra del Acto Legislativo para la Paz, interpuesta por el sector uribista desde antes del plebiscito del pasado dos de octubre. Si esta norma es considerada inexequible, pues se podría avanzar mucho en la presente legislatura y garantizar la aprobación de las normas constitucionales mucho antes del 20 de diciembre de 2017. No obstante la labor del Congreso podría acelerarse citando a sesiones extras para después de las festividades decembrinas.

La primera ley que se gestionará es una amnistía para los miembros de las FARC que abandonen sus armas; luego vendrán la Jurisdicción Especial para la Paz; Comisión de la Verdad y los temas encaminados a mejorar la infraestructura en los territorios que han sido ocupados por el grupo armado ilegal, etc.

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano anunció que convocará inicialmente a audiencias públicas para escuchar no solo a los congresistas sino además, a la sociedad civil, antes de dar paso a la votación que permita refrendar los Acuerdos de Paz, todo lo cual se cumplirá la semana entrante.

Mientras tanto, los miembros del Centro Democrático, con el senador Álvaro Uribe a la cabeza, afilan su estrategia, para utilizar el proceso de paz para obtener réditos políticos adelantándose a la campaña presidencial de 2018.

sábado, 19 de noviembre de 2016

UNA “VACA” PARA SALVAR A ANDRÉS FELIPE ARIAS

Andrés Felipe Arias y su consejero, 
el expresidente Álvaro Uribe Vélez


De cómo una joven promesa del uribismo deslumbrada 
por la fama, cae en el infierno de su propia egolatría.

El senador Álvaro Uribe hizo una “vaca” entre sus correligionarios del Centro Democrático a través de Twitter, para pagar en Estados Unidos la fianza de US$100 mil por la libertad condicional de su ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, mientras se define en ese país –a finales de noviembre-, una solicitud de extradición de las autoridades colombianas.

La colecta pública que alcanzó en tiempo récord de 72 horas a recaudar más de US$132 mil al interior del país, no deja de ser exótica y quizás linda con la ilegalidad, si se tiene en cuenta que se trata de pagar a través de ellas las cauciones de un delincuente que prefiere el exilio antes que someterse al veredicto de las autoridades nacionales.

Arias se encuentra en los Estados Unidos desde 2014, a donde viajó huyendo para eludir una condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de varios delitos, en desarrollo de la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro que administraba a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

El propio Uribe Vélez, viajó a ese país, para atestiguar en favor de su pupilo y contribuir a fortalecer el argumento según  el cual Arias sería el “chivo expiatorio” de una persecución política del Gobierno de Juan Manuel Santos en su contra.

Si eso fuera cierto, quizás no habría alcanzado a llegar al Congreso con una fuerza de 32 senadores y representantes, ni mucho menos haber participado en el Plebiscito por la Paz, que ganaron por un escaso margen, aunque con argumentos falaces para oponerse al proceso de reconciliación nacional.

Pero esa es la divisa que está vendiendo en el exterior y que tantos réditos le ha dado, aunque 18 de sus más allegados funcionarios han sido procesados y condenados por diversos delitos; 82 congresistas que le apoyaron en el pasado fueron vinculados con parapolítica y también procesados y condenados y  algunos otros de sus exfuncionarios se encuentran igualmente huyendo de la justicia colombiana.

Uribe está preparando el camino para buscar en 2018 la presidencia para el Centro Democrático, utilizando para ello sus ortodoxos métodos populistas, figurando en todo cuanto le dé réditos políticos así tenga que venderle el alma al diablo, pues para él, como lo ha demostrado, el fin sí justifica los medios.

Por eso, abrió la ventana mediática que le brindó Andrés Felipe, vendiéndolo como una víctima del sistema, aprovechando el amarillismo con que algunos reporteros manejados a su antojo, tratan con superficialidad los temas que debieran merecer seriedad y profundidad en la prensa colombiana.

Vale la pena recordar que este episodio lo inició el ex procurador Alejandro Ordóñez –hoy amigo íntimo de Uribe-, cuando en mayo de 2011 en un fallo de más de mil folios, destituyó e inhabilitó a Andrés Felipe Arias Leiva para ejercer cargos públicos por 16 años, al encontrarlo culpable de las faltas disciplinarias probadas y compulsó copias a la Fiscalía para que se iniciaran las investigaciones penales correspondientes.

En 2014, con base en las indagaciones de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia lo halló penalmente responsable como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

En  el fallo de más de 300 folios condenó a Arias Leiva a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión y al pago de una multa equivalente a 50.000 s.m.l.m.v., e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y, además, a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.

Además, en dos ocasiones distintas, la Corte Constitucional negó tutelas que pretendían echar abajo los fallos condenatorios de Arias. Luego, entonces, si ha tenido el exministro las garantías necesarias en sus juicios y se le ha respetado el debido proceso, todo lo cual deja sin piso las afirmaciones de sus oficiosos defensores.

Claro que es penoso para alguien que, como él, se encuentre en semejante situación y que haga pasar por tantos sufrimientos a su familia. Quizás, pudo más su ambición y como a muchos les pasa, se deslumbró con la fama que no supo administrar.

Sus padrinos políticos, como el propio Uribe,  contribuyeron a endiosarlo y lo abandonaron en mitad del camino, cuando ya estaba metido en líos junto a los funcionarios que lo rodeaban. Muy tarde aprendió la lección cuando lo tocó con su espada la ciega justicia.


Y sus amigos, los mismos que hicieron la “vaca” para pagar su fianza en USA, ahora tendrán que recolectar un “hato” completo (seguramente con Fedegan a la cabeza y los terratenientes subsidiados) para pagar en Colombia los $34 mil 472 millones que vale el detrimento ocasionado al  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por sus desafueros con el programa Agro Ingreso Seguro. "Dura lex sed lex".

domingo, 6 de noviembre de 2016

EL SUELDO DE LOS CONGRESISTAS

Capitolio Nacional, sede del Congreso de Colombia 


“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.”
ALBERT CAMUS

Fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo quien pervirtió el sistema de dietas en el Congreso, cuando aceptó que senadores y representantes tuvieran un salario mensual por el tiempo de su período a cambio de que se le aprobara la Reforma Constitucional de 1968. Antes solo devengaban honorarios por los días de asistencia a las sesiones. Además, fueron premiados con los auxilios parlamentarios, que no eran otra cosa que cupos especiales en el presupuesto para que fungieran en las regiones como los mecenas de la política.

Y aunque con la Constituyente desaparecieron esos auxilios, estos se mantienen hoy bajo la denominación de “cupos indicativos”, unas partidas del presupuesto que se canalizan a través de entidades territoriales para atender necesidades de las comunidades.

Y de la misma manera como los auxilios parlamentarios terminaban engrosando el patrimonio de los congresistas, los “cupos indicativos” les permiten a senadores y representantes  –por debajo de la mesa- sugerir a los gobernadores y alcaldes los contratistas con los cuales deben adelantar las obras y servicios, saltándose en muchos casos, decretos, leyes y hasta la Constitución. Por eso muchos de ellos terminan destituidos o en la cárcel, mientras los congresistas abonan con sus réditos la financiación de sus campañas.

Estos “cupos indicativos” se crearon en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Por la época el propio expresidente Alfonso López Michelsen, manifestó su inconveniencia y dijo que se trataba de revivir con ello los “auxilios parlamentarios”. Curiosamente sus argumentos sirvieron al candidato Álvaro Uribe para demandar la norma. No obstante la Corte Constitucional de la época declaró su exequibilidad. Y desde entonces, Pastrana, Uribe y Santos, se han valido de ella para “engrasar” a los congresistas y facilitar el paso de sus actos por el legislativo.

Ser congresista en Colombia, además de ser un mérito al cual muy pocos colombianos llegan, es una aspiración por la cual se invierten capitales archimillonarios, no por lo que la dignidad en sí implica políticamente sino porque se tiene la posibilidad de inferir en todos los manejos de la economía nacional. No de otra manera se explica cómo se invierten en campañas sumas que sobrepasan los topes establecidos por los gobiernos.

A manera de ejemplo, se dice en medios políticos, que muchos de los actuales senadores, invirtieron hasta cinco mil millones de pesos en la última campaña y algunos representantes hasta tres mil millones de pesos para alcanzar una curul.

Obvio es, que en los cuatro años de su ejercicio, con solo el sueldo, no se alcanzan a recuperar semejantes fortunas. Y claro, hay muchas excepciones.

¿CUÁL EQUIDAD SOCIAL?

El preámbulo anterior nos sirve como corolario para dilucidar algunos aspectos relativos a la remuneración de los congresistas, ahora que dos proyectos que pretenden regular los ingresos de senadores y representantes, están por hundirse sin haber alcanzado siquiera a avanzar en las discusiones de la Comisión Primera de la cámara alta.

Desde 1991 se han hecho cinco intentos por reducir sus mesadas, pero todos –de todos los partidos- se hacen los locos ante estas iniciativas. Presidente de la República y magistrados de las altas cortes tienen el mismo ingreso, pues del sueldo de los congresistas depende la remuneración del presidente y de los magistrados de las altas cortes. Por eso, “todos se tapan con la misma cobija”.
  
En agosto de 2015, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) presentó un proyecto de Acto Legislativo para congelar el salario de los congresistas; la iniciativa se hundió unas semanas después en la Comisión Primera del Senado con base en una ponencia negativa del liberal Horacio Serpa.

En diciembre de 2015, el Gobierno estableció el Salario Mínimo Legal en $689.954, con un aumento del 7%  y fijó el reajuste para las pensiones de acuerdo con el IPC en 6.77%. Seis meses después, en junio de 2016, expidió el Decreto 1056 del 2016, fijando la remuneración de los congresistas en   
$27.929.064, retroactiva al 1 de enero, con un 7.77% de reajuste equivalente a $2’013.629 (44.64 veces más que el aumento del salario mínimo de apenas $45.104).

Frente a esta iniquidad, senadores como Juan Manuel Galán (liberal) e Iván Cepeda (Polo Democrático) instaron al Gobierno a regular el monto salarial y prestacional de los congresistas. A sus voces se unieron Angélica Lozano, Claudia López (Alianza Verde), Armando Benedetti, Maritza Martínez (Partido de La U), entre otros, quienes presentaron un nuevo proyecto de ley, el cual está adportas de hundirse en la Comisión Primera del Senado pues no existe ambiente para su evacuación. Su principal escollo, es que la iniciativa del gasto público está en manos del ejecutivo.

Vale la pena resaltar que un congresista colombiano tiene hoy un salario equivalente a 14 veces el PIB per cápita colombiano, comparado con 3,3 veces el PIB en el caso de sus similares de Estados Unidos.

EL SALARIO DE UN CONGRESISTA

SALARIO: $27.929.064 CON EL 7.77 % DE REAJUSTE PARA EL 2016

Salario básico:                                       6.702.976.
Gastos de representación:                   12.009.497
Prima Especial de Servicios:                 9.216.591

Total salario mensual:                                                                      27.929.064

DESCUENTOS:

Salud                                                      646.236.16
Pensión                                                2.513.615.76
Fondo de Solidaridad:                            558.581.00

Retención en la Fuente:                       2.792.906.40

Total descuentos:                                                                              6.511.339,32

Subtotal salario mensual:                                                                 21.417.724,68



OTROS BENEFICIOS:

Prima de navidad:                               27.929.064
Tiquetes aéreos: 4 por mes de ida y regreso a destinos nacionales.
Plan de celular: 800 minutos al mes.
Un vehículo blindado, más escoltas, de acuerdo al estudio de seguridad.

Además, los congresistas tienen derecho a conformar una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en la que trabajan entre 5 y 10 auxiliares, asesores y asistentes. El costo de esta oficina es de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes ($34.497.700), todo con cargo al erario público.


¡Qué linda democracia!

sábado, 29 de octubre de 2016

SANTOS: ¿SE LA JUGARÁ POR LA REFORMA TRIBUTARIA?

El Ministro de Hacienda,Mauricio Cárdenas, 
en una lánguida sesión del Senado, exponiendo su 
Reforma Tributaria Estructural

Si bien puede pasar a la historia como el Presidente de la Paz, terminaría su mandato con el más bajo índice de popularidad por cuenta de la Reforma Tributaria Estructural.


Pasado el ajetreo político derivado de la elección del Procurador General de la Nación, el Congreso de la República se apresta ahora a desbrozar, socializar y discutir la Reforma Tributaria –la segunda del Gobierno de Juan Manuel Santos- y muy seguramente, tomando en cuenta la nota de urgencia con la cual fue remitida, aprobarla a “pupitrazo”  limpio antes del 20 de diciembre próximo, cuando termina la primera etapa de esta legislatura.

Ya se ha vuelto costumbre por parte de los gobiernos de turno dejar para última hora aquellas iniciativas que por su complejidad merecen amplia discusión, prevalidos de la liviandad con que la mayoría de los congresistas asumen la función de legislar y porque conocen de sobra que al olor de la miel todos caen como abejas para exigir su tajada en vísperas de la navidad.

Y aunque en todos los ángulos de la actividad nacional hay voces disonantes en contra del esperpento de la reforma, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas insiste en meterle miedo a la gente, asegurando que si no se aprueba el proyecto el país “irá a la quiebra”, como si esa iniciativa fuera un mandato divino y los colombianos tuviéramos que “tragar entero”.

El ministro Cárdenas justifica su insistencia para la aprobación del proyecto, en la caída de las finanzas como consecuencia del bajonazo en el precio internacional del petróleo, el cambio climático, el descenso de la actividad minera, el derrumbe de la inversión extranjera, la búsqueda de recursos para el posconflicto y hasta en la obesidad de los colombianos.

Pero se le olvida que las malas prácticas administrativas fueron las causantes de la crisis que hoy vive el país y que los responsables fueron los gobiernos del nuevo milenio, que no ahorraron en la bonanza para enfrentar las situaciones de las épocas de las “vacas flacas”.

Para la muestra un botón:

En 2004, el presidente de la época, Álvaro Uribe, ordenó, sin necesidad, ampliar hasta el 2020 el contrato de asociación (que vencía en ese año) con la Chevron Texaco para la explotación del gas de La Guajira, negociación en la cual perdió Ecopetrol US$87 millones de dólares y regalías para la Guajira por más de US$600 millones de la época.

Ese mismo año, cuando todo el mundo sabía que el petróleo que se cotizaba entonces a US$32 barril, subiría de precio por las guerras que afectaban al Medio Oriente, Ecopetrol se apresuró a vender a futuro las existencias exportables durante un año y un mes después la cotización del crudo era de US$52 b.

En 2008 llegó la bonanza petrolera, alcanzando el crudo una cotización histórica de US$$141.9 b, pecio que se mantuvo casi un año, pero el gobierno de la época utilizó a su antojo las transferencias que en un solo período alcanzaron $24 billones. En ese mismo año se vendió el 20 % de Ecopetrol, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Partiendo en dos la operación petrolera y se ordenó la construcción de la Refinería de Cartagena, por un valor inicial de US$3.500 millones, que se convirtieron seis años después en casi US$8.000 millones.

Cuando asumió Juan Manuel Santos, el precio el crudo se cotizaba a US$75 b; al finalizar su primer gobierno el precio del WTI era de US$120 b; pero como su antecesor, utilizó también los recursos de Ecopetrol para tapar el hueco fiscal, olvidándose de invertir en exploración, sísmica, y producción, con lo cual las reservas se han disminuido considerablemente, a la par que cayó el valor de las exportaciones como consecuencia de la menor cotización en el precio internacional del petróleo.

Santos que durante su campaña, advertía de los peligros de la “enfermedad holandesa”, puso en marcha los TLC, comenzando con el de Estados Unidos, abrió nuevos convenios en todas las latitudes que al final terminaron afectando la productividad nacional y privilegió la actividad minera sobre otros sectores de la economía nacional. La industria se vino a menos y el desempleo hoy es latente, aunque este no se refleja en los índices del DANE, porque la evaluación se hace sobre quienes aportan al sistema de salud y pensiones, lo cual es obligatorio hoy en el país, incluso para los “varados”.

En poco tiempo se cerraron industrias de fertilizantes e insumos y la producción en el campo se vino a menos. En seis años, Santos ha tenido que enfrentar tres paros agrarios y no ha sido capaz su gobierno de cumplirle las promesas al sector. Esa situación se ve reflejada en los altos índices de la inflación que no ha logrado controlar el Banco de la República.

Ni que decir del transporte que también incide en el peso de la “canasta familiar”: un paro anual –el último de los cuales por casi tres meses- y el sector aún se siente desprotegido y con las promesas incumplidas por el gobierno.

Pero hay otros factores que contribuyen a la crisis actual:

En los últimos 15 años, además de la privatización de Ecopetrol, se vendieron, sólo durante el periodo de Uribe Vélez 49 empresas del Estado como el Banco Cafetero, Telecom, Granahorrar, la Caja Nacional de Previsión Social, el Incora, el Inat, el Instituto de Fomento Institucional IFI, Carbocol, Minercol, y todas las generadoras de energía regionales, entre otras y el dinero, más de 20 billones de pesos, se destinaron a la mal llamada seguridad democrática. Luego Santos, vendió la segunda parte de las acciones de Ecopetrol e Isagen, con el pretexto de tapar un hueco fiscal que a principios de este año alcanzaba los $30 billones.

Frente a este desolador panorama económico, fiscal y financiero, en el cual la imprevisión y el derroche de dineros públicos, es evidente, ahora nos piden a los colombianos austeridad y sacrificio para estabilizar al Estado.

Mientras el ministro Cárdenas, anuncia a través de los medios que no afectará a las clases populares, su reforma aumenta el IVA en productos claves de la canasta familiar y se extiende el tributo a otros que antes no lo tenían como los huevos, las frutas, las verduras, la carne y el pollo, etc.

Esa misma reforma establece un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas como las gaseosas, no como dice el ministro con fines de salud pública sino para destinar esos remanentes de azúcar a la producción de etanol, cuya industria es protegida con exenciones por parte del Estado.

También se aumentará el precio de los combustibles con el nuevo impuesto por contaminación de $135 por galón, como si no tuviéramos la gasolina y el ACPM de los más caros del mundo. Lo peor es que aunque nuestras refinerías se surten con petróleo colombiano y lo procesamos en refinerías colombianas, lo pagamos a precios internacionales en dólares, a boca de pozo en el territorio colombiano.

La misma reforma modifica el impuesto de retención en la fuente que se hará extensiva a partir de ingresos totales por $1‘487.650, incluidas las mesadas de los pensionados, para lo cual se aplicará una tarifa marginal del 10 %.

En medio del esfuerzo que hacen los colombianos por sobrevivir, al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas solo se le ocurre buscar recursos, torciéndole el pescuezo y metiéndole la mano al bolsillo de los trabajadores, los asalariados, los pensionados, los tenderos, zapateros, los peluqueros y las manicuristas, obligándolos a pagar retención en la fuente o “monoimpuestos”, que lo único que hacen es disminuir su capacidad económica.

Mientras el ministro de las finanzas se devana los sesos pensando en ahorcar a los asustados colombianos, se le escapan los grandes evasores, los contrabandistas y los estafadores de cuello blanco socios de chatarreros y constructores de pirámides, que por lo general pasan de agache frente a las autoridades judiciales.

Es tan impopular la Reforma Tributaria Estructural, que el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras, que funge como superministro de infraestructura y que tiene en sus manos el manejo de la Vivienda Sin Cuota Inicial, convocó desde la Casa de Nariño, a una marcha en contra del proyecto que nunca fue socializado, y al parecer ni consultado con los demás miembros del gabinete.

Tremenda carga tiene Santos hoy a sus espaldas, pues parece que la mayoría de los partidos políticos, se unirán para atajar la iniciativa del ministro Cárdenas y aunque Juan Manuel, pase a la historia como el presidente de la paz, podría terminar su mandato como el más impopular de los mandatarios.





viernes, 28 de octubre de 2016

¡DESPIERTE, PRESIDENTE!

Presidente Juan Manuel Santos (Foto SIG)

En una entrevista con la agencia española de noticias EFE, el Presidente Juan Manuel Santos no descarta que se convoque a un nuevo plebiscito, para refrendar las enmiendas planteadas por quienes ganaron con el “NO” en la jornada democrática del 2 de Octubre, pasando por alto, otra vez, el mandato popular que recibió de todos los colombianos para hacer la paz con las FARC en las elecciones de 2014.

Si lo que Santos busca en esta ocasión es el asentimiento de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Martha Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y algunos sectores religiosos, a las enmiendas realizadas antes de hacer público el Acuerdo Final, pues que se los envíe por correo. De todas maneras le buscarán el quiebre.

Daría la impresión de que el Presidente Santos está claudicando en su carácter y la energía como mandatario, permitiéndole a quienes siempre han sido sus contradictores, imponer sus criterios, aún a costa del abrumador respaldo, manifestado en todo el país en las últimas semanas, para ponerle punto final a la discusión e implementar el Acuerdo Final que nos conduzca a una paz estable y duradera.

Una cosa es que quienes ganaron tímidamente con el NO en el plebiscito, puedan formular sugerencias para mejorar esos acuerdos y que se acojan –en la mesa de La Habana- aquellas que no cambien el sentido ni distorsionen los puntos claves que por seis años consecutivos se discutieron entre los representantes del Gobierno y las FARC. Otra bien distinta, es que ellos impongan el criterio para la elaboración de un nuevo acuerdo, que muy seguramente daría al traste con el proceso de paz.

Santos, por pretender ser excesivamente garantista, se equivocó al convocar un plebiscito para refrendar los acuerdos y se equivocará por segunda vez si convocara un nuevo proceso, pues quedaría en evidencia que el voto de casi ocho millones de colombianos, con los cuales ganó para un segundo mandato, ni le van ni le vienen, porque para él es más importante mantener contentos a quienes siempre se han mostrado como sus enemigos.

El voto de la mayoría de los colombianos en 2014, avaló el triunfo de Santos, sólo por su compromiso de hacer la paz. Lo demás de su programa, sabíamos de sobra que no lo iba a cumplir, como no ha cumplido en materia de restitución de derechos a los trabajadores, la salud, la protección del medio ambiente, equidad para con los pensionados, protección a las madres comunitarias, la protección a la niñez desamparada, el mejoramiento de la justicia; ni mucho menos se han adoptado medidas para controlar la corrupción, la impunidad, el despilfarro y la politiquería en el Estado.

Ahora está empeñado en sacar adelante –contra viento y marea-, la Reforma Tributaria, en la que nadie cree, ni siquiera su vicepresidente Germán Vargas Lleras, que pide a los colombianos, desde el interior del mismo Gobierno, aunar fuerzas para impedir que avance semejante esperpento.

Según voceros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Plebiscito por la Paz del 2 de octubre nos costó $280.000 millones, sin contar el valor de la campaña publicitaria calculada en $80.000 millones. Una nueva jornada de este tipo podría alcanzar la suma de $400.000 millones, sólo en la parafernalia de la organización del proceso democrático.

Para hacer un comparativo, este dinero que gastamos en plebiscitos, equivale al presupuesto general para 2017, de una capital como Bucaramanga. La pregunta es: ¿Disponemos de ese dinero? Y, si es así, entonces no es cierto que para sanear las finanzas, tengamos que someternos a la tortura que nos impone la proyectada Reforma Tributaria.

Así, los colombianos que votamos en 2014 por Juan Manuel Santos con la única condición de hacer la paz, estamos quedando como idiotas útiles. Pues cada vez que a un político, empresario o notable comerciante, se le ocurre una nueva idea para hacer sostenible el proceso, hay que correr a replantear la negociación con las FARC.

¿Acaso, esos señores, son más importantes que el campesino, el trabajador, el estudiante o las ocho millones de víctimas en este conflicto de más de medio siglo y que de consuno clamamos por la paz?


¡Despierte, Presidente! 


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