¿QUIENES RECIBIERON SOBORNOS DE ODEBRECHT?

                          Andrés Uriel Gallego                Gabriel García Morales                         

Andrés Uriel Gallego, el fallecido Ministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no solo estuvo implicado en los sobornos de la transnacional Odebrecht, sino que la Contraloría General de la República, le halló fiscalmente responsable por el pago de más de $193 mil millones sin justificación por las obras de construcción del túnel de La Línea.

En el primero de los casos, Gallego aparece involucrado junto con su viceministro Gabriel García Morales por haber recibido, según información en poder de autoridades de los Estados Unidos, US$6.5 millones, para que se le adjudicara a través del antiguo INCO los contratos del segundo sector de la Ruta del Sol.

Según indagaciones preliminares, por los sobornos de Odebrecht, aparecen implicados, siete exfuncionarios del mismo ministerio.

Pero además de este contrato, adjudicado en diciembre de 2009, ambos personajes aparecen también enredados con el Grupo Nule para la entrega irregular de licitaciones, en la capital del país, de acuerdo con las declaraciones que rindió ante la Fiscalía, en ese entonces, el exsubdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez.

En declaraciones públicas formuladas, también por la época por el exviceministro de Transporte García Morales, implica en supuestos sobornos a Miguel Peñaloza, uno de los consejeros del Presidente Juan Manuel Santos y quien ocupó en 2012, aunque transitoriamente, el viceministerio de Transporte.

En cuanto a las irregularidades del túnel de La Línea, la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura Física estableció que a los contratistas, la empresa Unión Temporal Segundo Centenario, se les pagó de manera anticipada –sin respaldos legales y sin justificación- $243.682 millones de pesos, lo cual generó un detrimento patrimonial.

Esos dineros desprotegidos pasaron a manos privadas sin que se cumplieran las normas que la ley establece.

La Contraloría, vinculó al proceso de responsabilidad fiscal, además del ex ministro Andrés Uriel Gallego, a la Unión Temporal Segundo Centenario, integrada por el señor Miguel Emilio Castillo Baute y las empresas Condux S.A., Constructora Fronpeca Sucursal Colombia, Alvarez y Collins S.A., Constructora Carlos Collins, Promotora Montecarlo Vías S.A, Túneles de Colombia S.A., Construirte Ltda., Constructores Gayco S.A., Tecniciviles S.A., Arquitectura S.A y el representante legal Carlos Guillermo Collins Espeleta; Juan Gabriel Berón Zea, ex secretario técnico del INVIAS; Daniel Andrés García Arizabaleta, ex director de INVÍAS; Carlos Alberto Rosado Zúñiga, exdirector de INVÍAS; Juan Esteban Gil Chavarria, exdirector de gerencia de proyectos de INVÍAS; Héctor Nieto Céspedes, exfuncionario de INVÍAS y supervisor del contrato; Consorcio Dis S.A.-EDL LTDA y su representante legal Enrique Dávila Lozano, cuya firma era la interventora privada del contrato.

Aparentemente, con el fallecimiento de Andrés Uriel Gallego (abril de 2014), los procesos en su contra quedaron en el olvido, incluyendo los que cursaban en la Fiscalía y la Procuraduría, por irregularidades en el RUNT, que ilegalmente funcionó durante seis meses, generando un detrimento patrimonial contra el Estado por $7.820 millones.

Yo no fui

En un comunicado divulgado este viernes, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, se declaró inocente por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht para que se le adjudicaran contratos de la denominada Ruta del Sol.

“Mostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009, siempre se procedió con rigor y transparencia” dijo, tras advertir que “el proceso de adjudicación conocido como Ruta del Sol fue estructurado por la Corporación Financiera Internacional y vigilado por organismos de control, brindando las máximas garantías para todos los proponentes”.

Los líos en Cormagdalena

Cormagdalena en Barrancabermeja

El 15 de agosto de 2014, bajo la dirección de Augusto García, la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), adjudicó el contrato para recuperar el afluente a lo largo de 1.528 kilómetros.

La licitación se la ganó Navelena SAS, una empresa integrada por la constructora brasileña Odebrecht, con el 87 % de participación, y el grupo Valorcon de Barranquilla, de propiedad de la familia Gerlein, con el 13 %. Fueron los únicos proponentes.

De acuerdo con el contrato, se ejecutarán obras a trece años con una inversión de $2,5 billones.

Este contrato no ha estado exento de complicaciones en su ejecución por cuestionamientos en torno a la solvencia económica de la obra.

Ahora, al conocerse desde los Estados Unidos las denuncias sobre sobornos por US$5 millones, que pagó la compañía brasileña en Colombia para hacerse a ejecución de la obra, nuevamente crece la incertidumbre respecto del cumplimiento del contrato.

Las sedes en Bogotá, Barrancabermeja y Barranquilla de Cormagdalena, Navelena, Odebrecht y su filial Varlorcon fueron allanadas por el CTI de la Fiscalía, por orden del propio Presidente Juan Manuel Santos, quien pidió investigar las denuncias “caiga quien caiga”.

Desde su nacimiento con la Constitución del 91, Cormagdalena ha estado sometida a todo tipo escándalos, especialmente porque los políticos regionales se han apoderado de ella y porque maneja $100 mil millones anuales de regalías. Tiene jurisdicción en 13 departamentos y 128 municipios desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Caribe colombiano.

De su junta directiva forman parte los ministerios de Transporte, Ambiente, Minas, Comercio y Agricultura; el presidente de Ecopetrol (principal usuario del río), tres gobernadores (Cundinamarca, Santander y Bolívar), un delegado del presidente, un representante del sector privado (Puerto de Cartagena) y seis alcaldes escogidos entre los municipios ribereños.

Pero la mayor influencia sobre Cormagdalena la tienen hoy seis familias políticas de la costa Caribe: García Zucardi, Char, Name, Cotes, Gerlein  y Araújo, quienes imponen a sus directores y obviamente buena parte de sus funcionarios.

Todo esto ha sido cuestionado, pero en buena parte es el reflejo de la manera como se maneja el país.