Luego de 34 años de funcionamiento como un órgano
deliberante representativo de los pueblos de la región, algunos Estados, entre
ellos Colombia, decidieron acabar con el Parlamento Andino, por inoperante y
porque desde hace una década los mandatarios de los países miembros,
resolvieron reorientar sus esfuerzos hacia la apertura de los mercados a través
de los sistemas de libre comercio.
La criatura que nació como un esfuerzo comunitario
de integración andina para darle vuelo al Acuerdo de Cartagena, tiene sus días
contados y muy seguramente desaparecerá en favor de un organismo mayor en el marco de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
Del actual Parlamento Andino forman parte Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, este último en calidad de asociado. Sus
representantes (cinco por cada Estado) son elegidos por votación popular,
aunque Colombia comenzó a hacerlo a partir de la Ley Estatutaria 1157 de 2007.
Lo curioso es que desde su integración en octubre
de 1979, muy pocos han sido los logros del organismo supranacional, dado que
sus actos no tienen poder vinculante, esto es que no son de obligatorio
cumplimiento por parte de los gobiernos.
Lo único que habría por rescatar es la Universidad
Andina Simón Bolívar, institución educativa dedicada a la investigación
científica y la enseñanza, con sedes en Bolivia, Ecuador y oficinas en Bogotá y
Lima; la cédula andina y el reconocimiento para que dentro de la región las
tarifas aéreas sean consideradas domésticas.
La desaparición del Parlamento Andino obedece a una
estrategia regional. Pero mientras eso ocurre, los Estados deben tramitar las
reformas a las leyes respectivas y posteriormente denunciar el tratado
internacional en virtud del cual fue creado, lo cual demorará por lo menos dos
años más.
En Colombia algunos políticos han puesto el grito
en el cielo y pretenden pescar en río revuelto, haciéndole creer a la opinión
que el proyecto aprobado por EL Congreso y que pasó a control constitucional es
una forma más de intervenir la democracia representativa.
Lo único que pretende la ley, es eliminar la
elección directa de los cinco representantes al Parlamento Andino y volver al
estado anterior a la Ley 1157 de 2007, para que el mismo Senado de la República
–entre sus miembros-, escoja a sus delegados, como lo hace actualmente Chile.
Las dietas de los cinco miembros colombianos del
Parlamento Andino, cuestan anualmente al presupuesto nacional $1.500 millones y
$3.600 millones las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Prestaciones
sociales, primas, cesantías y parafiscales valen $2.200 millones. Es decir que
el ahorro para el fisco es del orden de los $7.300 millones.
Queda solo un escollo: La Corte Constitucional no
podrá evacuar con la prontitud que se requeriría el estudio de la nueva ley,
con lo cual, según el Registrador Nacional del Estado Civil, sigue vigente la
elección de sus miembros. No obstante los partidos fuertes no incluirán nombres
para el Parlamento Andino y solicitaron la votación en blanco del ítem respectivo,
pese a las protestas de las colectividades pequeñas que ven en ello una forma
de mejorar su posición política y percibir algunos recursos para sus miembros.
Positivo o negativo, no hay marcha atrás en el
cierre del Parlamento Andino y la constitución de un nuevo cuerpo legislativo
en la Unasur, pero que esta vez, ojalá tenga poderes vinculantes para
garantizar la integración de los pueblos suramericanos sin interferencias de
los gobernantes de turno.
