¿REFORMA A LA SALUD?

Como siempre, a última hora y sin una suficiente ilustración el Congreso aprobó la ley estatutaria a la salud, más por congraciarse con el Gobierno, que por cumplirle a los electores en la transformación de un sistema, que solo ha enriquecido a las EPS, a costa, muchas veces, de la vida de los colombianos.

 Aunque el proyecto fue radicado a comienzos del año, el debate conjunto en las comisiones primeras solo duró dos días; 8 horas para la aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y cinco más, para la conciliación. Claro que será la Corte, la que tendrá que decir si se atropelló el reglamento interno del Congreso; si hubo fallas en la conciliación y si las modificaciones denunciadas por algunos partidos como el Polo, el Mira y los Verdes, son válidas, antes de decidir sobre la constitucionalidad de la norma. 

 Pero al margen de estas consideraciones jurídicas, lo que el común de la gente se pregunta es, si en efecto, las cosas van a cambiar y si algún día podrán realmente ser atendidos con la celeridad que su salud demanda, sin inhumanas colas; y si se acabarán, o cuando menos, se reducirán los “paseos de la muerte”, que sólo en el primer semestre, han dejado más de 300 víctimas en todo el país y ninguna investigación efectiva.

 La ley precisa que la salud es un derecho fundamental y que el Estado será responsable de proteger ese precepto; de formular y adoptar políticas, con mecanismo que eviten su violación, y de hacer seguimiento y evaluación a las condiciones de salud de los colombianos.

La Corte bien puede demorarse varios meses antes de decidir sobre su constitucionalidad; pero la ley estatutaria en sí no surte mayores efectos sin su par, la ley ordinaria, a la cual le falta todo el trámite en la Cámara de Representantes y que sólo es posible estudiarla a partir del 20 de julio.

 Recordemos cómo la primera reforma a la salud del actual gobierno, radicada en octubre de 2010, comenzó a aplicarse sólo en enero de este año con la unificación -por orden de la Corte-, de los regímenes subsidiado y contributivo. Y la actualización del POS (que se pretende ahora eliminar), solo concluirá en febrero de 2015.

 Así, la nueva ley marco, que trae como novedades, sanciones penales para quienes obstruyan la atención de pacientes en urgencias; la eliminación del POS y la reducción en el precio de los medicamentos, podrá tardarse, antes de ser aplicada – si la Corte lo permite- un año más y la ley ordinaria, si pasa en la Cámara, hasta dos años.

En estas circunstancias, las EPS, podrán seguir engañando al país en su gestión de intermediarios financieros desviando los dineros de la salud, antes de ser sometidas a un nuevo régimen.

Pero los colombianos seguiremos pagando los aportes del 12.5% mensual en salud,  los copagos y las cuotas moderadoras; sometidos a la asignación de citas de medicina general con demoras hasta de dos meses; tres y cuatro meses para especialistas; los tratamientos con acetaminofén (porque según los galenos ninguna droga efectiva está incluida en el POS) y se toman el tiempo que quieran para atendernos por urgencia, siempre y cuando no caigamos víctimas de los paseos de la muerte.

 Y… se me olvidaba, que los gobernadores y alcaldes, los mismos que politizaron la salud y quebraron a los hospitales, volverán a tener su manejo y administración y la designación de sus directores y gerentes. 

Destinan 40 mil millones para remodelar museo privado

La ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, llamó la atención en torno a una ley que está a punto de ser sancionada y que destina hasta la suma de 40 mil millones de pesos para ampliar el Museo de Arte Moderno de Bogotá (una fundación privada), mientras los programas culturales oficiales se mueren en la pobreza.

Se trata de una ley cuyo autor es el congresista del Partido de la U., Juan Lozano Ramírez, y que fue aprobada a “pupitrazo limpio”, sin discusiones de ninguna naturaleza, tanto en comisiones como en las plenarias de Cámara y Senado y la cual ya fue enviada para su sanción presidencial.

La ley ordena la destinación hasta de 40 mil millones de pesos para la ampliación del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que dirige Gloria Zea, como homenaje al cumplirse medio siglo de su fundación; para proteger el patrimonio cultural de la nación y preservar su sede, obra del fallecido maestro Rogelio Salmona, arquitecto al cual se le atribuye la transformación de buena parte del centro de Bogotá.

La paradoja, es que muchas iniciativas de carácter popular, no corren con la misma suerte que tuvo la ley del senador Lozano, radicada el 26 de octubre de 2012. Y para citar un ejemplo está el proyecto que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación al municipio de Charalá del departamento de Santander, exaltando su aporte a la gesta libertadora de Colombia. Este proyecto fue presentado hace tres años, fue aprobado en la Comisión Cuarta de la Cámara y se hundió en la plenaria de esa corporación. La misma iniciativa para remodelar el centro histórico de la población comunera fue presentada por segunda vez el año pasado y de seguro, será archivado antes de llegar a las plenarias, pues no alcanza el tiempo legislativo y mucho menos el presupuesto para un homenaje a un pueblo de tanto arraigo histórico como Charalá.

El Mambo, es una fundación privada y quizás el hecho pasaría desapercibido si con la misma diligencia se buscaran los recursos para preservar ciertas entidades como el Museo Nacional de Colombia, que no ha podido reunir 45 mil millones para comprar un  lote adjunto, de la Beneficencia de Cundinamarca, para su ampliación.  

40 mil millones de pesos es la suma con que cuenta el Ministerio de Cultura para los proyectos culturales en todo el país.

Esta situación provocó la reacción de la ministra, Mariana Garcés, quien le envió una carta al ministro de Hacienda y al Director Nacional de Planeación, en la que expresa su preocupación por cuanto el “Marco de Gasto del Ministerio” no contempla esa erogación, y sostiene que  “las prioridades de inversión deben dirigirse al Museo Nacional que es una institución de la Nación y propiedad de este Ministerio”.

Insiste la ministra en que “no se opone a que se rindan honores al MAMBO, pero sí, a que se le asignen estos recursos, antes de atender, de manera preferencial, la ampliación del Museo Nacional”.

Ahora, el senador Lozano, se defiende en la revista Arcadia y se justifica diciendo que su ley usa una noble expresión potestativa e indicativa, no imperativa, al referirse a los 40 mil millones de pesos, ni se fija vigencia determinada para el aporte.

No sé –digo yo-, si el senador Lozano cree que los colombianos somos bobos. Si ese fuera el espíritu real de la norma que él hizo aprobar, entonces, para que una ley. Porqué no, entonces, haberle ahorrado al Estado tiempo y dinero en el proceso de aprobación de la norma, que es de obligatorio cumplimiento, ¿en lugar de haberle hecho una cordial sugerencia a la ministra?

Ahora la pelota está en el campo del Presidente Juan Manuel Santos, que bien puede objetar la ley, alegando que esta implica una erogación y el gasto público es potestativo del ejecutivo y no del legislativo.

Algunos congresistas aprovechan las épocas de congestión legislativa, como esta de mitad de año, para pasar aquellos proyectos en que tienen interés personal y que se constituyen en una vena rota del fisco, prevalidos de la circunstancia de que los ojos de la opinión están puestos sobre los temas de gran impacto nacional como la reforma a la salud.

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