sábado, 20 de enero de 2018

EL SILENCIO NO PUEDE AMPARAR LA IMPUNIDAD

Claudia Morales Medina
(Foto tomada de El Espectador)

La denuncia formulada en una columna de El Espectador por Claudia Morales, titulada “Una defensa del silencio”, abre, una vez más, el debate público en torno a la potestad de las víctimas de violación a callar, frente a la obligación de las autoridades a investigar de oficio este tipo de delitos, para identificar a los agresores, impedir la impunidad y su repetición en la sociedad.

Plantea en su columna la periodista que el agresor fue su propio jefe, “un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”.

En su relato justifica su derecho a guardar silencio en torno a su caso; menciona cuatro testigos, dos de ellos periodistas con quienes –dice-, “mi secreto está a salvo. No necesito más”. Luego insta a otras víctimas a denunciar si tienen el coraje y están rodeados de un entorno solidario y concluye: “Celebraré siempre que desgraciados como “Él” (Así se refiere a su violador) y otros abusadores sean visibilizados y castigados”.

Expresa la comunicadora que escribió su artículo, tras conocer el episodio de “Marcela González, pareja de un remedo de periodista nazi, agredida por él según su denuncia, el pasado 27 de diciembre”.

Tras la publicación de su relato en El Espectador, en una entrevista para BLU Radio, aseguró que su violador es alguien a quien “lo oyen y lo ven todos los días”.

CALLAR CONTRIBUYE AL PROBLEMA

Una violación va más allá de una relación sexual no consentida; generalmente deja serias secuelas sicológicas, que es necesario vencer no solo con el paso del tiempo sino con la intervención oportuna de ayuda profesional.

Una encuesta realizada por 16 ONG vinculadas con los derechos humanos determinó que más de 145 mil mujeres son violadas por año en Colombia y que sólo el 22% de los casos son denunciados.

Las razones más recurrentes para no denunciar, según el estudio son: miedo a represalias (24%), no le interesó por temor a la censura social y prefirió dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).

Influye en la impunidad de este delito, la trivialización de los casos por parte, incluso de quienes son los encargados de impartir justicia, el escarnio público a que son sometidas muchas veces las víctimas y la ausencia, aún, de concienciación hacia la necesidad de denunciar oportunamente a los agresores.

La violación representa una amenaza física y sicológica, no solo para la mujer agredida sino también para su entorno familiar y social. Por esa razón deben confluir necesariamente los componentes jurídicos y sociales, a cargo del estado, para reparar a las víctimas.

En el caso expuesto por Claudia Morales, se refleja aún el temor por las represalias a que pueda ser sometida profesionalmente en un entorno que de por sí es cerrado, en un país en donde el poder económico determina el poder político y mediático, pero sienta un mal precedente.

SILENCIO CÓMPLICE

No menciona la periodista Morales la época, no identifica al agresor, pero tanto en su historia como en la entrevista de BLU Radio, ofrece datos que al lector bien podría confundirlo, especialmente si el análisis de su historia lo hace un ciudadano del común.

Dejar entre líneas el nombre del agresor, es colocar en tela de juicio a quienes a través de su vida profesional fueron sus jefes, máxime si su hoja de vida (la de la periodista) está publicada en el portal de Wikipedia, y allí aparecen todos sus jefes a través de su vida profesional, desde cuando se graduó en la Universidad de la Sabana, hasta cuando se retiró de RCN junto con su colega Vicky Dávila, inmersas en el escándalo del Cartel de la Toga.

Uno de quienes fueron sus jefes, bien podría a conminarla a decir a quien se refiere, pues con su silencio podría estar afectando su honra. Claro, que actualmente –por lo menos así lo dijo en su entrevista en BLU Radio-, es alguien a quien aún hoy “lo oyen y lo ven todos los días”, pero la deducción solo podrían hacerla quienes están inmersos en el mundo de las comunicaciones.

Por temor o falta de carácter, no puede convertirse en cómplice de su propio violador y llevarse por delante a sus cuatro amigos y quien sabe a cuántas víctimas más, simplemente por no cumplir como ciudadana –en este caso concreto- de denunciar a un delincuente y la comisión de un hecho tan execrable, así la exima la ley por ser ella la agredida.

Código de Procedimiento Penal Colombiano:
Artículo 25.- (Deber de denunciar). Todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban Investigarse de oficio. 

Artículo 26.- (Exoneración del deber de dar noticia del hecho punible). Nadie está obligado a dar noticia o a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar los hechos punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente secreto profesional.

Pero de todas maneras el caso está planteado y ahora corresponde a la Fiscalía iniciar la investigación y a los jueces proceder conforme a la Constitución y la ley, para lo cual deberá llamar inicialmente a la periodista denunciante para concretar los cargos.


¡Ojalá se rompa ese silencio que hoy ahoga a tantas mujeres en Colombia!    

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