El Abogado Juan Pablo Mantilla y la Directora del ICBF Cristina Plazas
(Fotos tomadas de Ámbito Jurídico)
Cinco madres
comunitarias del grupo de las 106 que en diciembre del año pasado ganaron una tutela al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), murieron
esperando el pago de su pensión y
la seguridad social, ordenados por la
Corte Constitucional.
La denuncia fue
hecha por el abogado del sindicato, Juan Pablo Mantilla, en una audiencia
pública que se realizó hoy a instancias del Senado de la República para debatir el tema de las madres
comunitarias y los niños bajo la tutela del ICBF.
La tutela que
ganaron las madres comunitarias, fue notificada a la directora del ICBF,
Cristina Plazas desde el 13 de diciembre último, pero hasta la fecha, le han
negado a las trabajadoras sus derechos, pese a que el mandato de los jueces
superiores es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios.
Las madres comunitarias
que murieron esperando su pensión son Luz Marina García de Izquierdo, de Cali;
Antonia Carabalí García, de Buenaventura; María Orfelina Taquez de la Cruz, de
Puerres (Nariño); María Dolores Parra Rivera, de Buesaco (Nariño) e Isaura
Lasso de Muñoz, de El Peñol (Nariño).
En contra de la
directora del ICBF, fue instaurado en enero un incidente de desacató con el que
buscan que el Estado reconozca el pago a que tienen derecho las 106 madres
comunitarias.
De acuerdo con
Mantilla, la acción judicial podría resultar en privación de la libertad de la
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Cristina
Plazas, y en altas multas sucesivas. La acción judicial debe ser decidida en
los próximos días.
LA EQUIDAD DE SANTOS
En enero, el presidente
Juan Manuel Santos objetó –por inconveniencia económica-, la ley que pretendía
vincular a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras formales del
Estado con contratos a término indefinido.
Esa decisión fue
adoptada sobre las argucias y cifras mentirosas de algunos funcionarios del
Estado, para desviar la atención en la actitud inequitativa del Gobierno de
Juan Manuel Santos, frente a ese sector de la población que merece un trato de
mayor justicia social. Las 68 mil madres comunitarias atienden, según el propio
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a más de medio millón de niños,
incluso haciendo uso de sus propios recursos.
El argumento del
Santos para no sancionar la ley es que implicaría habilitar recursos
presupuestales nuevos por unos $769.000 millones de pesos al año. Pero en
cambio, sí los destina para pagar la tercerización laboral con las madres
comunitarias.
