Las abuelas solían decir “quien tiene rabo de paja
no se arrime a la candela”. Pero tal parece, que algunos funcionarios, incluido
el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, prefieren hacer
caso omiso de la máxima, con la cual sabiamente las madres advertían a sus
hijos sobre la rectitud que debían observar para no ser objeto de críticas o
cuestionamientos por sus actos u opiniones.
Nunca en la historia de la Procuraduría -desde
cuando se institucionalizó en la Constitución de 1830-, existió un funcionario
tan prejuicioso, parcializado, controvertido, y que genere tanta suspicacia por
sus actos, como Ordóñez Maldonado.
Por el Ministerio Público han pasado importantes
juristas –de todos los partidos- que han dejado huella por su verticalidad y la
precisión de sus fallos y respecto de los cuales ningún colombiano por
importante que fuera se atrevió a poner en duda. Vale la pena citar el caso de
Mario Aramburo cuando llamó al orden al propio Presidente de la República,
Carlos Lleras Restrepo. Le siguieron otros que contribuyeron a solidificar el
prestigio de ese organismo como Jaime Serrano Gómez, Carlos Gustavo Arrieta,
Alfonso Gómez Méndez, Jaime Bernal Cuellar y Edgardo Maya Villazón, para citar
solo algunos.
Solo hubo en el último medio siglo, un caso que
opacó la majestad de la Procuraduría y fue el referente a Orlando Vásquez
Velásquez, quién fue destituido como jefe del
Ministerio Público, por extralimitarse en sus funciones al pretender
procesar al Fiscal Alfonso Valdivieso, cuando su juez natural era la Comisión
de Acusación e Investigaciones de la Cámara. El mismo procurador Vásquez
Velásquez fue condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito.
Pero el caso de Ordóñez Maldonado, se sale de todo
contexto, pues cree tener la potestad de pasar por encima de la Constitución y
la ley para favorecer a sus amigos políticos, a algunos de sus electores e
imponer, incluso, sus criterios religiosos o su concepción prejuiciosa frente a
temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos e intereses ciudadanos,
además de su explícita manifestación homofóbica.
En su elección –el 11 de diciembre de 2008- jugaron
algunos aspectos que bien vale la pena analizar: un Congreso falto de carácter,
con unos senadores y representantes atemorizados por el fantasma de la
parapolítica (con casi 100 de ellos investigados), un presidente como Álvaro
Uribe Vélez, ardido por el fracaso de su segunda reelección, lo que demoró la selección de su candidato
Germán Bustillo, las promesas en el cabildeo de Ordóñez de presentar un
proyecto de ley para que la Procuraduría dejara de investigar
disciplinariamente a los miembros del Congreso y sus ofrecimientos burocráticos a todos los
partidos con excepción del Polo y del MIRA.
El tercer candidato, el representante de la Corte
Suprema, Camilo Gómez, llegó desgastado a la terna. Fue elegido luego de siete
reuniones de la sala plena en un término de dos meses y 60 rondas de votación.
Fue ternado aún a sabiendas de que no era un candidato de peso frente a
Ordóñez, quien como expresidente del Consejo de Estado, ya tenía un camino
ganado entre los congresistas.
El Partido Liberal, que entonces era opositor al
gobierno, votó en su totalidad por Ordóñez, aceptando una “disciplina para
perros”, tapándose –como dijeron algunos de ellos- las narices. Pero ninguno
fue capaz de oponerse a la decisión de bancada emanada del director del
liberalismo, quien para la época era el expresidente César Gaviria Trujillo.
Ordóñez fue elegido por 81 de los 102 votos posibles.
En los primeros cien días de su ejercicio, Ordóñez
ya había casado numerosos conflictos frente a la Corte Constitucional, por sus
ortodoxas posiciones sobre el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción por
parte de parejas del mismo sexo; la defensa de algunos de sus amigos
congresistas acusados de parapolítica o la absolución que le dio a los
exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios implicado en el caso de la
“Yidispolítica”.
Tres años después, inicia tras bambalinas una
campaña mediática para pulsar la opinión como eventual candidato a la
presidencia, haciéndole juego al uribismo e interviene en todo tipo de
actuaciones políticas de su partido Conservador.
El 20 de julio de 2012, aprovechando la instalación
del Congreso, Ordóñez inicia la promoción de su candidatura a la reelección en
la Procuraduría General de la Nación, prevalido de los cientos de nombramientos
de parientes de los senadores.
Logra ser ternado, esta vez por la Corte Suprema,
en donde igualmente tenía a varios magistrados “prepagados” a su favor, con
nombramientos de numerosos de sus parientes.
En la terna figuraron también María Mercedes López,
la candidata del Presidente Juan Manuel Santos y Orlando Suárez Gallo, nominado
por el Consejo de Estado. López renunció porque no había en el Congreso las
garantías para una elección imparcial y limpia, según dijo. No obstante la
terna se sometió a votación el 27 de noviembre y gana Ordóñez con 80 votos.
La repetición del mandato de Ordóñez, lo fortaleció
y colocó en una posición que ha venido aprovechando para buscar réditos
políticos frente a su aspiración no expresa de una candidatura presidencial.
Esa es la razón por la cual ha optado por enfrentarse –casi que a diario- con
razón o sin ella, al Gobierno Nacional y al proceso de paz que se adelanta en Cuba,
haciéndole, en muchos casos, juego a la oposición hirsuta del expresidente
Álvaro Uribe.
Las arremetidas de Ordóñez contra Santos en los
últimos días, son generadas por el avance de los procesos que se adelantan en
el Consejo de Estado, en donde ha perdido casi todo el poder por la salida de
varios de los magistrados a quienes mantenía a su favor con la mermelada de los
altos cargos en la Procuraduría.
Lo curioso, es que después de la reelección de
Ordóñez, la Procuraduría precluyó investigaciones disciplinarias que adelantaba
a ocho senadores (Ver lista 1). Los mismos fueron demandados por supuesto
conflicto de intereses al no haberse declarado impedidos para votar durante la
reelección, pero el Consejo de Estado semanas después ratificó sus
investiduras.
28 congresistas más esperan un fallo del Consejo de
Estado por votar la reelección, estando supuestamente impedidos por tener
parientes trabajando en la Procuraduría (Ver
lista 2).
Pero no obstante el desolador panorama, Ordóñez
Maldonado, quien para unas cosas cree ser el poseedor de la moral revelada y
para otras un maquiavélico funcionario en donde todo se vale, se aferra con
pies y manos al cargo, pues sabe que si los fallos en el alto tribunal, que una
vez presidió, le resultan en contra, perdería todo el andamiaje político para
alcanzar su sueño de ser presidente. Es decir el Procurador cayó en su propia
red.
Lista 1
Armando Benedetti, Claudia Wilches, Jorge Aurelio
Iragorri, Musa Besaile Fayad, Carlos Roberto Ferro, Martín Emilio Morales,
Milton Rodríguez y Efraín Torrado.
Lista 2
Gabriel Ignacio Zapata, Claudia Wilches Sarmiento,
Julio Alfonso López, Manuel Guillermo
Mora, Carlos Emiro Barriga, Juan Manuel Corzo, Jaime Enrique Durán, Carlos
Roberto Ferro, Bernabé Celis Carrillo, Jorge Eduardo Londoño, Martín Emilio
Morales, Aurelio Iragorri, Musa Basaile, César Tulio Delgado, Armando Benedetti,
Daira de Jesús Galvis, Myriam Paredes, Juan Carlos Restrepo, Jorge Enrique
Robledo, Manuel Mesías Enríquez, Honorio Galvis Aguilar, Alexander López,
Milton Arlex Rodríguez, Camilo Armando Sánchez, Efraín Torrado, Juan Carlos
Vélez, Luis Fernando Velasco y Rodrigo Villalba.
