domingo, 20 de octubre de 2019

LA INSOPORTABLE LIVIANDAD DE LA POLÍTICA



Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina

Cuando se habla de corrupción, es necesario hacer un capítulo aparte para referirnos a la política y a sus protagonistas. Y aunque no podemos generalizar, la mayoría de quienes buscan un cargo de elección popular, lo hacen a través de sistemas y formas que riñen con la legalidad, pero siempre explotando y aprovechándose de la ingenuidad del pueblo que los elige.

La endemia de la corrupción está en todo el país y en cualquier época, pero las elecciones son propicias para que se explote la necesidad de quienes por meses o años, esperan un empleo, un contrato, una beca, o la atención en salud en una EPS. De esa necesidad se aprovechan algunos políticos para fortalecerse electoralmente, especialmente en ciudades como Bogotá (7.200.000 H.), en donde votan más de 5 millones 340 mil ciudadanos en las 20 localidades. Se eligen 45 concejales de 9 listas y 177 ediles de  más de dos mil listas. Por eso quien tiene más opción es quien tiene mayor capacidad de cubrimiento.

En este maremagno, todos buscan pescar en río revuelto, pero son los políticos quienes se aprovechan de la necesidad ajena y consiguen sus auxiliares y asistentes ofreciendo cupos a supuestos “voluntarios” en su campaña para la promoción, publicidad, prensa, investigación y asesoría, bajo el engaño de que si resultan elegidos, les garantizan un puesto o un contrato en la administración de la cual participan o apoyan.

Estos “voluntarios” no reciben generalmente ningún tipo de retribución y de su propio bolsillo deben pagar movilización, alimentación y gastos generales – aunque pongan sus casas como sedes de campaña-, y muchos de ellos, deben permanecer al servicio del político de turno durante por lo menos 15 horas diarias. Se les obliga también a vincular sus entornos familiares y de amigos, a través de formularios en los cuales se consignan los datos de identificación, dirección, teléfonos y correos electrónicos y su lugar de votación. Cada uno aporta mínimo un formulario con 20 o 25 nombres de votantes y si aspiran a un cargo de cierta importancia deben llevar varios formularios debidamente diligenciados.

Si el candidato gana, en la gran mayoría de los casos, solo unos pocos voluntarios son llamados como contratistas, pues “no hay cupo pa’ tanta gente”. Y si el candidato se quema, también pierden los “voluntarios” y detrás las esperanzas de todos sus familiares, porque no hay una reglamentación que obligue a los políticos a disponer de organizaciones de campaña, por las cuales deben responder económicamente.

Eso hace que muchos de los aspirantes a cargos de elección popular con excelentes hojas de vida, que aspiran a una curul, honestos y con deseos de servicio a la comunidad, vean frustradas sus esperanzas y las del pueblo raso, porque su capacidad económica no les da para enfrentar –en una lucha desigual- a las mafias que se han tomado la política colombiana; o a las empresas familiares electorales, que mantienen aceitadas las maquinarias para perpetuarse en el poder.

Y como en el caso de Bogotá, solo el voto de opinión, podría salvar a aquellos nóveles candidatos con excelentes hojas de servicio, académicos, rectos, respetuosos de la Constitución y las leyes de Colombia, que creen que la capital del país merece mucho más y sus habitantes a vivir con dignidad, seguridad y sin afanes.

Aquí todo está diseñado para que los candidatos tramposos  nunca pierdan. Obtienen retribución por inversiones en sus campañas, les reponen en dinero los votos y luego hasta se las ingenian –si ganan- para hacer rentables tanto sus curules como sus decisiones en las corporaciones públicas.

Y claro, mucho más ganan algunos de los gobernadores y alcaldes elegidos, y de soslayo, el congresista que los patrocina.

Mientras que los desempleados, universitarios, amas de casa y trabajadores que forman parte de los voluntariados e incluso los electores, siempre pierden. Es decir, “con cara gano yo y con sello pierde usted”.

APOSTILLA 1: La política cuando se ejerce con ética, rectitud y sin esguinces se convierte en una actividad imprescindible en la democracia participativa.

APOSTILLA 2: Como ciudadano, como colombiano y como periodista, votaré el 27 de octubre por Claudia López para la Alcaldía de Bogotá, porque considero que es la única, capaz de enderezar el rumbo de la ciudad capital.

Y mi candidato para la renovación del Consejo de Bogotá es DANIEL MANTILLA el # 25 de la lista del Partido Alianza Verde. Tu y Yo Unidos por Bogotá.   


miércoles, 5 de junio de 2019

URIBISTAS ARREMETEN CONTRA SANTOS



José Antonio Mantilla


En el afán del Centro Democrático, por desprestigiar al expresidente Juan Manuel Santos, ahora resuelven, diez meses después de abandonar la Casa de Nariño, abrirle en la Comisión de Investigaciones y acusación de la Cámara, indagación preliminar por supuesto ingreso de dineros a su campaña.

En esa gestión resulta evidente la mano del senador Álvaro Uribe, tomando en cuenta que la comisión que investiga a los aforados (expresidentes, magistrados y al Fiscal General), está integrada por una mayoría de congresistas del partido de gobierno, incluyendo a su presidente, el tolimense Ricardo Alfonso Ferro.

Y es que, como no han podido hacerle mella con la paz, que cada día se solidifica más, pues hay que buscarle el “quiebre a como sea”, para minar su prestigio a nivel internacional, incluso reabriendo un proceso ya archivado por el Consejo Nacional Electoral y del cual se derivó la investigación que tiene en la cárcel a Roberto Prieto, jefe de la campaña de Santos en 2014.

Y no pretendo defender a Santos de las supuestas acusaciones. Muy bueno que se investigue a todos los políticos y exfuncionarios de este país y que la justicia sea implacable con quienes resulten comprometidos en casos de corrupción, sea quien sea.

Pero no está bien que quienes gozan de los privilegios del poder, politicen más nuestra ya demacrada justicia colombiana, como lo hace para defender a los suyos, el uribismo en pleno.

Y veamos como la investigación preliminar resulta de una supuesta denuncia formulada por alguien que toma como ciertos los hechos narrados por Vicky Dávila (declarada enemiga de Santos) en una columna de la Revista Semana en donde ahora pontifica y la cual tituló 'Dejen hablar al Ñoño'.

Sin mencionar nombres, el presidente de la comisión, toma la denuncia del particular y la convierte en auto cabeza de proceso, de la investigación que él se autoasignó para continuar; y llama de inmediato a declarar al exsenador Bernardo “el Ñoño” Elías, condenado por el caso Odebrecht, sobre la base de una entrevista que la misma periodista Dávila le hace en la W. en su programa del medio día.

Todo parece una trama de telenovela: El Centro Democrático acuerda la trampa, su periodista de cabecera y enemiga de Juan Manuel, escribe la columna de Semana y luego entrevista en su programa de la W. al político delincuente confeso que será el acusador del expresidente Santos. Y para rematar, el presidente de la comisión de la Cámara, es el investigador asignado para revivir un proceso muerto en el Consejo Nacional Electoral.

Mejor dicho, no escatimaron nada a la hora de armar el complot, en el cual solo tocan a quien fue el artífice de la paz en Colombia, como si las coimas de Odebrecht no se hubieran comenzado a repartir en el gobierno de Uribe Vélez y también tocaran, incluso al exfiscal Néstor Humberto Martínez, agazapado hoy en algún escondite fuera de Colombia.

#DespiertaColombia

jueves, 16 de mayo de 2019

¿QUIENES QUIEREN TUMBAR A LA JEP?


José Antonio Mantilla
Director Prensa Andina


Bogotá D.C., 16 de mayo de 2019

Los enemigos agazapados de la paz, que desde hace varios años están conspirando contra los acuerdos firmados en La Habana, no se cansan de meterle palos a la rueda, apelando, incluso, a la ilegalidad, convirtiendo en política una decisión en derecho con graves implicaciones para la soberanía colombiana.

El fallo de la JEP sobre el caso Jesús Santrich, deja en claro los procedimientos irregulares utilizados por los supuestos agentes de la DEA en Colombia, para infiltrarse en la casa del exguerrillero de las FARC y, con violación al debido proceso y a las normas del Derecho Internacional, “hacerle la encerrona” para intentar demostrar su supuesta participación en actos delictivos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Y, para demeritar lo actuado por la Justicia Especial para la Paz e insistir en la extradición de Santrich, ahora aparece en redes sociales un video –según dicen puesto a rodar por un funcionario de la Fiscalía- que, supuestamente implica al exguerrillero en una “negociación  de drogas”, pero tampoco se refieren a la fecha en que fue grabado dicho video. Lo curioso es que nunca fue aportado como prueba durante el proceso.

Vale la pena que se conozcan algunos aspectos del fallo de la JEP, sin lo cual sería casi imposible determinar las causas que provocaron la “rabieta” de Néstor Humberto Martínez y su carta de renuncia irrevocable, ante la decisión del tribunal de compulsar copias por las irregularidades cohonestadas por los  funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

La JEP dice, que la información rendida por el agente de la DEA Brian Witek, se basa no en el conocimiento adquirido por él directamente, sino en referencias de los testigos cooperantes que se trasladaron a territorio colombiano bajo la dirección de entidades públicas de los Estados Unidos, lo que implica que lo hicieron en virtud de una investigación en desarrollo sin contar con el concurso de dependencias nacionales, violando las normas de cooperación entre los Estados.

Dice la JEP que de esa manera, “no solo se afectó la soberanía nacional y se pretermitió el ordenamiento jurídico para la obtención de pruebas en territorio colombiano sino que además el Estado extranjero, a través de testigos cooperantes, conculcó ilegítimamente derechos fundamentales del señor HERNANDEZ SOLARTE, tales como la inviolabilidad del domicilio, esfera que se encuentra resguardada por la expectativa razonable de intimidad, pues se trata de límites que no pueden ser sobrepasados por ningún Estado, a menos que se cuente con la autorización previa de un Juez de Control de Garantías, atendiendo la regla general del artículo 246 adjetivo penal”.

La JEP vuelve a citar al agente Brian Witek, de quien dice que su declaración jurada se encuentra permeada por los “vicios de ilicitud y de ilegalidad de la fuente de conocimiento” porque fue obtenida con “vulneración de derechos fundamentales y sin el cumplimiento de los prerrequisitos internacionales para su recolección en territorio de un Estado distinto, lo que de contera conllevó a la pretermisión de las reglas de producción de la prueba y con ello a la afectación de la soberanía nacional”.

Para la JEP resulta “desconcertante que la Fiscalía General de la Nación, defendiera esa actuación en nuestro territorio y avalara tales intromisiones” cuando en Colombia no pueden actuar autoridades extranjeras sin la autorización y supervisión de funcionarios nacionales.

Como tal la Fiscalía estaba obligada a iniciar la acción penal, por cuanto quienes actuaron en la investigación no tenían inmunidad en Colombia y sin embargo afectaron bienes protegidos por el Estado.

En cuanto a la ilicitud, dice la JEP, se ve reflejada por cuanto ni a las autoridades colombianas ni a ningún Estado les está permitido obtener pruebas en nuestro territorio con violación a los derechos fundamentales.

Tras analizar el proceso contra el exguerrillero colombiano, determinar la inviabilidad para su extradición y ordenar su libertad inmediata, le JEP hizo un análisis detallado de las irregularidades en que incurrió la Fiscalía General de la Nación y ordenó compulsar copias contra sus funcionarios ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior y/o seccional de la Judicatura y la oficina de Control Interno, según fuera el caso.

¿Hasta dónde el Presidente Iván Duque y su séquito de oblatos del Centro Democrático, incluyendo al senador Álvaro Uribe, actúan con el corazón que ilustra el nombre de su partido y no con la razón que debe prevalecer en el carácter y el criterio de los buenos patriotas colombianos?

Esperemos las decisiones que siguen tras la apelación de la Procuraduría, la cual tendrá que estudiar la máxima instancia de la Justicia Especial para la Paz.


viernes, 15 de febrero de 2019

DIGAMOS NO AL FRACKING




Bogotá D.C., 15 – II - 2019

Ni el Gobierno ni Ecopetrol ni los empresarios petroleros dicen la verdad sobre la práctica del Fracking y sus consecuencias. Pero mientras en Europa y en los estados norteamericanos de Nueva York, Pensilvania, Virginia Occidental y Texas, se proscribe este procedimiento, Colombia parece ir a contravía de la protección ambiental.

El tema vuelve a ser noticia, a raíz de las recomendaciones formuladas por un grupo de once expertos convocados por el Gobierno y que le dan vía libre  para avanzar con proyectos específicos en la búsqueda de crudo y gas de esquisto cumpliendo estrictos requisitos de preservación ambiental.

Sin embargo, quedan muchas preguntas en el ambiente, pues aunque desde los entes oficiales lo nieguen, la práctica ya se ha intentado en el pasado en Colombia –según los mismos funcionarios de Ecopetrol y del ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente-, quedando como evidencia los desastres ocurridos en San Martín, Cesar y Puerto Wilches y Barrancabermeja, Santander.

Y para entrar en materia en torno a la utilización de estos métodos que tantos movimientos en contra generan en el mundo, vale la pena preguntar inicialmente con relación al documento en el cual se apoyará el ejecutivo para introducir abiertamente la práctica en nuestro territorio: ¿Por qué –incluso los súper técnicos convocados por el Gobierno, ocultan que esa práctica de extracción de petróleo y gas implica graves riesgos para la salud de los habitantes en los entornos cercanos a los  yacimientos no convencionales (YNC)? Y como todos, se van por la línea del menor esfuerzo, diciendo que “nada está comprobado”.

Un tema de salud pública

En Colombia, el tema de la salud pública no se evalúa y pasa a un segundo plano, frente a la avaricia petrolera que generalmente arrasa con el medio ambiente.

Para la extracción del gas y petróleo en los YNC –expliquémoslo en palabras sencillas-, se inyecta en el subsuelo una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones muy altas para reventar las rocas que almacenan los combustibles y permitir que estos fluyan a la superficie, pero las mezclas manan subterráneamente hacia las fuentes de agua, contaminándolo todo a su paso hasta llegar a quebradas y los ríos.

En algunos casos se utilizan hasta una docena de productos químicos -algunos de ellos no son identificables-. Entre los más comunes están el metanol, cuyos vapores pueden causar irritación en los ojos, dolor de cabeza, fatiga y su ingestión en dosis mínimas pueden provocar daños físicos permanentes y la muerte; compuestos BTEX (benceno, tolueno, xileno, metilbenceno), listados como contaminantes peligrosos del aire y contaminantes en la Ley de Agua Potable Segura, cuya exposición prolongada puede provocar cáncer, insuficiencia de la médula ósea o leucemia y efectos sobre el sistema nervioso central; plomo, especialmente dañino en el desarrollo neurológico de los niños y puede causar problemas reproductivos, presión arterial alta y trastornos nerviosos en los adultos; fluoruro de hidrógeno, sus vapores son irritantes, corrosivos y tóxicos; ácido sulfúrico, un carcinógeno que se encuentra en las baterías de autos, altamente corrosivo en los tejidos del cuerpo y muy letal; formaldehido, se usa para embalsamar restos humanos o animales, su ingestión puede causar la muerte y su simple exposición, puede determinar daños pulmonares y en las mujeres problemas reproductivos.

Fracking en el Magdalena Medio

El Gobierno Nacional siempre ha negado que en el país se esté usando el fracking para la extracción de gas y crudo. Pero el propio ministro de Minas y Energía Germán Arce, en 2016 aseguró en una conferencia en Aguachica, Cesar, que esa práctica se realizaba “desde hace algunos años de manera experimental.

Ese mismo año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contrató con ConocoPhillips Company, la tercera petrolera de los Estados Unidos, con sede en Texas, la implementación de 33.714 hectáreas, entre San Martín y Aguachica (Sur del Cesar) y Rio Negro (Santander) para la práctica del Fracking. Y aunque todo se hizo con el mayor sigilo posible, fueron las organizaciones ambientalistas, quienes denunciaron ese hecho.

Y el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, dijo en noviembre de 2018, que algunas prácticas experimentales que se realizaban en el Magdalena Medio, fueron suspendidas, luego de un pronunciamiento del Consejo de Estado.

En marzo de 2018, en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja, se presentó una emergencia por la presencia de crudo, lodo y gas, proveniente del pozo Lizama 158, que anegó una amplia zona y afectó al río Sogamoso. Sus efectos desastrosos alcanzaron incluso hasta el río Magdalena.

Ecopetrol dijo entonces que se trató de una falla en un pozo abandonado, pero organizaciones ambientalistas, afirmaron que hubo prácticas de fracking que se realizaban en la zona. La emergencia se prolongó por más de un mes y aunque los organismos dependientes de Ecopetrol y del Ministerio de Ambiente realizaron investigaciones, aún sus resultados no se conocen.

Y, de la misma manera como el ministro de de Minas y Energía Germán Arce, en el gobierno pasado, defendió el fracking, como una manera de incrementar las reservas petroleras, su sucesora en la era de Duque, María Fernanda Suárez, se ha mostrado abierta a la regulación del uso de esa técnica, hasta el punto que fue la promotora para constituir el grupo interdisciplinario de técnicos ambientalistas para sustentar su tesis en la explotación de los hidrocarburos en el país.

Con lo que no contaba, es que en su informe final, la comisión de expertos, si bien recomendó avanzar con los proyectos piloto integrales de investigación de fracking (PPI), planteó la necesidad de adoptar medidas específicas como transparencia e información, desarrollo de capacidades institucionales, nivel de riesgo, efectiva participación ciudadana y aprobación de comunidades locales, antes de proceder a ejecutar los programas.

En caso de llevarse a efecto la explotación de crudos a través del fracking, los departamentos que resultarían más afectados son Santander, Cesar, Bolívar, Norte de Santander y Antioquia, en donde la oposición al uso de ese tipo de explotación de hidrocarburos, es muy alta.

Muy lamentable, dicen las organizaciones ambientalistas y pobladores de zonas en riesgo, que el Gobierno insista en proteger la explotación de hidrocarburos con prácticas peligrosas, sin tomar en cuenta los riesgos que se ciernen sobre las poblaciones más vulnerables del país.

#DespiertaColombia