miércoles, 22 de agosto de 2018

EL REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO

José Antonio Mantilla


La propuesta del uribismo de otorgarle facultades especiales al Presidente Iván Duque, para que revise y aumente -de manera extraordinaria- el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) es inequitativa, populista e inconveniente, y en lugar de solucionar los problemas del sector más pobre en Colombia, podría empeorar su situación económica.

Aunque a simple vista parece una solución inmediata para atenuar los efectos del costo de vida generado por la caída de los precios del petróleo en 2014, el proyecto es inflacionario por no estar ligada a factores de crecimiento de la productividad nacional.

Una medida de esta naturaleza, de tinte político, sin mayores análisis macroeconómicos, ni mucho menos sociales, generaría que los precios de la canasta familiar se disparen, afectando justamente a los sectores populares de la población; desequilibra a la pequeña y mediana industria, que se vería obligada a recortar personal para cumplir con los parafiscales y desestimularía el emprendimiento, con lo cual se disminuirían gravemente las plazas  de trabajo, especialmente para la población joven del país.

Y aunque el autor de la iniciativa, el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe supremo del Centro Democrático, asegure que solo tendrá efectos para mejorar el salario de los trabajadores, sí tendrá repercusiones en factores tarifarios e impositivos que por ley están ligados al reajuste del SMMLV.

De la mano del salario mínimo se aumentan los costos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), las cuotas moderadoras y los copagos en las EPS; los aportes de pensión de quienes ganan un SMMLV; las multas de tránsito; las multas del Código Nacional de Policía; los pagos de riesgos laborales de las empresas y los pasajes en el servicio del transporte colectivo y de taxis.

Se genera además mayor inequidad frente a las mesadas de los pensionados a quienes, por tener asignaciones superiores a un SMMLV, su reajuste es igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año respectivo, sin tomar en cuenta que sus descuentos  en salud son del 12% (incluyendo a los de salario mínimo) y que su estipendio equivale al 67% del promedio de los salarios devengados en los últimos diez años y, de contera, se les eliminó la mesada 14.

De los 2.100.000 pensionados en Colombia a 2018, el 51% devenga un salario mínimo; el 19% hasta 4 salarios mínimos; el 12% hasta 8 salarios mínimos; 8% hasta 12 salarios mínimos; 7% hasta 15 salarios mínimos y solo el 3% tiene mesadas superiores a 10 millones de pesos.

Si el ejecutivo está pensando en modificar el SMMLV debe hacerlo convocando a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales conformada por representantes del Gobierno, empleadores, trabajadores y pensionados, encargada de proponer el salario mínimo.

Tomando en cuenta estas consideraciones, es fácil suponer que detrás del proyecto uribista se esconde alguna trama para hacerle juego a la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, cuyo objetivo es aliviar las cargas impositivas de los poderosos, en detrimento de la clase trabajadora, que a partir del año entrante entraría a declarar renta y pagar impuestos a partir de $1.600.000 de ingresos.

Una ley de facultades extraordinarias equivale a extender un cheque en blanco a Iván Duque en momentos en que los colombianos no sabemos para dónde va su gobierno ni mucho menos podemos avizorar los micos que en el camino de la discusión de la norma puedan colgarle nuestros padres de la patria.

#DespiertaColombia.

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