PREDIAL: OTRO GOLPE A LOS BOGOTANOS

Los bogotanos sentiremos este mes el peso de la reforma tributaria aprobada por el Concejo Distrital que le dio facultades al alcalde Gustavo Petro para cobrar el impuesto predial con base en reajustes del 100 % en el avalúo catastral para más de un millón 900 mil predios.

La liquidación del impuesto, con base en un nuevo avalúo catastral, obliga a los contribuyentes a cancelar en 2015 sumas, que comparadas con la liquidación del tributo correspondiente a 2014, se incrementan en algunos casos hasta en el 600 por ciento. El nuevo cobro afecta especialmente predios correspondientes a los estratos tres y cuatro del sector residencial.

Los reajustes, según Gustavo Adolfo Marulanda, director de Catastro Distrital, serán así: 491 mil predios sufrirán un aumento entre el 0 % y 10 %. Para 510 mil predios aumentará el valor entre el 10 % y 20 %, 359 mil predios entre el 20 % y 30 %. Para 312 mil predios el aumento será entre el 30 % y 50 %, 138 mil entre el 50% y 100% y 43 mil predios sufrirán un aumento superior al 100 %.

En cuanto a predios no residenciales, el valor catastral quedó en un 75 por ciento del costo comercial.

El valor de la base catastral de Bogotá equivale a 2014 en $260 billones.

Hasta el año pasado las tarifas para los predios residenciales urbanos iban del 2 al 9,5 por mil, mientras que, la Administración Distrital, tomando como base la modificación del sistema, incrementó del 5 al 16 por mil dichas tarifas, dependiendo del avalúo catastral, lo cual significa que los bogotanos debemos pagar mucho más este año por impuesto predial.

“La reforma tributaria del alcalde Petro contempla una modificación de fondo al sistema de liquidación del impuesto predial, pues, a partir de 2015 las tarifas se liquidan de acuerdo con el avalúo catastral vigente, lo que incrementa desmesuradamente su valor, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se han realizado actualizaciones anuales del valor de los inmuebles sin mirar la capacidad de pago de los contribuyentes ni su nivel de ingresos”, como lo sostiene el concejal Orlando Santiesteban Millán, en un comunicado de prensa.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) conceptuó que los avalúos catastrales para los predios urbanos y rurales no formados y formados con vigencia de 2014 y anteriores, tendrán un incremento de tres punto cero por ciento (3,0%) para el año 2015, equivalente al cien por ciento (100%) de la meta de inflación para la vigencia de este año.

Sin embargo la Administración Petro no tomó en cuenta los conceptos expuestos por el Conpes, antes de aplicar, con todo rigor la reforma tributaria aprobada por el Concejo, que al decir de muchos parece más una venganza contra los bogotanos, por los inconvenientes sufridos en desarrollo de su mandato.

Un análisis de los efectos del nuevo impuesto permite establecer que la administración Petro está engañando a los bogotanos, haciéndonos creer que se aplica una tasa por mil equitativa sobre el valor del inmueble, cuando el veneno está ligado al incremento exagerado del avalúo catastral, lo cual, es otro golpe a las menguadas finanzas de las familias bogotanas.

A este ritmo, antes de cinco años, al decir de los analistas, el precio del avalúo catastral de los inmuebles de uso residencial será igual al valor comercial, poniéndose en peligro el derecho a la vivienda de los capitalinos, en una clara contradicción al lema de la “Bogotá Humana”.

Muy seguramente las protestas no se harán esperar, tal y como ocurrió hace dos años cuando la administración local, pretendió aplicar un oneroso impuesto de valorización, que algunos meses después fue corregido, dándole la razón a los contribuyentes, pues no se trata de eludir sus obligaciones, sino que estas sean justas y equitativas.

Nota al margen: Si bien es cierto que la Administración Distrital le da la oportunidad al contribuyente de reclamar, estos no tienen ninguna incidencia, pues Catastro se toma más de seis meses para responder, es decir cuando ya no se puede hacer uso de los descuentos y como siempre, le responden al ciudadano citando las normas, acuerdos y decretos en que se basó la liquidación reclamada, sin la evaluación respecto de los criterios de equidad solicitados en cada caso.

Antes el IP se podía pagar con las primas. Ahora, obligan al ciudadano a endeudarse para no cancelar las altas sanciones impuestas por la Bogotá Humana.