“No me duelen los actos de la gente mala, me duele la
indiferencia de la gente buena".
(Martin Luther King)
...
Interponer los “buenos oficios” de quienes ostentan el poder
para favorecer a terceros con cargos o contratos con el Estado, es una práctica
antigua en Colombia que no fue posible erradicar con la Constitución del 91.
Al contrario se ha hecho más evidente por la connivencia cada
vez más fuerte entre los poderes públicos, cuya independencia solo existe en
los textos impresos de nuestra Carta y que los políticos nos imponen como dogma
de fe para manipular a la opinión pública.
Si se mantuviera esa independencia entre los poderes, no se
generarían tantos escándalos cada vez que el Congreso interviene en la elección
de magistrados de las altas cortes o de algunos funcionarios con fuero especial
como el Fiscal General de la Nación u otros como el Procurador General de la
Nación y el Contralor General de la República.
De esta manera, gobernantes, legisladores, jueces y fiscales
entran en un círculo vicioso en donde para alcanzar sus propósitos se despojan
de consideraciones éticas y morales, se arrodillan ante sus electores, venden
su independencia y de soslayo acaban con la institucionalidad del país.
Esa fue la razón por la cual no prosperó la reforma a la justicia y que el propio Presidente Juan
Manuel Santos se encargó de hundir en un procedimiento poco ortodoxo en la
interpretación de la Constitución, prefiriendo el statu quo, frente a los
privilegios que pretendían tanto congresistas como funcionarios del Poder
Judicial.
Si bien, hoy no circulan las cartas de recomendación ni las
llamadas telefónicas para solicitar favores, el tráfico de influencias se
ejerce de manera directa en los clubes, en las reuniones sociales o a través de
asesores y lobistas, tal como se denunció en la Dirección Nacional de
Estupefacientes y que compromete al ex congresista, Carlos Albornoz quien fuera
su director y a los ex presidentes del Senado Luis Humberto Gómez Gallo, Javier
Cáceres Leal y Hernán Francisco Andrade Serrano. Así como a los senadores
Myriam Alicia Paredes Aguirre, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Pinedo Vidal, Enrique
Rafael Caballero, Cristóbal Rufino Córdoba y Álvaro Ashton Giraldo y a los
representantes, Óscar Fernando Bravo Realpe y Héctor José Ospina Avilés.
Y hace unos días, el superintentendente de Salud, Gustavo
Morales Cobo, denunció presiones de los congresistas Roy Barreras (presidente
del Senado) y Luz Karime Mota, para cambiar al interventor de la EPS Solsalud.
El tráfico de influencias se ha enquistado como una garrapata
al lomo del Estado y lo peor es que no se vislumbran acciones para combatirlo. Para conseguir un puesto u
obtener un contrato por pequeño que sea es necesario buscar un padrino o pasar
por debajo de la mesa la “coima”, pues como en el tango, “el que no llora no
mama y el que no roba es un gil”. Y así, “vivimos revolcaos en un merengue y en
el mismo lodo todos manoseados”.
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