Dicen que las comparaciones son odiosas, pero no
puedo sustraerme a hacer un parangón respecto del fracaso de las conversaciones
de Andrés Pastrana en el Caguán, la cacareada seguridad democrática de Álvaro
Uribe Vélez y el avanzado proceso de paz que adelanta Juan Manuel Santos con
las FARC en La Habana, pese a los esfuerzos de sus enemigos para que se rompa
el diálogo y se frustren, una vez más, las esperanzas de los colombianos.
Pastrana y Uribe, coinciden no solo ideológicamente
(ambos son de extrema derecha) sino que ahora también se identifican en el odio
visceral contra Santos, a quien consideran desleal, por su independencia en el
gobierno. Santos fue ministro de Hacienda de Pastrana y titular de Defensa en
el mandato de Uribe.
Y aunque los dos ex mandatarios Pastrana y Uribe,
intentaron a su manera buscar contactos de paz con las FARC, ahora critican a
Santos porque ha logrado superar los obstáculos y comprometer a los
negociadores de la guerrilla en un proceso que al decir de muchos está a punto
de consolidarse en Cuba.
Lo que no gusta a Pastrana y Uribe de las
conversaciones en La Habana, es que se hable de cese bilateral al fuego,
justicia transicional, la constitución de una comisión de la verdad y que
frente a los ataques de la guerrilla en el sur del país, el gobierno no se
levante de la mesa y los bombardee indiscriminadamente, porque no soportan la
idea de la posibilidad de la firma de un documento final que concluya, de una
vez por todas con más de 50 años de guerra.
Y aunque ambos ex mandatarios hablan del
recrudecimiento de las acciones terroristas en los últimos dos meses, muerte a
soldados y policías, ataques a la infraestructura petrolera, torres de energía
y a las vías del país, son los riesgos que se corre de “hablar de paz en medio
de la guerra” como fue la propuesta del gobierno desde cuando se iniciaron los
diálogos en octubre de 2012. Lamentable, pero el camino al cielo está lleno de
abrojos, como dicen en el argot popular.
Pero bien vale la pena comparar los procesos y
establecer si como ellos dicen, la seguridad para los colombianos fue una
garantía real de sus gobiernos:
“El cambio
para construir la paz”
Pastrana se sentó en su momento a manteles con el
propio Manuel Marulanda “Tirofijo” y su “secretariado revolucionario”,
otorgándole, incluso, 42 mil kilómetros cuadrados de territorio en el Caquetá
para que esa guerrilla pudiera movilizarse libremente. Esa concesión –sin
nombre en la historia de Colombia-, casi le cuesta un golpe de Estado tras la
renuncia de su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caycedo y la dimisión por
efecto dominó, de los generales de la cúpula militar. Meses después, tras los
desplantes del propio “Tirofijo”, se justificó con los secuestros de Ingrid
Betancourt y de Jorge Eduardo Gechem Turbay, para dar al traste con su lema “El
cambio para construir la paz”.
Habiendo logrado Pastrana reunir en un mismo sitio
en San Vicente del Caguán a todo el Secretariado de las FARC, no les exigió para
dialogar como lo pide ahora, un alto al fuego unilateral, ni mucho menos la
dejación incondicional de las armas. Tampoco fue capaz de producir una sola
captura y en cambio, sí les dio todas las ventajas para que regresaran a sus
cuarteles de invierno y crecieran en número y en acciones contra la población.
En todos los procesos anteriores, los actos
terroristas, los ataques contra la población civil, los secuestros, asesinatos,
masacres y el exterminio de poblaciones enteras fue una constante.
Durante su gobierno hubo sangrientas tomas
guerrilleras a batallones del Ejército y puestos de Policía, secuestros
masivos, tomas de poblaciones por parte de guerrilleros y se multiplicaron las
masacres por parte de paramilitares (Ver
nota anexa 1).
A Pastrana le cayeron todos los males, pues
descuidó su administración, justificando su mal gobierno en supuestos hechos
derivados de su antecesor Ernesto Samper a quien atacó despiadadamente por las
filtraciones del narcotráfico en la campaña de 1994.
La Seguridad
Democrática
En el Gobierno de Álvaro Uribe, si bien aumentaron
las acciones terroristas de la guerrilla, hubo una disminución creciente de las
incursiones paramilitares, pues casi de inmediato, al asumir el cargo, buscó a
los jefes de esas organizaciones, para proponerles un pacto de paz a su
manera. Fue así cómo en 2003, en el
corregimiento Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), se pactó la
reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC en un proceso
escalonado que culminó en 2006. A los paramilitares, muchos de ellos acusados
de delitos de lesa humanidad, se les aplicó
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en
virtud de la cual solo pagarían ocho años de cárcel. Muchos de ellos ya
comenzaron a salir de prisión en 2015.
Al contrario del proceso de paz de Santos, en los
acuerdos de Uribe con los paras no hubo plenas confesiones de sus delitos, ni
reparación a las víctimas y muchos de ellos continuaron delinquiendo desde las
cárceles. Otros (dicen que más de 30 mil) no pagaron un solo día de cárcel,
pero se les dieron garantías y a muchos se les vinculo a la vida laboral y se
les entregaron subsidios especiales y gabelas, sin que se hiciera lo mismo o al
menos, que se le protegiera los derechos a las víctimas.
Pero a la hora de atravesársele al proceso de paz
con las FARC, ni Uribe ni Pastrana, toman en cuenta que fueron ellos quienes
fortalecieron a la guerrilla y convirtieron a los paramilitares en lo que hoy
se conoce como bandas criminales o bacrim que tienen asolado al país. Y desde
luego que en sus dos gobiernos, aumentó la producción de drogas ilícitas y el
envío de cocaína al exterior (Ver notas anexas 2 y 3)
En este orden de ideas, entonces, ¿en dónde queda
“El cambio para la paz” de Pastrana y la “Seguridad democrática” de Uribe? ¿Por
qué no dejar entonces que se concreten las acciones en La Habana con el aval de
la comunidad internacional, incluyendo al Papa Francisco, y que la paz sea en
breve, una realidad para los colombianos?
Nota al
margen
En los tres últimos gobiernos, hasta el año pasado,
se realizaron 2.039 voladuras de oleoductos y 1.910 torres de energía fueron derribadas.
Curiosamente en los dos gobiernos de Uribe hubo 700 atentados contra la
infraestructura petrolera y 1.120 contra las torres del sistema eléctrico
nacional, no obstante que fue entre 2002 y 2009 cuando, según cifras de las
autoridades, las petroleras incrementaron el pago de sobornos y vacunas, tanto
a la guerrilla como a los paramilitares.
ANEXO 1
Poco antes de asumir Pastrana el gobierno, se
produjo la toma de El Billar (3 de marzo de 1998), una de las más graves por
sus implicaciones frente a la estrategia militar de las Fuerzas Armadas y cuyo
saldo fue de 63 militares muertos y 48 secuestrados.
Después, en Agosto de 1998 fue atacada la base de
Miraflores en Guaviare, por más de 500 guerrilleros de las FARC. Hubo 9
muertos, 10 heridos y 22 desaparecidos.
Sucesivamente en noviembre de 1998 fue atacada la
base de Mitú en Vaupés por 1.900 hombres al mando del “Mono Jojoy”. Murieron 16
policías, 24 militares, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados. El ataque
duró 3 días.
Antes el 18 de octubre de 1998 y a pesar de que el
Gobierno Nacional había reconocido status político al ELN, fue volado el
Oleoducto Colombia, en el corregimiento Machuca del municipio de Segovia,
Antioquia. 100 personas murieron incineradas y más 30 sufrieron heridas graves.
En febrero de 1999, las FARC secuestraron y asesinaron a tres indigenistas
estadounidenses en Boyacá.
El 12 de abril de 1999 guerrilleros del ELN secuestraron el avión de Avianca. Fueron
secuestrados 46 pasajeros, quienes fueron liberados en el transcurso de ese
año.
En Cali, el 30 de mayo de 1999, el ELN se llevó a 285 personas y al párroco
que oficiaba una misa en la Iglesia La María. Posteriormente fueron liberados a
lo largo de un año.
El 29 de septiembre de 2001 la ex ministra de
Cultura Consuelo Araujo promotora del Festival de la Leyenda Vallenata y esposa
del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya fue secuestrada y asesinada
por guerrilleros de las FARC.
El 20 de febrero de 2002, el congresista del
departamento de Huila, Jorge Eduardo Gechem Turbay, fue secuestrado en pleno
vuelo cuando hacía la ruta Neiva-Bogotá. Tres días después las FARC
secuestraron a Ingrid Betancourt y Clara Rojas en un lugar entre Florencia y
San Vicente del Caguán, en Caquetá.
El 11 de abril de 2002, un comando de las FARC entró en el Palacio de San Luis, sede de la
Asamblea del Valle del Cauca, y secuestró a 12 de sus diputados. A mediados de
2007, 11 de ellos fueron asesinados por el grupo guerrillero. El único
sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado el 5 de febrero de 2009.
El 2 de mayo de 2002, el Frente “Iván Ríos” de las
FARC asesinó a 119 personas en la Iglesia del Municipio de Bojayá, departamento
de Chocó, pese a las advertencias del Defensor del Pueblo a los altos mandos y
al Ministro de Defensa de ese entonces.
ANEXO 2
El 7 de agosto de 2002, minutos antes de la
posesión del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, explotaron dos
granadas de mortero que fueron dirigidos hacia la Casa de Nariño, hiriendo a cuatro
miembros del cuerpo de seguridad. De forma simultánea, en el barrio aledaño de
El Cartucho, otro artefacto mató a 14 personas e hirió a otras 25.
El 14 de febrero de 2003, fue volada una casa del
barrio Villa Magdalena, la explosión
dejó 15 personas muertas, entre civiles y policías. Se hizo circular la versión
de que el atentado era dirigido contra el Presidente Uribe.
La noche del 7 de febrero de 2003 un carro bomba
con más de 200 kilos de explosivos estalló en el tercer piso del parqueadero
del club El nogal de Bogotá. El atentado, atribuido a las FARC, dejó 35
personas muertas y más de 200 heridas.
El 5 de mayo de 2003, el gobernador de Antioquia,
Guillermo Gaviria, el Ex Ministro de Defensa Nacional y consejero de paz de la
Gobernación de Antioquia, Gilberto Echeverry, y ocho de 11 militares
secuestrados por las FARC, murieron en una operación de rescate del Ejército.
El 17 de 2004 en La Gabarra, Norte de Santander, 34 “raspachines” de coca, fueron asesinados en medio de los
diálogos con las AUC.
El 24 de marzo de 2005 fueron asesinados por las
FARC cinco concejales del municipio
de Puerto Rico, departamento de Caquetá.
El 10 de octubre de 2005, a la salida de una
emisora local, el senador Germán Vargas Lleras fue objeto de un atentado con
carro bomba.
El 29 de
octubre de 2996, un carro bomba explotó en el parqueadero de la Escuela
Superior de Guerra en Bogotá, con saldo de 23 personas heridas.
El 9 de abril de 2007, una persona murió y 42
resultaron heridas, al explotar un carro bomba que destruyó el cuartel de la
Policía Metropolitana de Cali.
En Tibú Norte de Santander, el 12 de enero de 2009, miembros de las FARC atentan contra
un pozo petrolero y queman seis vehículos. Sucesivamente el 14 y 16 de enero
del mismo año, se registró un atentado contra el sistema de transporte masivo
MIO, de Cali, que no deja personas lesionadas y un carro bomba estalla en un
centro comercial en Neiva. La explosión causó daños a más de 200 locales
comerciales.
El 1 de febrero del mismo año las FARC colocaron un
carro bomba frente a la sede central de inteligencia de la Policía en Cali.
Mueren 2 personas, 56 quedan heridas y resultan afectadas 240 casas y más de
300 locales comerciales.
El 4 de febrero de 2009 las FARC asesinaron a 17 indígenas de la etnia Awá en el resguardo
Tortugal Telembí, departamento de Nariño.
No obstante todos estos actos terroristas, en 2009 Álvaro
Uribe emprende en secreto acercamientos de paz con las FARC con la mediación de
Brasil, que no prosperaron por la cercanía del cambio de gobierno.
ANEXO 3
Los gobiernos de Pastrana y Uribe, fueron
permisivos con el accionar de las denominadas autodefensas, a las cuales se les
atribuyen crímenes de lesa humanidad, desplazamientos masivos, destrucción y
caos.
Algunos de los hechos más graves se resumen así:
En mayo de 1998 las AUC se toman Puerto Alvira,
Meta y asesinaron a 20 personas e hirieron a siete más. Destruyeron casas,
negocios y el aeropuerto. Unos días después estas organizaciones en asocio de
policías y militares, mataron a 32 personas en Barrancabermeja y San Rafael de
Lebrija.
En enero de 1999 las AUC mataron once personas en Santa Isabel, municipio de
Curumaní, Cesar.
En mayo de ese año asesinaron en Putumayo, a 26 personas y las arrojaron al rio
Guamuez. Otras 14 fueron desaparecidas.
El 29 de mayo de 1999, aproximadamente 300 hombres
de las autodefensas, con ayuda de la Policía, según los investigadores, asesinaron
a 35 personas y dejaron a 6 más heridas en el corregimiento de La Gabarra Norte
de Santander.
Entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000, paramilitares,
con la anuencia de autoridades y de políticos de la región, asesinaron a 66
campesinos en El Salado, Carmen de Bolívar. Luego en octubre de ese mismo año,
los paras asesinaron a 12 personas en Macayepo, en el mismo municipio. Un mes
después, murieron 38 campesinos y pescadores en la Ciénaga Grande del Magdalena
y 13 más en el corregimiento Nueva Venecia.
En Enero de 2001 en Chengue, Sucre, fueron
asesinados por paramilitares 27 campesinos. Se acusó a la Armada y a la Policía
de coparticipación en el hecho.
En El Naya, Cauca, en abril de 2001, Las AUC
asesinaron 27 campesinos e indígenas. Las autoridades que habían sido
advertidas del hecho, llegaron diez días después. Seis meses después, el mismo
Bloque Calima asesinó en dos corregimientos de Buga, Valle a 24 personas.
El 9 de agosto de 2002, ya en el Gobierno de Uribe
Vélez, el Ejército ajustició a 24 miembros del Bloque Metro de las AUC. , que supuestamente
se encontraban en indefensión.
