martes, 16 de junio de 2015

DE LAS CRÍTICAS DE PASTRANA Y URIBE, A LA PAZ DE SANTOS


Dicen que las comparaciones son odiosas, pero no puedo sustraerme a hacer un parangón respecto del fracaso de las conversaciones de Andrés Pastrana en el Caguán, la cacareada seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y el avanzado proceso de paz que adelanta Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana, pese a los esfuerzos de sus enemigos para que se rompa el diálogo y se frustren, una vez más, las esperanzas de los colombianos.

Pastrana y Uribe, coinciden no solo ideológicamente (ambos son de extrema derecha) sino que ahora también se identifican en el odio visceral contra Santos, a quien consideran desleal, por su independencia en el gobierno. Santos fue ministro de Hacienda de Pastrana y titular de Defensa en el mandato de Uribe. 

Y aunque los dos ex mandatarios Pastrana y Uribe, intentaron a su manera buscar contactos de paz con las FARC, ahora critican a Santos porque ha logrado superar los obstáculos y comprometer a los negociadores de la guerrilla en un proceso que al decir de muchos está a punto de consolidarse en Cuba.

Lo que no gusta a Pastrana y Uribe de las conversaciones en La Habana, es que se hable de cese bilateral al fuego, justicia transicional, la constitución de una comisión de la verdad y que frente a los ataques de la guerrilla en el sur del país, el gobierno no se levante de la mesa y los bombardee indiscriminadamente, porque no soportan la idea de la posibilidad de la firma de un documento final que concluya, de una vez por todas con más de 50 años de guerra.

Y aunque ambos ex mandatarios hablan del recrudecimiento de las acciones terroristas en los últimos dos meses, muerte a soldados y policías, ataques a la infraestructura petrolera, torres de energía y a las vías del país, son los riesgos que se corre de “hablar de paz en medio de la guerra” como fue la propuesta del gobierno desde cuando se iniciaron los diálogos en octubre de 2012. Lamentable, pero el camino al cielo está lleno de abrojos, como dicen en el argot popular.

Pero bien vale la pena comparar los procesos y establecer si como ellos dicen, la seguridad para los colombianos fue una garantía real de sus gobiernos:

“El cambio para construir la paz”


Pastrana se sentó en su momento a manteles con el propio Manuel Marulanda “Tirofijo” y su “secretariado revolucionario”, otorgándole, incluso, 42 mil kilómetros cuadrados de territorio en el Caquetá para que esa guerrilla pudiera movilizarse libremente. Esa concesión –sin nombre en la historia de Colombia-, casi le cuesta un golpe de Estado tras la renuncia de su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caycedo y la dimisión por efecto dominó, de los generales de la cúpula militar. Meses después, tras los desplantes del propio “Tirofijo”, se justificó con los secuestros de Ingrid Betancourt y de Jorge Eduardo Gechem Turbay, para dar al traste con su lema “El cambio para construir la paz”.

Habiendo logrado Pastrana reunir en un mismo sitio en San Vicente del Caguán a todo el Secretariado de las FARC, no les exigió para dialogar como lo pide ahora, un alto al fuego unilateral, ni mucho menos la dejación incondicional de las armas. Tampoco fue capaz de producir una sola captura y en cambio, sí les dio todas las ventajas para que regresaran a sus cuarteles de invierno y crecieran en número y en acciones contra la población.

En todos los procesos anteriores, los actos terroristas, los ataques contra la población civil, los secuestros, asesinatos, masacres y el exterminio de poblaciones enteras fue una constante.

Durante su gobierno hubo sangrientas tomas guerrilleras a batallones del Ejército y puestos de Policía, secuestros masivos, tomas de poblaciones por parte de guerrilleros y se multiplicaron las masacres por parte de paramilitares (Ver nota anexa 1).

A Pastrana le cayeron todos los males, pues descuidó su administración, justificando su mal gobierno en supuestos hechos derivados de su antecesor Ernesto Samper a quien atacó despiadadamente por las filtraciones del narcotráfico en la campaña de 1994.

La Seguridad Democrática



En el Gobierno de Álvaro Uribe, si bien aumentaron las acciones terroristas de la guerrilla, hubo una disminución creciente de las incursiones paramilitares, pues casi de inmediato, al asumir el cargo, buscó a los jefes de esas organizaciones, para proponerles un pacto de paz a su manera.  Fue así cómo en 2003, en el corregimiento Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), se pactó la reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC en un proceso escalonado que culminó en 2006. A los paramilitares, muchos de ellos acusados de delitos de lesa humanidad, se les aplicó
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en virtud de la cual solo pagarían ocho años de cárcel. Muchos de ellos ya comenzaron a salir de prisión en 2015.

Al contrario del proceso de paz de Santos, en los acuerdos de Uribe con los paras no hubo plenas confesiones de sus delitos, ni reparación a las víctimas y muchos de ellos continuaron delinquiendo desde las cárceles. Otros (dicen que más de 30 mil) no pagaron un solo día de cárcel, pero se les dieron garantías y a muchos se les vinculo a la vida laboral y se les entregaron subsidios especiales y gabelas, sin que se hiciera lo mismo o al menos, que se le protegiera los derechos a las víctimas.

Pero a la hora de atravesársele al proceso de paz con las FARC, ni Uribe ni Pastrana, toman en cuenta que fueron ellos quienes fortalecieron a la guerrilla y convirtieron a los paramilitares en lo que hoy se conoce como bandas criminales o bacrim que tienen asolado al país. Y desde luego que en sus dos gobiernos, aumentó la producción de drogas ilícitas y el envío de cocaína al exterior (Ver notas anexas 2 y 3)

En este orden de ideas, entonces, ¿en dónde queda “El cambio para la paz” de Pastrana y la “Seguridad democrática” de Uribe? ¿Por qué no dejar entonces que se concreten las acciones en La Habana con el aval de la comunidad internacional, incluyendo al Papa Francisco, y que la paz sea en breve, una realidad para los colombianos?

Nota al margen

En los tres últimos gobiernos, hasta el año pasado, se realizaron 2.039 voladuras de oleoductos y 1.910 torres de energía fueron derribadas. Curiosamente en los dos gobiernos de Uribe hubo 700 atentados contra la infraestructura petrolera y 1.120 contra las torres del sistema eléctrico nacional, no obstante que fue entre 2002 y 2009 cuando, según cifras de las autoridades, las petroleras incrementaron el pago de sobornos y vacunas, tanto a la guerrilla como a los paramilitares.




ANEXO 1

Poco antes de asumir Pastrana el gobierno, se produjo la toma de El Billar (3 de marzo de 1998), una de las más graves por sus implicaciones frente a la estrategia militar de las Fuerzas Armadas y cuyo saldo fue de 63 militares muertos y 48 secuestrados.

Después, en Agosto de 1998 fue atacada la base de Miraflores en Guaviare, por más de 500 guerrilleros de las FARC. Hubo 9 muertos, 10 heridos y 22 desaparecidos.

Sucesivamente en noviembre de 1998 fue atacada la base de Mitú en Vaupés por 1.900 hombres al mando del “Mono Jojoy”. Murieron 16 policías, 24 militares, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados. El ataque duró 3 días.

Antes el 18 de octubre de 1998 y a pesar de que el Gobierno Nacional había reconocido status político al ELN, fue volado el Oleoducto Colombia, en el corregimiento Machuca del municipio de Segovia, Antioquia. 100 personas murieron incineradas y más 30 sufrieron heridas graves.

En febrero de 1999, las FARC secuestraron y asesinaron a tres indigenistas estadounidenses en Boyacá.

El 12 de abril de 1999 guerrilleros del ELN secuestraron el avión de Avianca. Fueron secuestrados 46 pasajeros, quienes fueron liberados en el transcurso de ese año.

En Cali, el 30 de mayo de 1999,  el ELN se llevó a 285 personas y al párroco que oficiaba una misa en la Iglesia La María. Posteriormente fueron liberados a lo largo de un año.

El 29 de septiembre de 2001 la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo promotora del Festival de la Leyenda Vallenata y esposa del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya fue secuestrada y asesinada por guerrilleros de las FARC.

El 20 de febrero de 2002, el congresista del departamento de Huila, Jorge Eduardo Gechem Turbay, fue secuestrado en pleno vuelo cuando hacía la ruta Neiva-Bogotá. Tres días después las FARC secuestraron a Ingrid Betancourt y Clara Rojas en un lugar entre Florencia y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

El 11 de abril de 2002, un comando de las FARC entró en el Palacio de San Luis, sede de la Asamblea del Valle del Cauca, y secuestró a 12 de sus diputados. A mediados de 2007, 11 de ellos fueron asesinados por el grupo guerrillero. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado el 5 de febrero de 2009.

El 2 de mayo de 2002, el Frente “Iván Ríos” de las FARC asesinó a 119 personas en la Iglesia del Municipio de Bojayá, departamento de Chocó, pese a las advertencias del Defensor del Pueblo a los altos mandos y al Ministro de Defensa de ese entonces.

  
 ANEXO 2

El 7 de agosto de 2002, minutos antes de la posesión del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, explotaron dos granadas de mortero que fueron dirigidos hacia la Casa de Nariño, hiriendo a cuatro miembros del cuerpo de seguridad. De forma simultánea, en el barrio aledaño de El Cartucho, otro artefacto mató a 14 personas e hirió a otras 25.

El 14 de febrero de 2003, fue volada una casa del barrio Villa Magdalena, la explosión dejó 15 personas muertas, entre civiles y policías. Se hizo circular la versión de que el atentado era dirigido contra el Presidente Uribe.

La noche del 7 de febrero de 2003 un carro bomba con más de 200 kilos de explosivos estalló en el tercer piso del parqueadero del club El nogal de Bogotá. El atentado, atribuido a las FARC, dejó 35 personas muertas y más de 200 heridas.

El 5 de mayo de 2003, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el Ex Ministro de Defensa Nacional y consejero de paz de la Gobernación de Antioquia, Gilberto Echeverry, y ocho de 11 militares secuestrados por las FARC, murieron en una operación de rescate del Ejército.

El 17 de 2004 en La Gabarra, Norte de Santander, 34 “raspachines”  de coca, fueron asesinados en medio de los diálogos con las AUC.

El 24 de marzo de 2005 fueron asesinados por las FARC cinco concejales del municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá.

El 10 de octubre de 2005, a la salida de una emisora local, el senador Germán Vargas Lleras fue objeto de un atentado con carro bomba.

El 29 de octubre de 2996, un carro bomba explotó en el parqueadero de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, con saldo de 23 personas heridas.

El 9 de abril de 2007, una persona murió y 42 resultaron heridas, al explotar un carro bomba que destruyó el cuartel de la Policía Metropolitana de Cali.

En Tibú Norte de Santander, el 12 de enero de 2009, miembros de las FARC atentan contra un pozo petrolero y queman seis vehículos. Sucesivamente el 14 y 16 de enero del mismo año, se registró un atentado contra el sistema de transporte masivo MIO, de Cali, que no deja personas lesionadas y un carro bomba estalla en un centro comercial en Neiva. La explosión causó daños a más de 200 locales comerciales.

El 1 de febrero del mismo año las FARC colocaron un carro bomba frente a la sede central de inteligencia de la Policía en Cali. Mueren 2 personas, 56 quedan heridas y resultan afectadas 240 casas y más de 300 locales comerciales.

El 4 de febrero de 2009 las FARC asesinaron a 17 indígenas de la etnia Awá en el resguardo Tortugal Telembí, departamento de Nariño.

No obstante todos estos actos terroristas, en 2009 Álvaro Uribe emprende en secreto acercamientos de paz con las FARC con la mediación de Brasil, que no prosperaron por la cercanía del cambio de gobierno.

  
ANEXO 3

Los gobiernos de Pastrana y Uribe, fueron permisivos con el accionar de las denominadas autodefensas, a las cuales se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, desplazamientos masivos, destrucción y caos.

Algunos de los hechos más graves se resumen así:

En mayo de 1998 las AUC se toman Puerto Alvira, Meta y asesinaron a 20 personas e hirieron a siete más. Destruyeron casas, negocios y el aeropuerto. Unos días después estas organizaciones en asocio de policías y militares, mataron a 32 personas en Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija.

En enero de 1999 las AUC mataron once personas en Santa Isabel, municipio de Curumaní, Cesar.
En mayo de ese año asesinaron en Putumayo, a 26 personas y las arrojaron al rio Guamuez. Otras 14 fueron desaparecidas.

El 29 de mayo de 1999, aproximadamente 300 hombres de las autodefensas, con ayuda de la Policía, según los investigadores, asesinaron a 35 personas y dejaron a 6 más heridas en el corregimiento de La Gabarra Norte de Santander.

Entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000, paramilitares, con la anuencia de autoridades y de políticos de la región, asesinaron a 66 campesinos en El Salado, Carmen de Bolívar. Luego en octubre de ese mismo año, los paras asesinaron a 12 personas en Macayepo, en el mismo municipio. Un mes después, murieron 38 campesinos y pescadores en la Ciénaga Grande del Magdalena y 13 más en el corregimiento Nueva Venecia.

En Enero de 2001 en Chengue, Sucre, fueron asesinados por paramilitares 27 campesinos. Se acusó a la Armada y a la Policía de coparticipación en el hecho.

En El Naya, Cauca, en abril de 2001, Las AUC asesinaron 27 campesinos e indígenas. Las autoridades que habían sido advertidas del hecho, llegaron diez días después. Seis meses después, el mismo Bloque Calima asesinó en dos corregimientos de Buga, Valle a 24 personas.

El 9 de agosto de 2002, ya en el Gobierno de Uribe Vélez, el Ejército ajustició a 24 miembros del Bloque Metro de las AUC. , que supuestamente se encontraban en indefensión.


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