La deforestación principal problema
del cambio climático
Por José
A. Mantilla
Prensa Andina (Bogotá D. C. – 2–11–2021)
El presidente colombiano Iván Duque en un intento por quedar bien en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia, se ha dado a la tarea de fotografiarse con los grandes mandatarios del mundo, para “chicanear” en Colombia, en lugar de cumplir con los mandatos de las anteriores conferencias.
Busca de esa manera, usando todos los medios de publicidad a su alcance, elevar su imagen favorable, hoy apenas en un lánguido 24%.
Y la prensa nacional, hace aparecer al mandatario como “el personaje central” en la reunión en donde se estudian medidas para hacerle frente al cambio climático mundial. El mejor ejemplo es el titular de El Tiempo que confunde a la opinión: Duque y Biden “coinciden” en Glasgow. Como si el mandatario norteamericano estuviera de acuerdo con la política colombiana en materia medioambiental.
Lo que Duque está haciendo, es generando expectativas para seguir endeudando a Colombia con millonario créditos en dólares, supuestamente para invertirlos en la reforestación de nuestras selvas y bosques nativos, así como en la preservación de nuestros páramos y luego usar esos fondos para tapar los huecos archimillonarios que ha dejado en sus tres largos años de un mandato oscuro.
En este periplo por Europa, Duque ha suscrito empréstitos por cerca de mil millones de dólares (unos $3.8 billones), que se suman al total de la deuda que a junio de 2021 alcanzó US$157.492 millones (51,7 % del PIB), según el Banco de la República. Difícil panorama económico para un próximo presidente.
Y es que ya se ha convertido en costumbre que en vísperas de las reuniones ambientalistas mundiales, Duque hace anuncios que luego ni siquiera es capaz de sostener, como el del año pasado de sembrar 180 millones de árboles antes de 2022.
Al contrario de su anunció, según cifras del IDEAM, a 2020, solo la amazonia colombiana, registraba una deforestación de 109 mil hectáreas, un 13 por ciento más que en diciembre de 2019. Y en todo el país, según las mismas fuentes, se perdieron en un solo año 171.685 hectáreas de bosques.
Mientras tanto regiones como el Amazonas, Chocó o el Caribe colombiano siguen desprotegidos y a merced de las mafias que amparadas en las decisiones de funcionarios públicos arrasan con las selvas y las convierten en hatos pastoriles como recientemente ocurrió en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
El Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido con el Acuerdo de Escazú suscrito el 4 de marzo de 2018 y cuyo proyecto duerme el sueño de los justos en los anaqueles de la Comisión Segunda del Senado, porque según el Presidente Duque “existen instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en materia de protección para defensores medioambientales”.
Mientras tanto, en los 39 meses que lleva su gobierno han asesinado a más de 400 líderes ambientales. Solo el año pasado a 65 de ellos les cegaron la vida en distintas circunstancias, según un informe de Global Witness; y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo corrido de 2021, han sido asesinados más de medio centenar de protectores ambientales.
El primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores ambientales, comenzó a aplicarse desde el 22 de Abril de este año (Día de la Tierra) con la ratificación de todos los países asistentes, menos Colombia, en donde el Presidente Duque, incluso, se niega a enviar una nota de urgencia para el trámite de la iniciativa en el Congreso.
Pero en cambio, sigue avanzando la economía extractiva, además de la perforación “piloto” mediante el fracking, para la extracción de petróleo. En este último trimestre, se entregaron áreas de exploración y explotación minera de oro y cobre a 11 compañías extranjeras.
Otras 70 esperan aún las licencias, entre ellas algunas que aspiran a explotar yacimientos en zonas de páramo en Santander, Antioquia, Caldas, Valle y Nariño, considerados como enclaves para la producción de agua de poblaciones aledañas.
En otras áreas del país, el gobierno insiste en continuar con la fumigación aérea para acabar con los cultivos prohibidos, y de paso con la vida de muchos campesinos. ¿Por qué no dotar a estas poblaciones de los recursos para la explotación de sus tierras y reorientar créditos a largo plazo para que puedan desarrollar programas productivos legales?
¿Será que frente a este panorama, seremos capaces
de contribuir para alcanzar el enfriamiento de la tierra
en dos grados por los
próximos años y garantizar su supervivencia?
Solo queda una premisa: “o todos nos unimos o muere el planeta”.
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