EL CONSPICUO PROCURADOR

Nunca antes en la historia del país, un procurador había despertado tantas inquietudes, en pro y contra, como el santandereano Alejandro Ordóñez, conservador de pura cepa, y quien todos los días casa una nueva pelea.

A sus ortodoxas posturas en contra del aborto, aún en los casos admitidos por la Corte Constitucional;  los supuestos beneficios que pueda obtener la guerrilla en caso de firmarse la paz, y los “pases” y “porros”, con los cuales se declara victimizado por la prensa, se suma ahora su intromisión en el proceso que se realiza en La Habana, Cuba, al exigirle a las FARC que le entreguen las coordenadas de los desaparecidos por el conflicto armado.

En su afán mediático desconoce el Procurador la prevalencia del Presidente Juan Manuel Santos en el manejo de las negociaciones que con el tema agrario, comienzan a dar sus primeros resultados positivos, tras más de 50 años de lucha armada en Colombia.

Y como si fuera poco, a esto se suma ahora, la exigencia que le formuló al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que le entregue todo lo actuado dentro de las investigaciones en contra de los concejales comprometidos en el carrusel de la contratación en Bogotá, amparado en la ley 734 de 2002. De soslayo, el Procurador Ordóñez le echa el agua sucia a la Fiscalía, tras advertir que no ha podido avanzar en los procesos administrativos, por ausencia de la información solicitada.

Vale la pena recordar cómo, el ex presidente del senado Luis Humberto Gómez Gallo y el senador Ciro Ramírez, condenados por la Corte Suprema de Justicia al hallárseles culpables por parapolítica, fueron absueltos por el Procurador Ordóñez en los procesos administrativos. Coincidencialmente, ambos de la misma filiación política del jefe del ministerio público.

Los bogotanos se preguntan ahora, si no pasará igual con los concejales y ex concejales investigados, entre quienes figuran Antonio Sanguino, Édgar Torrado, Efraín Torrado, Fernando Cepeda, Fernando López, Henry Castro, Hipólito Moreno, Isaacs Moreno, Javier Palacio, Jorge Durán, Jorge Ernesto Salamanca, José Fernando Rojas, José Juan Rodríguez, Julio César Acosta, Omar Mejía, Orlando Parada, Rafael Escrucería, Andrés Camacho Casado, Severo Correa y Wilson Duarte; dos de ellos ya detenidos y dos más con  un  pie en la cárcel.

Algunos dicen que con sus actuaciones, Ordóñez, cada vez más, se está metiendo en camisa de once varas.

El “cambalache” del Estado

“No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena". 

(Martin Luther King)

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Interponer los “buenos oficios” de quienes ostentan el poder para favorecer a terceros con cargos o contratos con el Estado, es una práctica antigua en Colombia que no fue posible erradicar con la Constitución del 91.

Al contrario se ha hecho más evidente por la connivencia cada vez más fuerte entre los poderes públicos, cuya independencia solo existe en los textos impresos de nuestra Carta y que los políticos nos imponen como dogma de fe para manipular a la opinión pública.

Si se mantuviera esa independencia entre los poderes, no se generarían tantos escándalos cada vez que el Congreso interviene en la elección de magistrados de las altas cortes o de algunos funcionarios con fuero especial como el Fiscal General de la Nación u otros como el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República.

De esta manera, gobernantes, legisladores, jueces y fiscales entran en un círculo vicioso en donde para alcanzar sus propósitos se despojan de consideraciones éticas y morales, se arrodillan ante sus electores, venden su independencia y de soslayo acaban con la institucionalidad del país.

Esa fue la razón por la cual no prosperó la reforma a  la justicia y que el propio Presidente Juan Manuel Santos se encargó de hundir en un procedimiento poco ortodoxo en la interpretación de la Constitución, prefiriendo el statu quo, frente a los privilegios que pretendían tanto congresistas como funcionarios del Poder Judicial.

Si bien, hoy no circulan las cartas de recomendación ni las llamadas telefónicas para solicitar favores, el tráfico de influencias se ejerce de manera directa en los clubes, en las reuniones sociales o a través de asesores y lobistas, tal como se denunció en la Dirección Nacional de Estupefacientes y que compromete al ex congresista, Carlos Albornoz quien fuera su director y a los ex presidentes del Senado Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres Leal y Hernán Francisco Andrade Serrano. Así como a los senadores Myriam Alicia Paredes Aguirre, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Pinedo Vidal, Enrique Rafael Caballero, Cristóbal Rufino Córdoba y Álvaro Ashton Giraldo y a los representantes, Óscar Fernando Bravo Realpe y Héctor José Ospina Avilés.

Y hace unos días, el superintentendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, denunció presiones de los congresistas Roy Barreras (presidente del Senado) y Luz Karime Mota, para cambiar al interventor de la EPS Solsalud.

El tráfico de influencias se ha enquistado como una garrapata al lomo del Estado y lo peor es que no se vislumbran acciones  para combatirlo. Para conseguir un puesto u obtener un contrato por pequeño que sea es necesario buscar un padrino o pasar por debajo de la mesa la “coima”, pues como en el tango, “el que no llora no mama y el que no roba es un gil”. Y así, “vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados”.