¿REFORMA A LA SALUD?

Como siempre, a última hora y sin una suficiente ilustración el Congreso aprobó la ley estatutaria a la salud, más por congraciarse con el Gobierno, que por cumplirle a los electores en la transformación de un sistema, que solo ha enriquecido a las EPS, a costa, muchas veces, de la vida de los colombianos.

 Aunque el proyecto fue radicado a comienzos del año, el debate conjunto en las comisiones primeras solo duró dos días; 8 horas para la aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y cinco más, para la conciliación. Claro que será la Corte, la que tendrá que decir si se atropelló el reglamento interno del Congreso; si hubo fallas en la conciliación y si las modificaciones denunciadas por algunos partidos como el Polo, el Mira y los Verdes, son válidas, antes de decidir sobre la constitucionalidad de la norma. 

 Pero al margen de estas consideraciones jurídicas, lo que el común de la gente se pregunta es, si en efecto, las cosas van a cambiar y si algún día podrán realmente ser atendidos con la celeridad que su salud demanda, sin inhumanas colas; y si se acabarán, o cuando menos, se reducirán los “paseos de la muerte”, que sólo en el primer semestre, han dejado más de 300 víctimas en todo el país y ninguna investigación efectiva.

 La ley precisa que la salud es un derecho fundamental y que el Estado será responsable de proteger ese precepto; de formular y adoptar políticas, con mecanismo que eviten su violación, y de hacer seguimiento y evaluación a las condiciones de salud de los colombianos.

La Corte bien puede demorarse varios meses antes de decidir sobre su constitucionalidad; pero la ley estatutaria en sí no surte mayores efectos sin su par, la ley ordinaria, a la cual le falta todo el trámite en la Cámara de Representantes y que sólo es posible estudiarla a partir del 20 de julio.

 Recordemos cómo la primera reforma a la salud del actual gobierno, radicada en octubre de 2010, comenzó a aplicarse sólo en enero de este año con la unificación -por orden de la Corte-, de los regímenes subsidiado y contributivo. Y la actualización del POS (que se pretende ahora eliminar), solo concluirá en febrero de 2015.

 Así, la nueva ley marco, que trae como novedades, sanciones penales para quienes obstruyan la atención de pacientes en urgencias; la eliminación del POS y la reducción en el precio de los medicamentos, podrá tardarse, antes de ser aplicada – si la Corte lo permite- un año más y la ley ordinaria, si pasa en la Cámara, hasta dos años.

En estas circunstancias, las EPS, podrán seguir engañando al país en su gestión de intermediarios financieros desviando los dineros de la salud, antes de ser sometidas a un nuevo régimen.

Pero los colombianos seguiremos pagando los aportes del 12.5% mensual en salud,  los copagos y las cuotas moderadoras; sometidos a la asignación de citas de medicina general con demoras hasta de dos meses; tres y cuatro meses para especialistas; los tratamientos con acetaminofén (porque según los galenos ninguna droga efectiva está incluida en el POS) y se toman el tiempo que quieran para atendernos por urgencia, siempre y cuando no caigamos víctimas de los paseos de la muerte.

 Y… se me olvidaba, que los gobernadores y alcaldes, los mismos que politizaron la salud y quebraron a los hospitales, volverán a tener su manejo y administración y la designación de sus directores y gerentes.