LA LOCURA DE UNA VIOLACIÓN

La agilidad de la Policía para resolver el caso de la falsa violación a una conductora del SITP es una muestra del profesionalismo con que actúan sus miembros cuando hay decisión para combatir la delincuencia: Punto a favor. Pero hay algunas cosas que aún no quedan claras ante la opinión y que opacan esa gestión, como el supuesto resultado de Medicina Legal que confirmó el abuso;  la celeridad de la Policía para entregar el informe a los medios y la falsa captura (llámese detención administrativa) de un joven que se encontraba en un hotel en Mesitas del Colegio.

Los cuerpos de investigación del Estado no pueden darse el lujo de dejar cabos sueltos ni dejarse presionar para mostrar ante la opinión resultados positivos ni mucho menos -en ese afán de hacerse visibles ante la sociedad- apresurarse a divulgar hechos que puedan más adelante afectar los procesos judiciales.

De las cosas negativas que se desprenden del caso y de las cuales debemos aprender, están las afirmaciones aceleradas de los comandantes de la Policía luego de retener a los jóvenes en Mesitas del Colegio, la divulgación de la foto y la exposición al escarnio público en las redes sociales del supuesto violador y de sus acompañantes.

Las autoridades en su afán por mostrar resultados, lanzan verdades a medias, sin la valoración ni decantación de la información de las pruebas recogidas, lo que en muchos casos frustra la judicialización de los delincuentes  e interfiere en los procesos.

En ese afán mediático (en el cual todos quieren aparecer para la foto, como el director de la Policía, el Fiscal General, el Procurador, etc…) inducen a error a algunos  ingenuos reporteros que prevalidos de la autenticidad de las fuentes, no se toman el trabajo de confrontarlas ni contrastarlas, e influenciados por el síndrome de la chiva,  toman esa información que luego convierten –con más o menos imaginación- en notas amarillistas que deforman el pensamiento colectivo.

Cuánto daño le causan a la sociedad los funcionarios locuaces y cuánto daño puede provocar una información que como en el caso del joven de Mesitas del Colegio, fue víctima de la satanización por las redes sociales, del linchamiento y de la afrenta pública, solo porque en su desvarío a alguien se le ocurrió inventarse semejante crimen. Más locos aún, quienes hicieron de caja de resonancia para tamaño desatino.

El caso pudo ser más grave, pues el país apenas comienza a digerir la aprobación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, lo cual hubiera podido desencadenar en una tragedia de incalculables proporciones.

Con base en el retrato hablado (que nunca sirven para nada) de la falsa víctima se capturó al inocente joven, solo porque tenía una cicatriz en su rostro, aunque las facciones anatómicas y físicas no coincidían. La Policía para evitarse problemas judiciales dijo que se trataba de una “detención administrativa”. 

¿Quién va a reparar el buen nombre de ese joven que sólo estaba despidiéndose de sus amigos porque se iba a pagar el servicio militar y cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado? ¿Y quién va a reparar a su familia? ¿Quién va a pagar la movilización del aparato investigativo y judicial del país?

¿Por qué las autoridades no esperaron los cotejos de Medicina Legal, antes de publicar la noticia con la cual se abrió este episodio? No creo que los responsables sean los miembros del grupo investigativo, pues ellos no hablan sino a través de sus jefes. Y si es así, ¿no debería existir una sanción para estos funcionarios públicos ávidos de reconocimientos y condecoraciones, como si no fuera una obligación propia de su labor la protección de la sociedad? Reflexionemos.