LA VENTA DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

En su mayoría, los colombianos no somos afectos a la venta de las empresas del Estado y menos, cuando estas han logrado superar su punto de equilibrio y se encuentran en sus mejores momentos económicos, comerciales y financieros. Pero tampoco somos partidarios de que en lugar de abrir debates democráticos alrededor de su conveniencia o no, se utilicen argucias politiqueras para ganar adeptos en momentos de gran tensión electoral.

Y me refiero concretamente al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su grupo del “Puro Centro Democrático”, que ante el anuncio del Gobierno de vender el 57.66% de la empresa de energía ISAGEN, se rompe las vestiduras, incita al pueblo contra el establecimiento y sugiere que el Presidente Juan Manuel Santos está buscando, a través de ello la financiación para la campaña de su eventual segundo mandato.

Utilizando a sus áulicos Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, radicaron una demanda ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, para frenar la negociación anunciada por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Lo ilógico, es que quien ahora presume de defensor de los intereses nacionales, sea el mismo que en ejercicio de su mandato extendido en la presidencia, vendió en 2007 el 19.22% de las acciones privilegiadas de ISAGEN, abriéndole las puertas a más de 71 mil accionistas privados, convirtiéndola en una entidad de capital mixto.

¿Acaso no fue en el gobierno de Uribe, cuando se enajenaron la mayor parte de las empresas productivas del país para favorecer a grupos privados que coadyuvaron, en una o en otra forma a financiar su segunda presidencia?

Fue Uribe, a través de su ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga (quien hoy funge como precandidato presidencial), quien vendió el 51 por ciento de Telecom a la española Telefónica en 2006, en una operación que costó 371 millones de dólares;  el 50 por ciento de Carbocol al consorcio integrado por Angloamerican, Glencore y Billiton por US$473,7 millones; le entregó Bancafé al Grupo Bolívar y Granahorrar a BBVA, en una operación que representó en 2005 más de 423 millones de dólares.

Y como si fuera poco, ordenó la venta en 2007 del 20% de Ecopetrol. Las primeras acciones salieron a $1.400 pesos y solo seis meses después se duplicó su valor, constituyéndose en el mejor de los negocios hechos por el gobierno para los particulares y muchas de esas inversiones sirvieron para lavar dinero. Hoy, con la acción en la bolsa a $4.320, nadie sabe en manos de quien están la mayoría de esos títulos.  

Fue también Uribe quien vendió en su segundo mandato las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca, negocios que para la época representaron más de un billón de pesos. Y todas estas empresas pasaban por su mejor momento.

En marzo de 2007, el senador Hugo Serrano Gómez (ya fallecido), denunció cómo, el gobierno de Uribe, desvirtuó en un decreto reglamentario de la ley de Ecogas, -también vendida por su gobierno-, el espíritu con el cual el Congreso creó el Fondo Especial Cuota de Fomento, destinado a favorecer a las poblaciones apartadas de los grandes centros urbanos.

Según  la denuncia, Uribe en su afán electorero y para beneficiar a sus amigos del sector privado, distorsionó el objeto social de la ley y destinó 60 mil millones de pesos de recursos captados, para favorecer a cinco grandes empresas distribuidoras de gas para llevarle el servicio a poblaciones con clara influencia paramilitar de Córdoba, Bolívar, Cesar y Sucre, dejando por fuera sitios pobres y vulnerables señalados en la norma.

Así, pues, sería ingenuo pensar que el exmandatario se haya constituido de la noche a la mañana en el gran protector del patrimonio nacional  y defensor de los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos.

Y claro, ojalá el Presidente Santos recapacite y no caiga en las tentaciones mercantilistas de su antecesor.