Con los mismos argumentos y la existencia de supuestas
pruebas de narcotráfico, que aún las autoridades norteamericanas no han
mostrado a la JEP para corroborar las fechas en que se cometió la pretendida
violación a los acuerdos de La Habana, por parte del exguerrillero Jesús
Santrich, las autoridades colombianas deberían ordenar la captura del
expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
En los últimos días, un artículo del New York Times, refiere
como algunos cables diplomáticos, que
hasta el momento eran confidenciales y que fueron desclasificados por solicitud
de la organización Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA por sus
siglas en inglés), aseguran que el exmandatario colombiano Álvaro Uribe habría
tenido vínculos con narcotraficantes.
Las pruebas –dicen en Estados Unidos-, al parecer no existen
porque las organizaciones de investigación norteamericanas las borró, y solo
dejó algunos cables que fueron desclasificados y que ahora aparecen en el New York Times.
Todas estas afirmaciones publicadas en los últimos días, se
conocen de tiempo atrás en Colombia y han sido corroboradas por decenas de
narco-paramilitares extraditados, y otros presos, aquí y en Estados Unidos y los procesos contra
Uribe avanzan a paso de tortuga.
El influyente periódico se remite a las denuncias formuladas
por sus coterráneos y copartidarios en el Partido Liberal de entonces, los
senadores Luis Guillermo Vélez, fallecido de un infarto, en Bogotá el 6 de
febrero de 2007; y Francisco Alejandro
González Jaramillo, asesinado en Medellín por dos sicarios que se movilizaban
en una moto el 31 de enero de 1994. Es decir, dos testigos más de las andanzas
ilegales del exmandatario del Centro Democrático, desaparecieron y con ellos se
fueron las pruebas que también hubiesen podido aportar.
Pero con todas las evidencias recogidas por años y que
figuran en los procesos que aún siguen abiertos contra el exmandatario, sigue
gozando de libertad plena.
Lo curioso de todo es, que en los casos que afectan al jefe
del uribismo, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, no tiene la misma diligencia
para adelantar las investigaciones (y nunca la ha tenido la Fiscalía), como si
lo ha hecho en el caso de Jesús Santrich, a quien ha tomado como chivo expiatorio,
para pretender no solo hacer trizas la paz, sino demostrar su tesis, según la
cual, todos los guerrilleros que dejaron las armas y se sometieron al proceso,
siguen delinquiendo más allá de la firma de los acuerdos.
Para Martínez, pareciera que existen delincuentes de primera
y de segunda clase, pues a juzgar por los resultados de las investigaciones,
solo merecen la cárcel los guerrilleros, pero no así los comerciantes,
banqueros, dirigentes del sector financiero e industriales que pagaron para
sostener la guerra ni mucho menos los políticos que se lucraron del narcotráfico; se hicieron elegir en el Senado, la Cámara, las gobernaciones y alcaldías y se
ampararon bajo las armas y las motosierras de los paramilitares.
#DespiertaColombia.
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