jueves, 31 de julio de 2014

¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS O PRESIÓN POLÍTICA?

A solo unos días de iniciarse el nuevo Congreso, algunos senadores y representantes, en su afán de no quedar por fuera del ponqué burocrático en el repitente mandato de Juan Manuel Santos, comenzaron a exigir asignaciones políticas en el gabinete, prevalidos del eventual apoyo que podrían brindarle al paquete legislativo en que está interesado el Gobierno.

Y la cuestión no tendría nada de particular si por lo menos se hiciera de una manera discreta y sin anteponer amenazas veladas como se desprende de una carta que la bancada conservadora en la Cámara le acaba de enviar a Santos, exigiéndole mantener como cuota a dos de los ministros conservadores entre ellos la titular de Medio Ambiente Luz Helena Sarmiento, amén del ya ratificado ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

La carta deja al descubierto dos posiciones en el Partido Conservador: la de quienes como Martha Lucía Ramírez, quien luego de una entrevista con Santos ratificó que esa colectividad no está en la oposición y que no interferirá en la conformación del gabinete y, la de quienes como los representantes, exigen retribuciones por el frío apoyo a la reelección.

Los representantes le  notifican al Jefe del Estado que actúan como bancada en respaldo de las políticas de prosperidad y crecimiento económico, creación de empleos, equilibrio fiscal, bienestar social, atención a la primera infancia, vivienda para los más pobres y la superación de la pobreza extrema.

Igualmente –dicen- “apoyamos el proceso de paz con atención especial a las seis millones de víctimas como parte fundamental de la solución del conflicto y a la vez el combate de las fuerzas armadas contra la subversión y la delincuencia organizadas. En resumen compartimos la tercera vía de inspiración  conservadora”.

Y, rematan: “La bancada en pleno le solicita al señor presidente de la República mantener en pleno la representación ministerial que tuvo el partido en los primeros cuatro años de gobierno y en consideración a la necesidad de una política transversal que inspire las actuaciones de la administración pública y el sector privado para enfrentar el cambio climático manifestamos nuestro irrestricto respaldo a la ministra de ambiente luz Elena sarmiento Villamizar por su conocimiento y experiencia en el sector ambiental”.

Firman: Arturo Yepes Alzate, David Barguil, Lina Barrera, Miguel Ángel Barreto, Liliana Benavides, German Blanco, Óscar Fernando Bravo, Orlando Clavijo, Alfredo Ape Cuello Baute, Luis Fernando Urrego, Luis Horacio Gallón, Juan Carlos García, Orlando Aníbal Guerra, José Hernández, Inés Cecilia López, Álvaro López Gil, Ciro Rodríguez, Aída Merlano, Armando Antonio Zabaraín, Telésforo Pedraza, Pedrito Pereira, Juan Carlos Rivera, Humphrey Roa, Mauricio Salazar, Heriberto Sanabria, Jaime Felipe Lozada Polanco y Nicolás Albeiro Echeverry.

Está bien que los partidos políticos aspiren a mantener el poder en los gobiernos que ellos mismos ayudaron a elegir, pero no está bien que de manera descarada y extravagante, algunos congresistas pretendan presionar de manera indebida a los mandatarios para obtener cuotas de poder, que en el caso de los conservadores, han mantenido por 12 años consecutivos.

La actitud del grupo de congresistas bien podría tomarse como un chantaje, la violación al régimen de conflicto de intereses o tráfico de influencias, con lo cual bien podrían perder su investidura, de acuerdo con la normatividad del artículo 183 de la Constitución Nacional.

Anteponer el apoyo a las normas en que está interesado el Gobierno, para obtener beneficios, no está bien visto, por decir lo menos, pues el pueblo los eligió para legislar en su favor  y no para traficar con su voto en las comisiones y en las plenarias de Senado y Cámara.

Claro que ahora tratarán de salirse por la tangente alegando que fueron malinterpretados y muy seguramente, de presentarse alguna demanda ante el Consejo de Estado, ocurrirá lo mismo que con los 12 representantes que cambiaron el sentido de la reforma a la justicia en la Comisión de Conciliación, por lo cual fueron demandados y dos años y medio después exonerados de toda responsabilidad. ¡Qué ironía!


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