Bogotá D.C.,
15 – II - 2019
Ni el Gobierno ni Ecopetrol ni los empresarios
petroleros dicen la verdad sobre la práctica del Fracking y sus consecuencias. Pero
mientras en Europa y en los estados norteamericanos de Nueva York, Pensilvania,
Virginia Occidental y Texas, se proscribe este procedimiento, Colombia parece
ir a contravía de la protección ambiental.
El tema vuelve a ser noticia, a raíz de las
recomendaciones formuladas por un grupo de once expertos convocados por el
Gobierno y que le dan vía libre para avanzar
con proyectos específicos en la búsqueda de crudo y gas de esquisto cumpliendo
estrictos requisitos de preservación ambiental.
Sin embargo, quedan muchas preguntas en el
ambiente, pues aunque desde los entes oficiales lo nieguen, la práctica ya se
ha intentado en el pasado en Colombia –según los mismos funcionarios de
Ecopetrol y del ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente-, quedando
como evidencia los desastres ocurridos en San Martín, Cesar y Puerto Wilches y
Barrancabermeja, Santander.
Y para entrar en materia en torno a la utilización
de estos métodos que tantos movimientos en contra generan en el mundo, vale la
pena preguntar inicialmente con relación al documento en el cual se apoyará el
ejecutivo para introducir abiertamente la práctica en nuestro territorio: ¿Por
qué –incluso los súper técnicos convocados por el Gobierno, ocultan que esa
práctica de extracción de petróleo y gas implica graves riesgos para la salud
de los habitantes en los entornos cercanos a los yacimientos no convencionales (YNC)? Y como
todos, se van por la línea del menor esfuerzo, diciendo que “nada está
comprobado”.
Un tema de
salud pública
En Colombia, el tema de la salud pública no se
evalúa y pasa a un segundo plano, frente a la avaricia petrolera que
generalmente arrasa con el medio ambiente.
Para la extracción del gas y petróleo en los YNC
–expliquémoslo en palabras sencillas-, se inyecta en el subsuelo una mezcla de
agua, arena y productos químicos a presiones muy altas para reventar las rocas
que almacenan los combustibles y permitir que estos fluyan a la superficie,
pero las mezclas manan subterráneamente hacia las fuentes de agua,
contaminándolo todo a su paso hasta llegar a quebradas y los ríos.
En algunos casos se utilizan hasta una docena de
productos químicos -algunos de ellos no son identificables-. Entre los más
comunes están el metanol, cuyos
vapores pueden causar irritación en los ojos, dolor de cabeza, fatiga y su
ingestión en dosis mínimas pueden provocar daños físicos permanentes y la
muerte; compuestos BTEX (benceno, tolueno, xileno, metilbenceno),
listados como contaminantes peligrosos del aire y contaminantes en la Ley de
Agua Potable Segura, cuya exposición prolongada puede provocar cáncer,
insuficiencia de la médula ósea o leucemia y efectos sobre el sistema nervioso
central; plomo, especialmente dañino
en el desarrollo neurológico de los niños y puede causar problemas
reproductivos, presión arterial alta y trastornos nerviosos en los adultos; fluoruro de hidrógeno, sus vapores son
irritantes, corrosivos y tóxicos; ácido
sulfúrico, un carcinógeno que se encuentra en las baterías de autos,
altamente corrosivo en los tejidos del cuerpo y muy letal; formaldehido, se usa para embalsamar restos humanos o animales, su
ingestión puede causar la muerte y su simple exposición, puede determinar daños
pulmonares y en las mujeres problemas reproductivos.
Fracking en
el Magdalena Medio
El Gobierno Nacional siempre ha negado que en el
país se esté usando el fracking para la extracción de gas y crudo. Pero el
propio ministro de Minas y Energía Germán Arce, en 2016 aseguró en una
conferencia en Aguachica, Cesar, que esa práctica se realizaba “desde hace
algunos años de manera experimental.
Ese mismo año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) contrató con ConocoPhillips Company, la tercera petrolera de los Estados
Unidos, con sede en Texas, la implementación de 33.714 hectáreas, entre San
Martín y Aguachica (Sur del Cesar) y Rio Negro (Santander) para la práctica del
Fracking. Y aunque todo se hizo con el mayor sigilo posible, fueron las
organizaciones ambientalistas, quienes denunciaron ese hecho.
Y el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda,
dijo en noviembre de 2018, que algunas prácticas experimentales que se
realizaban en el Magdalena Medio, fueron suspendidas, luego de un pronunciamiento
del Consejo de Estado.
En marzo de 2018, en el corregimiento La Fortuna,
en zona rural de Barrancabermeja, se presentó una emergencia por la presencia de
crudo, lodo y gas, proveniente del pozo Lizama 158, que anegó una amplia zona y
afectó al río Sogamoso. Sus efectos desastrosos alcanzaron incluso hasta el río
Magdalena.
Ecopetrol dijo entonces que se trató de una falla
en un pozo abandonado, pero organizaciones ambientalistas, afirmaron que hubo
prácticas de fracking que se realizaban en la zona. La emergencia se prolongó
por más de un mes y aunque los organismos dependientes de Ecopetrol y del
Ministerio de Ambiente realizaron investigaciones, aún sus resultados no se
conocen.
Y, de la misma manera como el ministro de de Minas
y Energía Germán Arce, en el gobierno pasado, defendió el fracking, como una
manera de incrementar las reservas petroleras, su sucesora en la era de Duque,
María Fernanda Suárez, se ha mostrado abierta a la regulación del uso de esa
técnica, hasta el punto que fue la promotora para constituir el grupo
interdisciplinario de técnicos ambientalistas para sustentar su tesis en la
explotación de los hidrocarburos en el país.
Con lo que no contaba, es que en su informe final,
la comisión de expertos, si bien recomendó avanzar con los proyectos piloto
integrales de investigación de fracking (PPI), planteó la necesidad de adoptar
medidas específicas como transparencia e información, desarrollo de capacidades
institucionales, nivel de riesgo, efectiva participación ciudadana y aprobación
de comunidades locales, antes de proceder a ejecutar los programas.
En caso de llevarse a efecto la explotación de
crudos a través del fracking, los departamentos que resultarían más afectados
son Santander, Cesar, Bolívar, Norte de Santander y Antioquia, en donde la
oposición al uso de ese tipo de explotación de hidrocarburos, es muy alta.
Muy lamentable, dicen las organizaciones
ambientalistas y pobladores de zonas en riesgo, que el Gobierno insista en
proteger la explotación de hidrocarburos con prácticas peligrosas, sin tomar en
cuenta los riesgos que se ciernen sobre las poblaciones más vulnerables del
país.
#DespiertaColombia
