VOTO EN BLANCO SIN EFECTOS LEGALES

Humberto De la Calle, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, 

votarán en blanco dejando expósitos a sus electores.

El anuncio de Sergio Fajardo, Humberto De la Calle y Jorge Robledo, de votar en blanco para la segunda vuelta presidencial, contribuye a confundir más la opinión y deja un tufillo revanchista por su derrota, sin importarles la suerte del país ni mucho menos la de sus electores.

¿Pero qué pasaría si ganara esta opción?

El artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009 consagra que en caso de que gane el voto en blanco "deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”.

Y agrega el mismo artículo que “tratándose de elecciones unipersonales (presidente, alcalde y gobernador) no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral".

Esto quiere decir que en caso de que ganara el voto en blanco no tendría ninguna consecuencia, ganaría el candidato que más votos obtenga. La opción de cambio de candidatos se aplicaba sólo en primera vuelta.

Así mismo, si en la repetición de las votaciones llegara a ganar nuevamente el voto en blanco, quedaría como ganador el candidato que alcanzó la mayoría de votos válidos en el certamen electoral.

La Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 2011 declaró inexequible la norma de la Reforma Política que ordenaba repetir elecciones "cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación" y en consecuencia la mayoría necesaria para repetir la elección es mayoría absoluta, es decir el 50% más 1 de los votos válidos, y no mayoría simple.

¿Y EN DÓNDE ESTÁ EL FISCAL?

                                      ÁLVARO URIBE V.             NÉSTOR H. MARTÍNEZ

Con los mismos argumentos y la existencia de supuestas pruebas de narcotráfico, que aún las autoridades norteamericanas no han mostrado a la JEP para corroborar las fechas en que se cometió la pretendida violación a los acuerdos de La Habana, por parte del exguerrillero Jesús Santrich, las autoridades colombianas deberían ordenar la captura del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

En los últimos días, un artículo del New York Times, refiere como  algunos cables diplomáticos, que hasta el momento eran confidenciales y que fueron desclasificados por solicitud de la organización Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés), aseguran que el exmandatario colombiano Álvaro Uribe habría tenido vínculos con narcotraficantes.

Las pruebas –dicen en Estados Unidos-, al parecer no existen porque las organizaciones de investigación norteamericanas las borró, y solo dejó algunos cables que fueron desclasificados y que ahora aparecen en el New York Times.

Todas estas afirmaciones publicadas en los últimos días, se conocen de tiempo atrás en Colombia y han sido corroboradas por decenas de narco-paramilitares extraditados, y otros presos, aquí y en Estados Unidos y los procesos contra Uribe avanzan a paso de tortuga.

El influyente periódico se remite a las denuncias formuladas por sus coterráneos y copartidarios en el Partido Liberal de entonces, los senadores Luis Guillermo Vélez, fallecido de un infarto, en Bogotá el 6 de febrero de 2007; y  Francisco Alejandro González Jaramillo, asesinado en Medellín por dos sicarios que se movilizaban en una moto el 31 de enero de 1994. Es decir, dos testigos más de las andanzas ilegales del exmandatario del Centro Democrático, desaparecieron y con ellos se fueron las pruebas que también hubiesen podido aportar.

Pero con todas las evidencias recogidas por años y que figuran en los procesos que aún siguen abiertos contra el exmandatario, sigue gozando de libertad plena.

Lo curioso de todo es, que en los casos que afectan al jefe del uribismo, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, no tiene la misma diligencia para adelantar las investigaciones (y nunca la ha tenido la Fiscalía), como si lo ha hecho en el caso de Jesús Santrich, a quien ha tomado como chivo expiatorio, para pretender no solo hacer trizas la paz, sino demostrar su tesis, según la cual, todos los guerrilleros que dejaron las armas y se sometieron al proceso, siguen delinquiendo más allá de la firma de los acuerdos.

Para Martínez, pareciera que existen delincuentes de primera y de segunda clase, pues a juzgar por los resultados de las investigaciones, solo merecen la cárcel los guerrilleros, pero no así los comerciantes, banqueros, dirigentes del sector financiero e industriales que pagaron para sostener la guerra ni mucho menos los políticos que se lucraron del narcotráfico; se hicieron elegir en el Senado, la Cámara, las gobernaciones y alcaldías y se ampararon bajo las armas y las motosierras de los paramilitares.

#DespiertaColombia.