LAS “CONVIVIR” SERÍAN LEGALIZADAS

Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), que tanto daño le causaron a la sociedad colombiana a finales del siglo pasado por su vinculación con los grupos paramilitares, crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado, podrían reaparecer en el país, por virtud de un proyecto de ley que comenzó a estudiar el Senado de la República.

La iniciativa, cuyo autor es el congresista del Partido de la U, Mauricio Lizcano, pretende regular el sector de la vigilancia privada en Colombia, tomando como parámetro el Decreto Ley 356 de 1994, con el cual el expresidente César Gaviria le abrió las puertas a estas organizaciones que operaban –supuestamente- en zonas rurales en donde el control del orden público, desbordaba la acción militar y de la policía.

En uno de sus capítulos el proyecto establece la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que podrán estar conformadas por ciudadanos y que se regirán por las normas establecidas para las empresas de vigilancia y seguridad.

La iniciativa que además del senador Lizano, también la suscriben los representantes Juan Felipe Lemos Uribe y Luz Adriana Moreno Marmolejo, de la misma colectividad, contempla, además, la obligación de colaboración de las empresas y cooperativas de seguridad privada con la fuerza pública.

El proyecto prendió las alarmas en todos los sectores del país, pues podría interferir con los esfuerzos de paz que se realizan actualmente en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Lo curioso, es que con la única excepción del congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, ningún senador de ningún partido, integrantes de la Comisión Segunda, se percataron de la velada amenaza que entraña la iniciativa.

Al abrirse el debate en la Comisión, el congresista Cepeda, advirtió que  esa iniciativa podría propiciar la renovación de los efectos negativos que produjo la figura de la red de cooperantes llamada “Convivir”.

"Es contraproducente que en el contexto de un acuerdo de paz y ante la posibilidad de un posconflicto, sectores del Congreso presenten una iniciativa que revive ese viejo peligro de paramilitarizar el país a través de entregarles a cooperativas de seguridad el manejo de asuntos de orden público. La tenebrosa experiencia de las Convivir nos enseñó que no se puede seguir en la línea de otorgarles facultades del Estado a los privados", señaló Cepeda.

Por virtud del proyecto las empresas de seguridad privada podrían realizar ampliamente todo tipo de investigaciones, afectando la intimidad de los ciudadanos y colocando en riesgo derechos fundamentales. Además, en su articulado, se amplía la acción defensiva de las empresas y las autoriza –literalmente- a repeler cualquier acción delictiva contra sus protegidos, con lo cual se viola la Constitución, pues se reemplaza la misión de las autoridades.

Según el congresista de la oposición, con la nueva norma, se le estaría otorgando al Presidente un "cheque en blanco" para establecer los servicios conexos a la actividad de la vigilancia privada, su definición, alcance y determinación.

Empresas armadas

Al igual que las “Convivir”, las nuevas empresas tendrán legalmente el derecho a portar armas, equipos de comunicación y usar vehículos blindados, sólo, que en esta ocasión, podrían hacer gala de sofisticada tecnología de la cual no gozaban en el pasado.

Entre 1996 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y el vicegobernador Pedro Juan Moreno (fallecido) defendieron la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento, con base a las reglas establecidas por el Estado, pero el número era tal que  desbordaron todo tipo de controles. En todo el país se contabilizaron unas 500 organizaciones con más de 120 mil hombres.

Ya en la presidencia, Uribe Vélez, en entrevistas radiales (4 de diciembre de 2006) defendió las “Convivir”, y expresó que nunca hicieron parte del paramilitarismo. Asumió, entonces, la responsabilidad por los 60 grupos que operaron en Antioquia durante su mandato como gobernador.

Para la reflexión

Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, actualmente, en el mercado colombiano funcionan 930 empresas de vigilancia legales y 775 departamentos de seguridad, con más de 200 mil personas a su servicio. Pero nadie sabe el tipo de armas ni cuantas están en su poder.

¿Se imaginan que estas empresas desbordaran su control, cuando superan en número a la Policía Nacional que tiene 175 mil efectivos en todo el país y más de la mitad de las Fuerzas Militares que cuentan con 380 mil miembros?

Quedan estas notas para su reflexión.

¿QUIÉN ES EL SENADOR LIZCANO?

Óscar Mauricio Lizano Arango, es un abogado de la Universidad del Rosario, nacido en Medellín, Antioquia, en agosto de 1976. Especializado en administración de empresas en Inglaterra y en gerencia y asuntos públicos del Externado de Colombia.

Hijo de Óscar Tulio Lizcano, un excongresista conservador que fue secuestrado por las FARC.

Mauricio Lizcano fue elegido Representante a la Cámara por el Partido Conservador en 2006 y en 2010 fue elegido senador por el mismo partido. Siempre ha sido considerado un abanderado del uribismo, aunque en 2014 fue reelecto por el Partido de la U.