El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,
radicará ante el Congreso un proyecto de ley ordinaria para crear el
Fondo de Defensa, sin tocar la Carta Fundamental, luego del descalabro sufrido en la Corte
Constitucional, al ser declarado inexequible por vicios de trámite el Fuero
Penal Militar.
Esa iniciativa, cuestionada por las organizaciones
de derechos humanos, por los tribunales internacionales de justicia y por la
Organización de las Naciones Unidas, además de importantes sectores políticos y
sociales del país, pone contra la pared al gobierno en momentos en que
atraviesa por una difícil situación generada por las conversaciones de paz en
La Habana.
El Acto Legislativo 02 de 2012
planteaba que con excepción del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la
desaparición, todas las demás infracciones al derecho humanitario cometidas por
militares o policías serían conocidas exclusivamente por la justicia militar. De
esa manera los mal llamados “falsos positivos”, las torturas o los hechos de
violencia sexual cometidos en operaciones de la Fuerza Pública corresponderían
entonces a la justicia militar.
Sin embargo la Corte no tocó la
esencia misma de la norma y se basó sólo en la parte facilista del problema. Es
decir, se pronunció en torno a la cuestión reglamentaria para no entrar en
enfrentamientos profundos con el Ejecutivo, que intentará ahora, con la ayuda
de los presidentes de Senado y Cámara que se devuelva la iniciativa y se
subsane la falla procedimental.
Es innegable que la falta de
experiencia política del ministro Pinzón, que casó más de una pelea con los
congresistas de la oposición en desarrollo de los debates del proyecto, la
terquedad del Gobierno por hacerle caso a sus críticos de la extrema derecha y la
débil defensa asumida por los representantes y senadores de la unidad nacional,
dieron al traste con dos años de trabajo por brindarle seguridad jurídica a las
Fuerzas Militares.
Como consecuencia de la caída del fuero, los
miembros de las fuerzas militares quedaron –al menos por ahora- sometidos al
régimen existente en el artículo 221 de la Constitución Nacional.
La idea con el nuevo proyecto que tiene mensaje de
urgencia del Gobierno, que crea el Fondo de Defensa para los Militares, es que
los uniformados puedan defenderse técnica y eficientemente en las
investigaciones que les adelanten por actos del servicio.
El proyecto de ley, es un recurso de emergencia del
Gobierno que le permitiría obtener resultados este mismo año, dependiendo de la
celeridad que se le imprima en el Congreso, pues revivir la iniciativa
equivaldría a partir de ceros y requeriría de dos vueltas en legislaturas
distintas, por lo cual es casi imposible que pueda ser aprobado por Senado y
Cámara, en primera vuelta sin ahogarse,
en las sesiones que restan de este año.
El fondo solo operaría para aquellos procesados por
operaciones militares. Así, no habrá defensa, con cargo al Estado, de los
acusados por delitos comunes como narcotráfico, hurtos, abusos sexuales, etc. ¿Cuánto
desgaste se habría evitado si se hubiera atendido a la crítica de los expertos
nacionales y extranjeros?
Vale la pena hacer notar que quienes demandaron por
fallas de procedimiento la norma, fueron los representantes Rodrigo Rivera (liberal);
Iván Cepeda y Germán Navas Talero (Polo); Ángela Robledo (P. Verde) y la
senadora Gloria Inés Ramírez (P. Comunista), que habrían podido advertir a la
corporación de la omisión en el reglamento.
Ellos –los cinco congresistas-, prefirieron
aprovechar la ocasión de tumbar la norma, alegando que la Comisión Primera,
cuando aprobó la iniciativa, lo hizo sesionando en simultaneidad con la
plenaria de la corporación, lo cual está prohibido. De otra manera, muy seguramente
el acto legislativo habría sido acogido sin problemas por la Corte
Constitucional.
Pero lo más importante es que el gobierno y sus
aliados deben actuar con la razón y no con el deseo y el corazón.
