Como siempre, después de diez horas de debate en el
Senado, los funcionarios responsables de las irregularidades en la Refinería de
Cartagena, salieron fortalecidos, como si nada hubiera pasado y
responsabilizando de los sobrecostos a la firma Chicago Bridge and Iron
(CB&I), subcontratada para realizar las obras de ampliación.
Los congresistas, (más de una docena que
participaron en el debate) formularon las acusaciones que solo se ciñeron a lo
investigado por la Contraloría General de la República, pero sus voces fueron
apagadas por la intervención de los funcionarios.
Y es que, más allá de convocar a los debates de
control político, los congresistas no tienen recursos ni imaginación para asumir
la defensa real de los colombianos ni
siquiera para que se aceleren las investigaciones u obligar al gobierno a
imponer sanciones y someter a los responsables por semejante atraco a los
intereses de los colombianos. Lo único que buscan es figuración mediática. Por
eso, sin televisión no hay sesiones.
Y cómo si se tratara de un juego de “monopolio”, el
expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno se gestó, se
maquinó y se inició la ampliación de REFICAR, dijo en el debate que él
aceptaría la “responsabilidad política”, por ordenar las ampliaciones al
contrato, sugiriendo ante la plenaria que “fue engañado”.
En este caso no solo existe una responsabilidad
política. Las cosas van más allá, aquí existe también una responsabilidad fiscal
y penal por la cual tienen que responder todos los implicados.
Los funcionarios que manejan al país como si fuera
uno más de sus feudos, quieren sacarle el cuerpo a la responsabilidad de lo que
pasó en REFICAR. Los gobiernos de Uribe y Santos, sus ministros de Hacienda y
de Minas y Energía, los presidentes de Ecopetrol y los funcionarios de la refinería,
tienen que responder por el esperpento que nos costó a los colombianos más de US$8
mil millones, con sobrecostos superiores al 50 % del valor original.
El Presidente Juan Manuel Santos, su
antecesor, Álvaro Uribe, y sus funcionarios, deben responder por el detrimento
patrimonial que se generó en REFICAR, pues este, es el peor atraco contra los
colombianos en toda su historia.
Lo de REFICAR no se puede quedar simplemente
en una investigación de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría y un
debate en el Congreso. Los responsables deben ser condenados y el Estado está
en la obligación de exigirles la devolución de los dineros que se pagaron de
más y que son de todos los colombianos.
Y para colmo de todo, REFICAR aún no trabaja al 100
% y tenemos que seguir pagando los sobrecostos de supuestas importaciones de
gasolina y ACPM, mientras Ecopetrol sigue cargando las refinerías con crudo
colombiano, que compra a las transnacionales (que se llevan nuestros recursos),
a precio internacional en boca de pozo.
¿Cuándo saldremos los colombianos de este letargo
en que nos mantiene la corrupción y la politiquería?
