La ministra de
Cultura, Mariana Garcés Córdoba, llamó la atención en torno a una ley que está
a punto de ser sancionada y que destina hasta la suma de 40 mil millones de
pesos para ampliar el Museo de Arte Moderno de Bogotá (una fundación privada),
mientras los programas culturales oficiales se mueren en la pobreza.
Se trata de una ley
cuyo autor es el congresista del Partido de la U., Juan Lozano Ramírez, y que
fue aprobada a “pupitrazo limpio”, sin discusiones de ninguna naturaleza, tanto
en comisiones como en las plenarias de Cámara y Senado y la cual ya fue enviada
para su sanción presidencial.
La ley ordena la
destinación hasta de 40 mil millones de pesos para la ampliación del Museo de
Arte Moderno de Bogotá, que dirige Gloria Zea, como homenaje al cumplirse medio
siglo de su fundación; para proteger el patrimonio cultural de la nación y
preservar su sede, obra del fallecido maestro Rogelio Salmona, arquitecto al
cual se le atribuye la transformación de buena parte del centro de Bogotá.
La paradoja, es que
muchas iniciativas de carácter popular, no corren con la misma suerte que tuvo
la ley del senador Lozano, radicada el 26 de octubre de 2012. Y para citar un
ejemplo está el proyecto que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Nación al municipio de Charalá del departamento de Santander, exaltando su
aporte a la gesta libertadora de Colombia. Este proyecto fue presentado hace
tres años, fue aprobado en la Comisión Cuarta de la Cámara y se hundió en la
plenaria de esa corporación. La misma iniciativa para remodelar el centro
histórico de la población comunera fue presentada por segunda vez el año pasado
y de seguro, será archivado antes de llegar a las plenarias, pues no alcanza el
tiempo legislativo y mucho menos el presupuesto para un homenaje a un pueblo de
tanto arraigo histórico como Charalá.
El Mambo, es una
fundación privada y quizás el hecho pasaría desapercibido si con la misma
diligencia se buscaran los recursos para preservar ciertas entidades como el
Museo Nacional de Colombia, que no ha podido reunir 45 mil millones para
comprar un lote adjunto, de la
Beneficencia de Cundinamarca, para su ampliación.
40 mil millones de
pesos es la suma con que cuenta el Ministerio de Cultura para los proyectos
culturales en todo el país.
Esta situación
provocó la reacción de la ministra, Mariana Garcés, quien le envió una carta al
ministro de Hacienda y al Director Nacional de Planeación, en la que expresa su
preocupación por cuanto el “Marco de Gasto del Ministerio” no contempla esa
erogación, y sostiene que “las
prioridades de inversión deben dirigirse al Museo Nacional que es una
institución de la Nación y propiedad de este Ministerio”.
Insiste la ministra
en que “no se opone a que se rindan honores al MAMBO, pero sí, a que se le
asignen estos recursos, antes de atender, de manera preferencial, la ampliación
del Museo Nacional”.
Ahora, el senador
Lozano, se defiende en la revista Arcadia y se justifica diciendo que su ley
usa una noble expresión potestativa e indicativa, no imperativa, al referirse a
los 40 mil millones de pesos, ni se fija vigencia determinada para el aporte.
No sé –digo yo-, si
el senador Lozano cree que los colombianos somos bobos. Si ese fuera el
espíritu real de la norma que él hizo aprobar, entonces, para que una ley.
Porqué no, entonces, haberle ahorrado al Estado tiempo y dinero en el proceso
de aprobación de la norma, que es de obligatorio cumplimiento, ¿en lugar de
haberle hecho una cordial sugerencia a la ministra?
Ahora la pelota está
en el campo del Presidente Juan Manuel Santos, que bien puede objetar la ley,
alegando que esta implica una erogación y el gasto público es potestativo del
ejecutivo y no del legislativo.
Algunos congresistas
aprovechan las épocas de congestión legislativa, como esta de mitad de año,
para pasar aquellos proyectos en que tienen interés personal y que se
constituyen en una vena rota del fisco, prevalidos de la circunstancia de que
los ojos de la opinión están puestos sobre los temas de gran impacto nacional
como la reforma a la salud.
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