Uno
de los temas más difíciles de tratar, por su complejidad, significación y
encontradas consideraciones, es sin duda, el de la reconciliación, un proceso que sobrevendrá a partir de la firma
de los acuerdos de paz que adelantan en La Habana, Cuba, la guerrilla de las
FARC y el Gobierno colombiano, pero que eventualmente podría incluir al
autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El
avance de los diálogos en la isla caribeña y las manifestaciones formuladas por
las partes en la mesa de diálogo, hace suponer que “el principio del fin” está
cerca, máxime si las FARC han mostrado voluntad para silenciar a motu proprio
las armas y han cumplido con la tregua indefinida anunciada desde diciembre
último.
Los
temas convenidos han sido ampliamente tratados en poco más de dos años de
conversaciones, aunque los dos puntos más espinosos comenzaron a moldearse este mes y los cuales se refieren a la
justicia transicional que se debe aplicar para la dejación de las armas y la
desmovilización de las FARC.
Respecto
al primer tema, el jefe negociador del Gobierno en la Habana, Humberto de la
Calle, ha dicho que “hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten
satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la
impunidad”, un punto clave que ha servido a los críticos de la paz para atacar
el proceso.
El segundo aspecto es el referente al desescalamiento del conflicto
armado, respecto del cual las FARC ya dieron el primer paso y –aunque el
gobierno cesó los bombardeos- exigen una corresponsabilidad para
alcanzar el cese bilateral y definitivo del fuego. Las fuerzas oficiales no han
cesado operaciones en tierra y por el contrario se ha comprobado la arremetida
militar en zonas de presencia guerrillera.
Pero aún, suscribiéndose los acuerdos en La Habana, la paz no está
garantizada, pues esta es el resultado de un largo proceso, que incluye la
voluntad de las partes en conflicto, pero necesariamente involucra a la
sociedad civil y a las víctimas que han resultado en una guerra que se ha
extendido por más de medio siglo.
Las heridas siguen abiertas y tardará mucho tiempo aún en sanarse pues
el conflicto actual es heredado de un proceso de violencia política que se
inició en la primera mitad del siglo pasado por la intolerancia de los
dirigentes y gobernantes de los partidos Liberal y Conservador, atizado desde
los púlpitos por el sectarismo religioso.
Muchos de quienes vivieron la ignominia y el horror de esa violencia
demencial, fueron los desplazados de la época para quienes no hubo verdad,
justicia ni reparación, pero que debieron sobreponerse a la ira, la venganza y
el odio, para que sus hijos o nietos no repitieran la historia. Otros no
pudieron alcanzar las cabeceras de las capitales para guarecerse y fueron revictimizados
en pueblos, veredas y campos, por los “pájaros”, como se les denominaba a los
criminales que surgieron en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, tras la
amnistía a las guerrillas liberales de los Llanos Orientales en 1955 y
posteriormente por los grupos armados amparados en ideologías foráneas, los
paramilitares y los narcotraficantes.
En todos los procesos de paz en el mundo, se ha establecido como
requisito sine qua non que exista una justicia transicional, que conlleva,
quiérase o no, cierto grado de impunidad. Pero lo que se busca, para el caso
colombiano, es que la aplicación de esa justicia transicional, lesione lo menos
posible la dignidad de las víctimas y se establezcan penas alternativas, del
tal manera que los victimarios –llámese FARC o Estado-, sí obtengan un castigo,
tal vez no proporcional al daño causado, pero solo una vez que se establezca la
verdad, y haya reparación por los perjuicios causados a la sociedad. Además
debe garantizarse la no repetición de las violaciones a sus derechos.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, OACNUDH, señaló en 2006 –a propósito de las rondas
exploratorias con el ELN en Cuba, en el gobierno de Álvaro Uribe-, que “la paz
es el primer fruto de la justicia. La justicia es la condición indispensable
para encontrar y consolidar la paz”.
Retomando estas consideraciones bien podríamos decir que los conceptos
de justicia y paz están relacionados entre sí y no podríamos tomarlos separados
el uno del otro. Pero para que la paz sea duradera debe existir reconciliación.
Es decir que haya consensos entre víctimas y victimarios, que exista equilibrio
en las exigencias mutuas y un propósito de no repetición.
No es fácil lograr reconciliación en una sociedad mentalmente enferma,
en donde el común denominador es el odio, la intolerancia y la venganza. Una
sociedad marcada por el abuso, la iniquidad y la desigualdad social.
Seguramente a corto plazo se firmen los acuerdos en La Habana, pero
estamos en mora de iniciar el proceso más importante que debe incluir a toda la
sociedad, para que despojados de prejuicios, podamos mirar de frente a los
victimarios, extenderles la mano y en un abrazo retomar los lazos fraternales
que nos conduzca a la reconciliación y a la paz.
