La medida del alcalde Gustavo
Petro de presionar a los bogotanos para desincentivar el uso del carro,
comenzando por la paralización del parque automotor de más de 15 años de
antigüedad, tiene tanto de largo como de ancho.
La idea traída de ciudad de
México por el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, no sería viable en esta
capital, en donde no hay vías públicas y las existentes desde hace más de tres
décadas, están llenas de huecos ni se dispone de un sistema masivo de transporte
urbano adecuado a las necesidades de la población.
La fórmula no es nueva, pues el
exalcalde Enrique Peñalosa, decidió frenar el desarrollo vial de Bogotá, porque
según él, eso incentivaba el uso del carro particular; acabó con los
parqueaderos públicos, las bahías en las zonas comerciales, nos llenó de los
famosos bolardos y montó el famoso Trasmilenio, por la Avenida Caracas, en
improvisadas losas que aún no hemos terminado de pagar.
Pero según Rodríguez, la
eliminación del carro particular, comenzando por los vehículos antiguos, Es una
necesidad, como si sus propietarios que se valen de ellos para la movilización
de sus familias, no pagaran impuestos, ni anualmente tuvieran que someterlos a
la revisión tecnomecánica, para dejarlos –aunque antiguos- en las mismas
condiciones de funcionabilidad a sus semejantes nuevos.
Se trata de restringir no solo el
vehículo como medio de trasporte sino además de impedir su uso como factor de
trabajo. Y los más afectados resultan ser siempre quienes están en el sándwich
de la clase media.
Con el anuncio del funcionario de
la movilidad los únicos que están de plácemes son los concesionarios y las
aseguradoras, que ya están viendo crecer sus utilidades, pues el vehículo viejo
ya no les servirá a los ciudadanos para evadir el pico y placa.
Según el Observatorio Ambiental
de Bogotá, excluidas las 382.976 motos, que ruedan por nuestras calles, en la
capital hay matriculados 1.325.000 vehículos particulares, de los cuales el
58%, es decir 768.500 son anteriores a 1998, pero siguen matriculados y pagan
impuestos al 100 por ciento, aunque estén guardados cien días de los 365 del
año.
Bogotá recibe este año por
sobretasa a la gasolina $332.415 millones y por sobretasa al ACPM $32.334
millones más. Sin embargo, de esta suma que fue concebida para atender a la
malla vial de las capitales, el 50% se destina al sistema particular de
Transmilenio, y la administración se olvida del arreglo de las calles de la
ciudad.
Adicionalmente el Distrito
recauda $436.858 millones por el impuesto anual de vehículos automotores;
$48.435 millones por semaforización; $114.127 millones por rodamiento y $51.537
millones por derechos de tránsito. Todo lo cual suma un billón, 15.706 millones
de pesos, algo más del 7% del presupuesto de ingresos del Distrito Capital.
Según el contralor Diego Ardila,
recursos por más de 167.000 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de
Desarrollo Local (FDL) para arreglo de la malla vial, no se ejecutaron en el
2012 por lo que el estado de las vías continúa deteriorándose.
En el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, que tiene a su cargo el arreglo de las vías principales y
arteriales, de 760 mil 787 millones dispuestos para tal fin, la ejecución a 30
de octubre fue de 243 mil millones de pesos; sólo se ejecutó el 32 por ciento.
Pese a todo ello se estigmatiza a
los propietarios de vehículos automotores, se les restringe la movilidad
creando zonas vedadas para su circulación, se cierran parqueaderos, se
peatonalizan vías y se anuncia con bombos y platillos el establecimiento de
peajes con el argumento de apropiar recursos para el sostenimiento de los
carriles por donde pasa el sistema privado de transporte público.
¿Entonces, a que jugamos señor
alcalde?
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