EL ECOCIDIO SILENCIOSO EN COLOMBIA

Colombia se prepara para suscribir un acuerdo de paz para acabar con una guerra que en sólo 50 años ha dejado más de 300 mil muertos, un millón de víctimas y cinco millones de desplazados; pero los gobiernos han privilegiado la explotación de nuestros recursos naturales, cohonestando con ello otro escenario de violencia que silenciosamente genera más pobreza, destrucción, desolación y pérdida de vidas que el golpeteo de las ametralladoras.

Los daños ambientales y estructurales no cesan mientras no exista una regulación adecuada que garantice la explotación limpia de nuestra riqueza natural.

El Gobierno Nacional tiene fincadas sus esperanzas en la denominada “locomotora minera”, pero al igual que las anteriores administraciones, le interesa más el dinero de las regalías que la preservación del medio. Es así como en los últimos cuatro años se ha multiplicado la exploración de petróleo, carbón y oro e inmensas fuentes de agua han resultado afectadas por la contaminación, con lo cual pueblos enteros se mueren de sed.

El impacto por la contaminación se observa en todas las latitudes del país. No obstante hay departamentos con mayor afectación, por encontrarse en las zonas de exploración y explotación minera, o el paso de los oleoductos.

Un ejemplo de ello lo constituye la delimitación de las zonas de explotación aurífera del Páramo de San Turbán que afecta 43 mil hectáreas de los municipios de California, Vetas, Tona, Charta y Suratá, en Santander. La ministra del Medio Ambiente, Luz Elena Sarmiento, dijo que para enero de este año, estarían listos los límites para evitar que 10 empresas quedaran dentro de la zona de reserva natural del páramo que produce el agua para 23 municipios, algunos de ellos de Norte de Santander. Sin embargo la población sigue esperando el anuncio del gobierno y se teme que por el cambio de titular de la cartera, favorezca ahora a algunas empresas como Eco Oro (antigua Greystar) y Leyhat, que han amenazado con salir del país si no se les brinda las garantías para continuar su labor con la cual han afectado comunidades enteras. La zona, al ser declarada reserva, protegería 26 lagunas y 293 especies de fauna y flora.

No todo lo que brilla es oro

Más grave aún la situación que se presenta en Cajamarca, Tolima, por cuenta de la explotación de La Colosa, La mina de oro a cielo abierto más grande del mundo a cargo de la transnacional surafricana Anglogold Ashanti.

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria del Tolima (organización que agrupa varias comunidades indígenas) dice que la explotación de oro contaminaría 161 nacimientos de agua y que el uso del líquido para su producción (nueve millones de metros cúbicos al año), equivale al consumo mínimo de 400 mil personas. Además afecta seriamente una despensa agropecuaria para la región y el país.

Aunque la explotación solo está prevista a partir de 2019, el Gobierno de Juan Manuel Santos aún no se pronuncia en torno a las peticiones de la comunidad, para garantizarles su supervivencia y evitar los daños ecológicos colaterales.

El carbón de La Guajira y Cesar

En estos dos departamentos se encuentran las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, con reservas de carbón de alto poder calorífico, y reducidos costos de explotación y transporte que colocan a Colombia en un sitial privilegiado, si se toma en cuenta que más del 80 por ciento de la energía en el mundo se genera con base en el carbón, el petróleo y el gas.

Pero en contraste con el panorama económico, nos enfrentamos a otro hito de contaminación como consecuencia de las malas prácticas en la extracción del mineral y la desidia de las empresas transnacionales para proteger el entorno.

El panorama es desolador, pues las multinacionales generan con su comportamiento irracional graves problemas de desplazamiento y desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías por el tránsito de más de mil tractocamiones y otra maquinaria pesada; inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en monopolio a Drummond, empresa que tiene trato preferencial en la ubicación del puerto y anuencia del Gobierno Nacional para utilizar la modalidad de embarque más contaminante, como lo señala en un informe Gustavo Triana, del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La contaminación es tan grave que en el mar Caribe, desde La Guajira hasta Cartagena, se encuentran partículas de carbón. Los accidentes de los transbordadores son frecuentes y el establecimiento de un puerto carbonero en Santa Marta, ha generado inseguridad y deterioro a las playas, lo cual incide directamente en el turismo y en la vida de los raizales.

Petróleo o seguridad ecológica

La explotación de los recursos naturales genera, en mayor o menor grado, un deterioro ambiental y los gobiernos deben tener la capacidad para decidir sus prioridades si no quieren ver afectado el futuro de los colombianos.

Aunque Ecopetrol, la mayor empresa del país, invierte billonarias sumas en la importación de tecnologías para la exploración y explotación de crudo, muchas de ellas se constituyen en un serio peligro para la estabilidad ecológica.

Es el caso de la sísmica, un proceso geofísico de intervención directa sobre la naturaleza, que provoca temblores artificiales de tierra, mediante explosivos que causan ondas. El resultado de estas detonaciones permite reconocer las estructuras de la tierra para saber si hay o no petróleo.

La sísmica es el primer paso en el proceso de la conquista de los hidrocarburos y en muchos casos las explosiones generadas por el material conocido como “sismigel” provocan estragos en diferentes sistemas naturales, de acuerdo con la intensidad de la carga.

Para el caso colombiano, Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía, minimizan sus efectos, no obstante las denuncias de las comunidades.

En noviembre de 2012, el colectivo para la Protección de la Provincia del Sugamuxi denunció que el Proyecto Exploratorio Muisca Norte 2012 3D, liderado por la multinacional Maurel & Prom B.V. Colombia (M&P), generó un grave deterioro ambiental.

La compañía según el colectivo, tenía a su cargo la exploración sísmica en 25 mil hectáreas, donde se realizaron más de seis mil detonaciones con 2.7 kg de sismigel, las cuales afectaron las viviendas aledañas en Cuitiva, Izá y Firavitoba, Boyacá.

Víctor Alfonso Hernández, Clara Echavarría y Myriam Acosta, coincidieron en una asamblea en Sogamoso, en afirmar que sus viviendas, ubicadas en distintos municipios resultaron agrietadas por las explosiones.

Wilson Sánchez, secretario de Minas y Energía de Boyacá, confirmó los daños y aseguró que muchas de esas edificaciones son patrimonio arquitectónico.

 “No nos oponemos a la explotación petrolera. Entendemos que es parte del desarrollo del país, pero se tiene que hacer con respeto por las comunidades y por el pueblo boyacense”, señaló en su oportunidad.

En otro caso, el proyecto Odisea 3D de sísmica en las zonas de piedemonte de los municipios casanareños de Tauramena, Recetor, Chámeza y Monterrey, enfrentó a los ambientalistas y habitantes con Ecopetrol por considerar que los programas de exploración petrolera son un atentado contra los ríos, caños y nacimientos de agua, que actualmente abundan y alimentan sus sistemas de acueducto.

Katherine Méndez, de la corporación Raíces Verdes, dijo que aunque los estudios que presentan las petroleras señalan que la sísmica no afecta al medio ambiente, campesinos y ambientalistas sí notan los cambios en ríos y cañadas que desaparecen o disminuyen su caudal tras la llegada de las petroleras.

El Concejal de Recetor, Robinson Morales, dijo que 14 Veredas de su municipio rechazan las operaciones de sísmica por considerar que debilita las fuentes de agua. Tenemos que cuidar los ríos Cusiana, Recetoreño y quebradas de nuestro municipio, señaló el dirigente.

El peligro de la práctica del Fracking

Peor que la sísmica, la constituye el fraking (fracturamiento hidráulico), método que desde hace algún tiempo está utilizando Pacífic Rubiales y que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos hasta reventar las rocas y liberar los hidrocarburos en forma de gas que están en los esquistos que son la parte más profunda del subsuelo.

El sistema fue importado de Europa, no obstante que muchos países lo han desechado por ser altamente contaminante. Estados Unidos, incluso, está sancionando a las empresas que insistan en su práctica.

Según los expertos la utilización del fraking desconfigura las placas teutónicas. Además, se ha denunciado la contaminación de los acuíferos con gas y la corrupción de los ríos subterráneos al liberar el gas contenido entre las rocas.

La sísmica y el fraking han sido altamente cuestionados e incluso expertos de las universidades Nacional y Los Andes, han llegado a relacionarlos con la sequía en regiones como Casanare y la Guajira que recientemente generaron la mortandad sin antecedentes de chigüiros, reses y otros animales en esas regiones.

Según el geólogo de la UN, Julio Fierro, desde 2011 se registra un aumento significativo de sismos en regiones de exploración petrolera en la Orinoquia, actividad que podría afectar los acuíferos profundos.

La voladura de oleoductos

Sin duda alguna uno de los mayores problemas que se han generado en el país tiene que ver con la voladura de oleoductos. Más de 2.000 explosiones han destruido los tubos transportadores, provocando graves conflictos de contaminación en importantes afluentes, destruyendo cultivos y desertizando cientos de miles de hectáreas que antes eran fuentes de alimentos.

La connivencia entre las transnacionales del petróleo y los grupos alzados en armas, los paramilitares y las bacrim, han estimulado esta práctica, pues muchas veces se someten al chantaje y a la extorsión, para que se les permita la realización de sus actividades. De ello tiene conocimiento el Gobierno, el Ejército y la Policía, pero poco o nada hace para impedir que las compañías extranjeras paguen los denominados “peajes” o “impuestos de guerra”.

La red de oleoductos y poliductos se extiende a lo largo de 9.000 kilómetros. El más afectado es el tubo Caño Limón – Coveñas, con 837 kilómetros y que ha sido volado este año en 30 ocasiones.

En todos los departamentos por los que atraviesa el oleoducto hay inmensas manchas negras en las que no se puede cultivar; son áreas en donde la tierra no sirve. Así están, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Cesar y Sucre.

Este año, la región más afectada es el Putumayo, en donde constantemente la guerrilla y los paras interceptan carrotanques que transportan crudo desde Orito y lo vierten sobre ríos, quebradas y la vegetación nativa. También han volado 10 veces el oleoducto Trans Andino, que lleva el crudo hasta Tumaco.

Ojalá en las conversaciones en La Habana, haya acuerdos para que el medio ambiente se convierta en un fundamento para alcanzar la paz, se frene este ecocidio silencioso y se privilegie la vida sobre las divisas que genera la explotación de nuestros recursos naturales.