Capitolio Nacional, sede del Congreso de Colombia
“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los
totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.”
ALBERT CAMUS
Fue
el expresidente Carlos Lleras Restrepo quien pervirtió el sistema de dietas en
el Congreso, cuando aceptó que senadores y representantes tuvieran un salario
mensual por el tiempo de su período a cambio de que se le aprobara la Reforma
Constitucional de 1968. Antes solo devengaban honorarios por los días de
asistencia a las sesiones. Además, fueron premiados con los auxilios
parlamentarios, que no eran otra cosa que cupos especiales en el presupuesto
para que fungieran en las regiones como los mecenas de la política.
Y
aunque con la Constituyente desaparecieron esos auxilios, estos se mantienen
hoy bajo la denominación de “cupos indicativos”, unas partidas del presupuesto
que se canalizan a través de entidades territoriales para atender necesidades de
las comunidades.
Y
de la misma manera como los auxilios parlamentarios terminaban engrosando el
patrimonio de los congresistas, los “cupos indicativos” les permiten a
senadores y representantes –por debajo
de la mesa- sugerir a los gobernadores y alcaldes los contratistas con los
cuales deben adelantar las obras y servicios, saltándose en muchos casos,
decretos, leyes y hasta la Constitución. Por eso muchos de ellos terminan
destituidos o en la cárcel, mientras los congresistas abonan con sus réditos la
financiación de sus campañas.
Estos
“cupos indicativos” se crearon en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo
ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Por la época el propio expresidente
Alfonso López Michelsen, manifestó su inconveniencia y dijo que se trataba de revivir
con ello los “auxilios parlamentarios”. Curiosamente sus argumentos sirvieron al
candidato Álvaro Uribe para demandar la norma. No obstante la Corte
Constitucional de la época declaró su exequibilidad. Y desde entonces, Pastrana,
Uribe y Santos, se han valido de ella para “engrasar” a los congresistas y
facilitar el paso de sus actos por el legislativo.
Ser
congresista en Colombia, además de ser un mérito al cual muy pocos colombianos llegan,
es una aspiración por la cual se invierten capitales archimillonarios, no por lo
que la dignidad en sí implica políticamente sino porque se tiene la posibilidad
de inferir en todos los manejos de la economía nacional. No de otra manera se
explica cómo se invierten en campañas sumas que sobrepasan los topes
establecidos por los gobiernos.
A
manera de ejemplo, se dice en medios políticos, que muchos de los actuales
senadores, invirtieron hasta cinco mil millones de pesos en la última campaña y
algunos representantes hasta tres mil millones de pesos para alcanzar una
curul.
Obvio
es, que en los cuatro años de su ejercicio, con solo el sueldo, no se alcanzan
a recuperar semejantes fortunas. Y claro, hay muchas excepciones.
¿CUÁL EQUIDAD SOCIAL?
El
preámbulo anterior nos sirve como corolario para dilucidar algunos aspectos
relativos a la remuneración de los congresistas, ahora que dos proyectos que
pretenden regular los ingresos de senadores y representantes, están por
hundirse sin haber alcanzado siquiera a avanzar en las discusiones de la
Comisión Primera de la cámara alta.
Desde
1991 se han hecho cinco intentos por reducir sus mesadas, pero todos –de todos
los partidos- se hacen los locos ante estas iniciativas. Presidente de la
República y magistrados de las altas cortes tienen el mismo ingreso, pues del
sueldo de los congresistas depende la remuneración del presidente y de los
magistrados de las altas cortes. Por eso, “todos se tapan con la misma cobija”.
En
agosto de 2015, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) presentó un
proyecto de Acto Legislativo para congelar el salario de los congresistas; la
iniciativa se hundió unas semanas después en la Comisión Primera del Senado con
base en una ponencia negativa del liberal Horacio Serpa.
En
diciembre de 2015, el Gobierno estableció el Salario Mínimo Legal en $689.954,
con un aumento del 7% y fijó el reajuste
para las pensiones de acuerdo con el IPC en 6.77%. Seis meses después, en junio
de 2016, expidió el Decreto 1056 del 2016, fijando la remuneración de los congresistas en
$27.929.064,
retroactiva al 1 de enero, con un 7.77% de reajuste equivalente a $2’013.629 (44.64 veces más que el aumento
del salario mínimo de apenas $45.104).
Frente a esta iniquidad, senadores como Juan Manuel Galán (liberal) e
Iván Cepeda (Polo Democrático) instaron al Gobierno a regular el monto salarial y prestacional
de los congresistas. A sus voces se unieron Angélica Lozano, Claudia López
(Alianza Verde), Armando Benedetti, Maritza Martínez (Partido de La U), entre
otros, quienes presentaron un nuevo proyecto de ley, el cual está adportas de
hundirse en la Comisión Primera del Senado pues no existe ambiente para su
evacuación. Su principal escollo, es que la iniciativa del gasto público está
en manos del ejecutivo.
Vale
la pena resaltar que un congresista colombiano tiene hoy un salario equivalente a 14 veces el
PIB per cápita colombiano, comparado con 3,3 veces el PIB en el caso de sus
similares de Estados Unidos.
EL SALARIO DE UN CONGRESISTA
SALARIO: $27.929.064 CON EL 7.77
% DE REAJUSTE PARA EL 2016
Salario
básico: 6.702.976.
Gastos
de representación: 12.009.497
Prima
Especial de Servicios: 9.216.591
Total salario mensual: 27.929.064
DESCUENTOS:
Salud
646.236.16
Pensión 2.513.615.76
Fondo
de Solidaridad: 558.581.00
Retención
en la Fuente: 2.792.906.40
Total descuentos: 6.511.339,32
Subtotal salario mensual: 21.417.724,68
OTROS BENEFICIOS:
Prima
de navidad: 27.929.064
Tiquetes
aéreos: 4 por mes de ida y regreso a destinos nacionales.
Plan
de celular: 800 minutos al mes.
Un
vehículo blindado, más escoltas, de acuerdo al estudio de seguridad.
Además,
los congresistas
tienen derecho a conformar una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en la que
trabajan entre 5 y 10 auxiliares, asesores y asistentes. El costo de esta
oficina es de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes ($34.497.700), todo
con cargo al erario público.
¡Qué linda democracia!
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