jueves, 19 de septiembre de 2013

EL "CARTEL" DE URIBE

La lista del Centro Democrático para el Senado de la Republica, parece haber sido pensada más para reivindicar a los amigos y áulicos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, caídos en desgracia frente a la justicia, que para buscar grupos de ciudadanos capaces de defender programas legislativos de beneficio común para el país.

Desde distintos sectores de la opinión política, comenzaron  a formularse críticas por la inclusión de algunos exfuncionarios del gobierno de Uribe, parientes de personas condenadas por la justicia y nombres de personas que aunque cercanas al exmandatario no tienen ni la experiencia ni el bagaje para ganarse el favor del voto de los colombianos.

Lo que comenzó a hacer carrera entre grupos de ciudadanos es que al expresidente Uribe se le fueron las luces en su afán por montar una maquinaria de oposición para impedirle la reelección a Juan Manuel Santos y obstaculizar el camino de la paz.

Si bien hay voces de bienvenida para que Uribe Vélez se la juegue en el tablero del ajedrez político para integrar el nuevo congreso, como las expuestas por el presidente del liberalismo, Simón Gaviria, el exgobernador de Santander Horacio Serpa Uribe, el presidente del conservatismo, Omar Yépez Alzate y muchos otros; también hay quienes consideran improcedente que se les dé oportunidad de llegar a las instituciones de elección popular a personajes de ingrata recordación para el país.

Extraña contradicción para quien dice defender la justicia social y ser el abanderado de la seguridad democrática, que reúna en la misma lista a Ever Bustamante, exguerrillero del extinto M-19, uno de los implicados en la toma del Palacio de Justicia y a Tania Vega de Plazas, esposa del Coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del mismo Palacio de Justicia.

El expresidente Andrés Pastrana, no dudó en tachar la inclusión de José Obdulio Gaviria en esa lista del Centro Democrático, de quien dijo que era el “consiglieri, primo-hermano y abogado de mi secuestrador, Pablo Escobar Gaviria", quien iba a la cárcel La Catedral “a cobrar dinero”.

También incluye Uribe a Alfredo Ramos Maya, hijo del expresidente del Senado y exgobernador, Luis Alfredo Ramos, detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por supuesto paramilitarismo.

En el cuadro de aspirantes a la cámara alta, divulgado por el propio Uribe desde Buenos Aires, figuran periodistas y columnistas, como Paloma Valencia, de Blue Radio; Ana Mercedes Gómez, exdirectora de El Colombiano y Alfredo Rangel, quienes siempre han brillado por la defensa a ultranza de su gobierno, enmarcados en el pensamiento de la extrema derecha, pero que no influyen en el panorama político del país.

Otros son, María del Rosario Guerra de la Espriella, exministra de Uribe e hija del polémico gobernador de Sucre, José Guerra Tulena, que intentó darle el negocio del “chance” a Enilce López, alias “La Gata”, a quien se le ha vinculado con el paramilitarismo en la Costa Caribe y presa por acusaciones de asesinato; Zaida Barrera, esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda; Daniel Palacios Martínez, exsenador y exgobernador del Chocó. 

Obvio es que el arrastre electoral dependerá del propio exmandatario que encabeza la lista.


Y ya hay quienes dicen en los corrillos políticos, que el Puro Centro Democrático confeccionó, no la lista al Congreso sino el “cartel” de Uribe.

jueves, 12 de septiembre de 2013

PRECIOS JUSTOS PARA LOS COMBUSTIBLES

La Corte Constitucional, declaró inexequible una de las fuentes que utiliza el Gobierno para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), a través del cual justificaba exageradas alzas, apoyado en las fluctuaciones del valor del crudo en el golfo de México.

La decisión del tribunal implica un fuerte golpe al Plan de Desarrollo 2010 – 2014 y le traslada la responsabilidad de fijar los costos para la gasolina y el ACPM al Congreso, en momentos en que se tramita un proyecto de ley para ajustar la fórmula de referencia de precios.

En adelante, cuando el precio internacional sea menor al valor de referencia del Gobierno, la diferencia tendrá que trasladarse, disminuyendo el costo de los combustibles, lo que implicaría que al quedar en firme el fallo, se opere una rebaja automática de casi $1.000 en el galón de la gasolina motor y del ACPM.  

Lo que los políticos del común no pudieron hacer en dos décadas, lo lograron unos jóvenes en solo unos meses, con lo cual se hace justicia en una de las aspiraciones más sentidas y que pesan en el bolsillo de los colombianos.  

Obvio es que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas puso “el grito en el cielo” e hizo una confesión: “con eso hacemos la política de Familias en Acción y tendremos que dejar de dar el subsidio”, como si la financiación de esos programas dependiera del FEPC. Lo que sabíamos es que los dineros del Fondo se usaban, exclusivamente, para mitigar el impacto de las fluctuaciones externas de los precios de los combustibles en el precio interno.

Claro que el fondo nunca benefició a los consumidores, pues de ser así, hoy no tendríamos que pagar uno de los precios más altos mundo.

Veamos un ejemplo claro: En 2008 el precio del barril de crudo WTI cayó de US$147 (junio) a US$44 (diciembre). La gasolina pasó de $7.200 el galón (junio) a $7.800 (diciembre) y el ACPM de $5.900 por galón (junio) a $6.249 (diciembre). No hubo ninguna disminución en el precio interno de los combustibles.

Hoy los precios de referencia en Bogotá son para la gasolina $8.646,39 el galón y el ACPM a $8.277,71 lo que equivale a precios de hoy a US$4,50 y US$4,31, respectivamente. En Ciudad de México un galón de gasolina súper, cuesta US$3,49; en Washington, Estados Unidos US$3,71 y en Ciudad de Panamá US$3,90.

Sólo en Colombia tenemos una complicada fórmula de estructura de precios de los combustibles, en donde el costo al productor ($4.634,12) es el que más incide, pues nos hacen creer que el petróleo con que cargamos nuestras refinerías es importado del Golfo de México. Siguen en su orden el impuesto global ($989,57) y la sobretasa que se liquida al final ($1.168,12) y diez arandelas más, así:

Ingreso al productor; proporción de ingreso al productor de alcohol carburante; tarifa de marcación; tarifa por transporte (en el caso de la gasolina es del 92%); tarifa de transporte de alcohol carburante (8%); margen del plan de continuidad; margen de distribución mayorista; margen de distribución minorista; pérdida por evaporación y transporte.  

Con este sofisticado y enmarañado planteamiento, los colombianos siguen pagando los platos rotos de las malas políticas de los ministros de turno y del presidente de Ecopetrol, y cada vez entienden menos del porqué, se nos cobran tan caros los combustibles que nosotros mismos extraemos de nuestra madre tierra.

La refinería de Barrancabermeja repotenciada con una inversión superior a los US$3.500 millones y la refinería de Cartagena cuya modernización ya ha costado US$6.000 millones (sin entregar desde hace un año), produce 300 mil barriles diarios de gasolina y ACPM, de los cuales 200 mil barriles se quedan para el consumo nacional y 100 mil van para la exportación. Ello se ha logrado con los impuestos que pagamos todos los colombianos.

El ministro de Hacienda se ofende cuando los colombianos solicitamos que se reduzcan los escandalosos precios de la gasolina y el ACPM y que estos se ajusten a los parámetros reales y no sobre hipotéticas fórmulas con base en los precios internacionales del crudo. Pero se hace el de la “vista gorda” cuando nos imponen tributos disfrazados en el costo de los combustibles, obligándonos a subsidiar la producción de Ecopetrol y a los accionistas e inversionistas de esa empresa, como si no fuera suficiente con las utilidades que les genera el aumento en la producción de crudo (1.030.000 b/d), los precios por encima de los US$100/b y un dólar por encima de los $1.900.


También el resto de los colombianos aspiramos a que nos retribuyan con unos precios justos de los combustibles, con lo cual no nos regalan ni nos subsidian nada, porque también tenemos derecho a los beneficios de la explotación del petróleo.