Claudia Morales Medina
(Foto tomada de El Espectador)
La
denuncia formulada en una columna de El Espectador por Claudia Morales,
titulada “Una defensa del silencio”, abre, una vez más, el debate
público en torno a la potestad de las víctimas de violación a callar, frente a la
obligación de las autoridades a investigar de oficio este tipo de delitos, para
identificar a los agresores, impedir la impunidad y su repetición en la
sociedad.
Plantea
en su columna la periodista que el agresor fue su propio jefe, “un
hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay
otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”.
En
su relato justifica su derecho a guardar silencio en torno a su caso; menciona
cuatro testigos, dos de ellos periodistas con quienes –dice-, “mi secreto está
a salvo. No necesito más”. Luego insta a otras víctimas a denunciar si tienen
el coraje y están rodeados de un entorno solidario y concluye: “Celebraré
siempre que desgraciados como “Él” (Así se refiere a su violador) y otros
abusadores sean visibilizados y castigados”.
Expresa
la comunicadora que escribió su artículo, tras conocer el episodio de “Marcela
González, pareja de un remedo de periodista nazi, agredida por él según su
denuncia, el pasado 27 de diciembre”.
Tras
la publicación de su relato en El Espectador, en una entrevista para BLU Radio,
aseguró que su violador es alguien a quien “lo oyen y lo ven todos los días”.
CALLAR CONTRIBUYE AL PROBLEMA
Una
violación va más allá de una relación sexual no consentida; generalmente deja
serias secuelas sicológicas, que es necesario vencer no solo con el paso del
tiempo sino con la intervención oportuna de ayuda profesional.
Una
encuesta realizada por 16 ONG vinculadas con los derechos humanos determinó que
más de 145 mil mujeres son violadas por año en Colombia y que sólo el 22% de los
casos son denunciados.
Las
razones más recurrentes para no denunciar, según el estudio son: miedo a
represalias (24%), no le interesó por temor a la censura social y prefirió
dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que
los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
Influye
en la impunidad de este delito, la trivialización de los casos por parte,
incluso de quienes son los encargados de impartir justicia, el escarnio público
a que son sometidas muchas veces las víctimas y la ausencia, aún, de
concienciación hacia la necesidad de denunciar oportunamente a los agresores.
La
violación representa una amenaza física y sicológica, no solo para la mujer
agredida sino también para su entorno familiar y social. Por esa razón deben
confluir necesariamente los componentes jurídicos y sociales, a cargo del
estado, para reparar a las víctimas.
En
el caso expuesto por Claudia Morales, se refleja aún el temor por las
represalias a que pueda ser sometida profesionalmente en un entorno que de por
sí es cerrado, en un país en donde el poder económico determina el poder
político y mediático, pero sienta un mal precedente.
SILENCIO
CÓMPLICE
No
menciona la periodista Morales la época, no identifica al agresor, pero tanto
en su historia como en la entrevista de BLU Radio, ofrece datos que al lector
bien podría confundirlo, especialmente si el análisis de su historia lo hace un
ciudadano del común.
Dejar
entre líneas el nombre del agresor, es colocar en tela de juicio a quienes a
través de su vida profesional fueron sus jefes, máxime si su hoja de vida (la
de la periodista) está publicada en el portal de Wikipedia, y allí aparecen
todos sus jefes a través de su vida profesional, desde cuando se graduó en la
Universidad de la Sabana, hasta cuando se retiró de RCN junto con su colega
Vicky Dávila, inmersas en el escándalo del Cartel de la Toga.
Uno
de quienes fueron sus jefes, bien podría a conminarla a decir a quien se
refiere, pues con su silencio podría estar afectando su honra. Claro, que
actualmente –por lo menos así lo dijo en su entrevista en BLU Radio-, es alguien
a quien aún hoy “lo oyen y lo ven todos los días”, pero la deducción solo
podrían hacerla quienes están inmersos en el mundo de las comunicaciones.
Por
temor o falta de carácter, no puede convertirse en cómplice de su propio
violador y llevarse por delante a sus cuatro amigos y quien sabe a cuántas
víctimas más, simplemente por no cumplir como ciudadana –en este caso concreto-
de denunciar a un delincuente y la comisión de un hecho tan execrable, así la
exima la ley por ser ella la agredida.
Código
de Procedimiento Penal Colombiano:
Artículo 25.- (Deber de denunciar). Todo habitante del territorio
colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos
punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban Investigarse de
oficio.
Artículo
26.-
(Exoneración del deber de dar noticia del hecho punible). Nadie está obligado a
dar noticia o a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero
o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar los hechos
punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades
que le impongan legalmente secreto profesional.
Pero
de todas maneras el caso está planteado y ahora corresponde a la Fiscalía
iniciar la investigación y a los jueces proceder conforme a la Constitución y
la ley, para lo cual deberá llamar inicialmente a la periodista denunciante
para concretar los cargos.
¡Ojalá
se rompa ese silencio que hoy ahoga a tantas mujeres en Colombia!
