PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA OBRA
Como el Ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, abrió el debate en contra de la Corte Constitucional, luego del fallo
que dejó en firme el Consejo Superior de la Judicatura y echó por tierra buena
parte del denominado “Equilibrio de poderes”, publicamos este capítulo del
libro “LA UTOPÍA DE LA REFORMA A LA
JUSTICIA EN COLOMBIA”.
Cristo, en 2012 era el presidente de la Comisión
Primera del Senado y como tal defendió a capa y espada el CSJ, pese a las
críticas que le llovían desde todos los sectores y los planteamientos del
Gobierno de Juan Manuel Santos que fundamentaba su eliminación en los actos de
corrupción que involucraba a varios de sus magistrados.
Hoy como titular de la cartera política su criterio
cambió y se fue lanza en ristre contra la Novena Constitucional, por dejar sin
piso, prácticamente la reforma de “equilibrio de poderes” que tanto defendió.
Les dejo, pues, este capítulo del libro de mi
autoría:
EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Como lo señalé al comienzo de esta obra, en el siglo
pasado solo hubo unos cuantos intentos por buscar reformas en el esquema de la
justicia en el país. Todos ellos fallidos, como consecuencia de los intereses
que se movían alrededor del tema.
A finales del mandato de Carlos Lleras Restrepo en
1970, se pretendió establecer un sistema de gobierno y administración de
justicia pero dependiente del ministerio del ramo.
Se creó entonces el Consejo Superior de
Administración de Justicia y se expidió el primer estatuto de la carrera, pero
nunca tuvo aplicación formal.
Luego en el gobierno de Alfonso López, se convocó a
lo que se denominó la “pequeña constituyente”, mediante el Acto Legislativo No.
1 de 1979. Allí se intentó la creación del C.S.J. con las funciones de
administrar la carrera judicial y ejercer la potestad disciplinaria, pero la
reforma constitucional fue declarada inexequible por la Corte Suprema de
Justicia. Sólo en 1987 con Virgilio Barco, mediante el Decreto 52, se puso en
funcionamiento la carrera judicial, pero mantuvo su manejo bajo la dirección
del gobierno.
Ese viejo Consejo Superior de la Administración de
Justicia, integrado por miembros de la judicatura, entró en funcionamiento con
el apoyo de la Dirección Nacional de Carrera Judicial, que enriqueció sus
funciones hasta adquirir, en desarrollo de la Ley 38 de 1989, su consolidación
mediante la atribución de ejecutar el presupuesto de funcionamiento de la rama,
excepto en cuanto a los recursos de inversión que continuó en cabeza del
Ministerio de Justicia, a través del Fondo Rotatorio.
El Consejo Superior de la Judicatura (C.S.J), sólo
fue creado a partir de la Constitución de 1991 y 21 años después se encuentra
en el ojo del huracán, como consecuencia de todo tipo de acusaciones y
escándalos que van desde mal manejo de los presupuestos, hasta corrupción de
los magistrados y aunque el Gobierno se ha mostrado partidario de eliminarlo
por ineficaz, se ha tornado en una corporación casi que intocable.
Andrés Pastrana planteó el tema de la eliminación o
reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura, pero nunca pudo sacar
adelante una iniciativa en ese sentido. Álvaro Uribe incluyó suprimir la
entidad en su propuesta de “poda institucional”, que buscaba hacer más eficaz
el funcionamiento del Estado. Y ahora el gobierno de Juan Manuel Santos habla
de la necesidad de reemplazarlo o hacerle una “gruesa reingeniería”.
El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra
aseguró en una de sus intervenciones que el Consejo Superior de la Judicatura
ha resultado “ineficaz” y les ha dado tan malas noticias a los colombianos a lo
largo de los años, pero sobre todo en los últimos tiempos que “su reemplazo
está planteado desde el lado administrativo y desde el lado disciplinario”.
El Consejo Superior de la Judicatura ha sido una
corporación cuestionada, envuelta en sucesivos escándalos, entre ellos el que
los periodistas calificaron como el “carrusel de las pensiones”, señalada de
despilfarros en materia de contratación y viáticos de desplazamientos de sus
funcionarios, de inoperancia a la hora de sancionar a jueces y abogados, así
como de estar politizada.
Casi todos los análisis coinciden en que el
problema nace del proceso mismo de elección de sus magistrados. Y aunque allí
llegan algunos con muchos méritos, otros lo hacen a través de prácticas
incorrectas de politiquería.
Por ejemplo: Los siete magistrados que conforman la
Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura —encargada de investigar y
disciplinar a jueces y abogados— son elegidos por el Congreso de ternas
presentadas por el presidente de la República. En cuanto a los magistrados de
la Sala Administrativa, estos son designados por las otras altas cortes, lo
cual asegura su independencia del Gobierno, pero al mismo tiempo tiene el
problema de que no representan a ninguno de los actores del sistema judicial,
como jueces, empleados judiciales, fiscales y abogados litigantes.
Las suspicacias parten, incluso, desde el Congreso.
Recordemos los cuestionamientos que se generaron con algunos nombramientos de
magistrados del alto tribunal en el gobierno Uribe —como el de Angelino Lizcano, ex secretario
general de la Cámara de Representantes— y con los fallos de la Sala
Disciplinaria en los que se invalidaron sentencias de la Corte Suprema en
asuntos de la yidispolítica y la parapolítica.
El Representante a la Cámara por el Partido
Conservador Miguel Gómez Martínez, cuestionó al organismo cuando se debatía el
proyecto de Reforma Constitucional. Dijo entonces que, “allí hay un poder
gigantesco, hay un presupuesto colosal y uno de los problemas serios de la
justicia en nuestro país, es el régimen de carrera judicial. Hay un problema
muy serio: la calidad y la selección de los funcionarios de la Rama Judicial no
es la mejor. Y cuando uno le quiere meter diente a ese hueso hay mucha gente a
la que no le conviene que se toque ese asunto”.
El izquierdista senador Jorge Robledo, advirtió la
necesidad de una reforma, pero no en su eliminación. Refiriéndose al tema dijo:
“Hay una necesidad de administrar bien la justicia, porque los que lo han hecho
hasta ahora lo han hecho mal. Eso no necesariamente quiere decir que la
institución tenga que desaparecer. Lo que está intentando el Gobierno es que la
administre directamente el presidente de la República, lo cual viola la
separación de los poderes. Y no cabe duda de que el Consejo de la Judicatura se
mantiene porque hay poderes que se mueven en uno y otro sentido”.
EL LASTRE DE LA SALA ADMIMISTRATIVA
En el debate en torno a la reforma a la justicia el
Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó un diagnóstico según el cual
Colombia se ubica en el puesto 149 de eficiencia de la administración de
justicia, entre 183 países analizados.
Según la entidad la congestión y el atraso siguen
siendo los problemas de los que la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura no se ha podido deshacer.
La CPC cuestiona en su informe el sistema de
calidad y evaluación de los jueces y la falta de implementación de medidas
legales para agilizar los trámites judiciales.
A la hora de calificar el papel desempeñado por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el propio gobierno
la tilda de deficiente y justifica su propuesta en la necesidad de corregir el
mal diseño constitucional.
Una crítica constante es que las decisiones
gerenciales no pueden quedar en manos de un órgano colegiado conformado por
abogados, que pueden ser grandes juristas, pero no administradores expertos.
Precisamente por esta última consideración, se
presentó el más recienté escándalo, cuando el 10 de julio de 2012, la
Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado anular por ilegal la elección del
Director Administrativo de la Rama Judicial, cargo que estuvo en cabeza del ex
fiscal Diógenes Villa hasta cuando fue suspendido por orden de la Contraloría.
El Ministerio Público intervino en una demanda y
aseguró que, al menos, dos de los aspirantes que integraban la terna para
elegir a la persona que ejecuta el presupuesto de la Justicia – que en el último
año fue de 1,5 billones de pesos – no reunían los requisitos para ocupar el
cargo.
Según la demanda, el ex fiscal no cumplía los cinco
años de experiencia en cargos financieros o de administración que exige la Ley
Estatutaria de la Justicia.
Precisamente, los puntos que más cuestiona el
Gobierno son el bajo nivel en la ejecución de los recursos de la Rama, el uso
inadecuado de los pocos que se ejecutan y la inexperiencia de los
administradores. Por esta razón, el Ejecutivo ha ido recortando gradualmente
las asignaciones presupuestales para el Poder Judicial.
Los comentarios del Gobierno coinciden con la
auditoría de la Contraloría General de la República, en el retraso en la
ejecución de obras de infraestructura y en el despilfarro de los presupuestos
contractuales, que producen, entre otras consecuencias, insatisfacción en el
usuario de la justicia.
GOLPE DE
GRACIA A LA JUDICATURA
justo en el momento en el que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, estaba ad portas de ser
eliminada en los debates de reforma constitucional, la Contraloría General de
la República publicó un informe, en el que calificó de desfavorable su trabajo,
coincidiendo con el documento del Consejo Privado de Competitividad.
La Contraloría General de la República calificó con
nota desfavorable el trabajo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura. Es la calificación más baja obtenida por esa entidad, desde que
el ente de control audita su desempeño.
La Contraloría rajó a la Sala en los aspectos de
contratación, en el manejo del presupuesto de la Rama Judicial, en los planes
de descongestión de la justicia y consideró deficientes las tareas de
planeación y prevención de riesgos, lo cual generó obras inconclusas,
suspensiones de contratos y sobrecostos.
En el desarrollo de los proyectos de inversión
relacionados con la construcción de varios palacios de justicia, denunció un
detrimento patrimonial superior a los 93.000 millones de pesos.
En cuanto a la descongestión, el informe sostiene
que el Plan Nacional de Descongestión de la Sala ha generado una deficiente e
inoportuna prestación del servicio público de justicia. Los despachos
judiciales siguen congestionados, lo que impide la solución pronta y definitiva
de los procesos que cursan en las diferentes jurisdicciones.
La Contraloría General de la República detectó 116
irregularidades, por la cuales se abrieron cinco investigaciones penales, 13
juicios fiscales y 43 procesos disciplinarios.
Pero indudablemente uno de los hechos que inclinó
la balanza hacia las reformas sustanciales en el Consejo Superior de la
Judicatura lo constituyó la denuncia de la Contralora Sandra Morelli en torno a
la existencia de un “carrusel de pensiones” y la revelación de un presunto
fraude en nombramientos de la Sala Disciplinaria.
El propio fiscal general, Eduardo Montealegre
Lynett, reveló algunos detalles del nuevo escándalo, en la cumbre de poderes
que se realizó en la Casa de Nariño.
A ese encuentro asistieron congresistas y los
presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por invitación expresa
del presidente Juan Manuel Santos, con el objeto de discutir el avance del
proyecto de reforma.
Al salir de la reunión el Fiscal Montealegre le
dijo a los periodistas que "en unas actas se afirma que fueron nombrados
unos magistrados del Consejo Seccional cuando, en realidad, y eso es lo que
estamos investigando, esos nombramientos no fueron acordados en sala".
Según el proceso, la mayoría de esas designaciones
ocurrieron siendo presidentes de sala los magistrados Ovidio Claros, Angelino
Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón.
Contra Villarraga, Garzón y Claros, se abrió un
juicio fiscal por haber nombrado en sus despachos a magistrados auxiliares que,
después de trabajar entre 2 y 4 meses, terminaron jubilándose con mesadas de
más de 12 millones de pesos.
REFORMA NO
PUEDE SITUARSE EN
LA
DESAPARICIÓN DE LA JUDICATURA
Frente a las críticas formuladas en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, su presidente, el magistrado Ricardo Monroy,
asumió la defensa y en declaraciones a una emisora local dijo que la rama para
salir del atolladero no requiere una reforma sino más recursos.
“Debemos
ahondar en las causas que afronta la justicia y no que el Consejo Superior de
la Judicatura está impidiendo el buen funcionamiento de la justicia”, señaló el
Magistrado.
Monroy, aceptó que la Judicatura tiene dificultades
para operar pero que todo se está corrigiendo.
“Fortalecer la rama Judicial con recursos es lo que
ha permitido tomar medidas para descongestionarla, porque hay 700 mil procesos
atrasados”, sostuvo el Magistrado.
En este punto de la reforma hubo tres posiciones:
La del Consejo de Estado y la Fiscalía que sostenían que el CSJ debía
continuar, la del Gobierno que proponía su eliminación total. Y la del Congreso
que tomó una posición intermedia.
Esa polarización estuvo ad portas de hundir la
reforma cuando se iniciaba el primer debate del Senado en su segunda vuelta,
porque el propio ministro Esguerra amenazó con retirar el apoyo gubernamental a
la iniciativa si no se eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, a lo
cual el presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco Chaves,
dijo que “el dueño de la reforma no es el Gobierno sino el país”.
Velasco Chaves le dijo al ministro que el elemento
para decidir si “esta reforma se hunde o se mantiene no es si permanecen unos
magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura sino si realmente la
reforma sirve o no para el país”.
La falta de tacto y cancha política del Ministro de
Justicia, quedaba una vez más en evidencia y puso en serio peligro la reforma.
Velasco dijo que a partir de que el ejecutivo
presentara inamovibles, la reforma estaba en riesgo porque es en el Congreso en
donde se discute su viabilidad.
El senador conservador Hernán Andrade, en respaldo
al presidente de la comisión, advirtió que “no
todo lo que diga el Gobierno es obligación del Congreso acatarlo”.
A partir del sexto debate comenzaron a introducirse
modificaciones al proyecto y el ejecutivo tuvo que aceptar solo las reformas al
funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, más no su eliminación en
el contexto constitucional del país.
