Sede del ICBF en Bogotá
El presidente Juan Manuel Santos objetó hoy –por
inconveniencia económica-, la ley que pretendía vincular a las madres
comunitarias del ICBF como trabajadoras formales del Estado con contratos a
término indefinido.
La decisión fue adoptada sobre las argucias y
cifras mentirosas de algunos funcionarios del Estado, para desviar la atención en la actitud inequitativa del
Gobierno de Juan Manuel Santos, frente a ese sector de la población que merece
un trato de mayor justicia social. Las 68 mil madres comunitarias atienden, según
el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a más de medio millón de
niños, incluso haciendo uso de sus propios recursos.
El argumento del Santos para no sancionar la
ley es que implicaría habilitar recursos presupuestales nuevos por unos $769.000
millones de pesos al año. Pero en cambio, sí los destina para pagar la
tercerización laboral con las madres comunitarias.
Y no
sorprende que Santos objete la ley aprobada el año pasado. Lo asombroso es que
él mismo, insista en que en Colombia hay justicia social y equidad, como lo
pregona en su lema de gobierno. Y, claro, las madres no merecen un salario
decente, pero, ¿sí lo merecen los intermediarios del ICBF que se enriquecen con
la tercerización de los contratos?
Y de remate, la directora del ICBF, Cristina
Plazas, que no quiere pagar tutela que beneficia a 106 madres comunitarias, se
ampara en mendaces afirmaciones para eludir el mandato de la Corte
Constitucional que ordena pagarles sus prestaciones y derechos laborales. Y eso
que dice ser el “ángel de la guarda” de la niñez desamparada, la familia y la
tercera edad. ¡Qué ironía!
Ella, apoyada en algunos congresista que se
lucran con los beneficios clientelistas del organismo en todas las regiones del
país, sostiene que no hay presupuesto para cancelar a las madres comunitarias.
El presupuesto para 2017 del ICBF es de $5
billones 614 mil millones (provenientes
del 3% que pagan las empresas privadas de sus nóminas) y valdría la pena saber
cómo se invierten, pues para citar un caso, solo en La Guajira, en el último
año han muerto 106 niños hambre y desnutrición, mientras los organismos de
control del Estado se hacen los de la vista gorda.
Por todas estas razones, las madres
comunitarias realizarán un nuevo paro indefinido en sus actividades, esta vez a
nivel nacional.
