martes, 21 de diciembre de 2021

VOX POPULI, VOX DEI

 

José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D.C., 21 – 12 – 2021)

Cada vez me desilusiono más, no de la política sino de quienes aspiran a los cargos de poder en Colombia. La ejercen, no como una actividad a favor de un pueblo sino como la oportunidad para alcanzar estatus, dignidades y riqueza, particulares.

Por eso poco o nada importan los ideales ni mucho menos las necesidades insatisfechas de quienes votan por ellos.  Y si para alcanzar sus metas es necesario aliarse hasta con el propio Satanás pues se hace, porque para ellos –como en El Príncipe de Maquiavelo- el “Fin justifica los medios”.

Y en un primer análisis de quienes aspiran hoy a la presidencia de Colombia, el panorama es oscuro y desapacible. Todos coquetean con la ilegalidad, con narcos, con comerciantes e industriales con capitales en paraísos fiscales; razón por la cual cada vez más aparecen en sus listas del Congreso, personas cuestionadas o con  nexos con “narcoparapolíticos”.

Entre los cuestionados aparecen Oscar Iván Zuluaga, el primero en resultar ungido, quien representa al Centro Democrático, partido creado por el controvertido expresidente subjudice, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo es el representante de la “Coalición de la Experiencia”, Alejandro Char, cacique político de la región Caribe, exalcalde y heredero electoral de la Casa Char, quien tiene encima 28 procesos por supuesta corrupción. Él alcanzó más de 2 millones 800 mil firmas en un tiempo record de diez días.

Su cuestionada victoria dejó por fuera las aspiraciones del Partido Conservador con David Barguil; las del Partido de la U con su directora Dilian Francisca Toro (Alfil del uribismo) y la de los exalcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y de Medellín Federico Gutiérrez. Estos últimos también criticados por sus amañadas prácticas durante sus administraciones.

En la denominada “Coalición Centro Esperanza”, Se disputan el honor de su representación cinco candidatos, todos ellos disidentes del Partido Liberal, con excepción de uno proveniente del Partido Verde.

Se trata de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Fajardo con un proceso fiscal encima, por los manejos de Hidro Hituango y su posición “tibia” en la política; el segundo parece no repuntar en las encuestas aunque dice haber presentado un millón 300 mil firmas para su nominación; y finalmente Galán, a quien se le atribuye manejos oscuros de dinero a través de la Fundación Luis Carlos Galán, a la cual se han orientado millonarios fondos del Estado. Los dos últimos no aparecen como opciones en las encuestas.

Y en este juego de coaliciones aparece la izquierda (que al contrario de lo que piensan los de la derecha, no está tan extrema) con el “Pacto Histórico”, cuya voz cantante es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quién sus salidas en falso le han generado todo tipo de críticas, pero cuyo solo nombre genera terror entre los demás grupos políticos en disputa, por arrasar en todas las encuestas.

Pero Petro también ha estado coqueteando con sectores o personas al margen de la ley, facilitándoles renglones en las listas para congreso, por encima de las críticas de quienes forman parte de su propia coalición. Incluso, Francia Márquez, una lideresa social del Cauca, quien representa los intereses de la afrocolombianidad, ha estado amagando con irse del pacto, si no se le respetan los puestos en las listas para senado y Cámara. Sobre todos estos hechos, Petro ha guardado silencio.

Finalmente queda –entre los más visibles- el candidato Rodolfo Hernández, un ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, protagonista de escándalos, hechos bochornosos, y quien también tiene procesos por los cuales lo investiga la Fiscalía General de la Nación. Uno de sus denuncias tiene que ver por la entrega de contratos sin el lleno de requisitos legales y por saltarse los procesos de licitación, para favorecer a uno de sus hijos.

Su inscripción en la Registraduría la hizo con un millón 800 mil firmas. Y aunque en las encuestas siempre aparece como segundo después de Gustavo Petro, su favorabilidad no le daría para disputarse la presidencia en la eventualidad de una segunda vuelta. Dice disponer de más de diez mil millones de pesos para financiar su campaña y para la confección de listas al Congreso les pidió dinero a los candidatos.

Ojalá tengamos en las próximas elecciones, la capacidad para valorar el poder del voto y nos convirtamos en veedores para impedir un nuevo zarpazo a la democracia. Y que los gobernantes que resulten de las urnas, entiendan la máxima latina “Vox populi, vox Dei: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.




jueves, 9 de diciembre de 2021

REGRESAMOS AL OSCURANTISMO Y LA CENSURA PERIODÍSTICA

 

Prensa Andina (Bogotá D.C., 09-12-2021).-

Las organizaciones de periodistas del mundo se están pronunciando en contra del “mico” incluido en una ley en Colombia y que establece cárcel y multas para los periodistas que investiguen o publiquen informes sobre corrupción de los funcionarios o exfuncionarios públicos o de sus familiares y allegados.

La iniciativa fue promovida e incluida en un proyecto de ley “anticorrupción”, por un polémico Representante a la Cámara de Cambio Radical, uno de los partidos que apoyan al gobierno de Iván Duque, impuesto por el expresidente y “dueño” del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con grupos paramilitares.

Reproducimos el artículo publicado por Infobae, la edición en línea del diario Buenos Aires Económico (BAE) en el cual se hace una radiografía de la situación generada por la aprobación de esa ley:

A pesar de las críticas que recibió el ‘mico’ en el Proyecto de Ley Anticorrupción, promovido por el representante de Cambio Radical César Augusto Lorduy Maldonado, este fue aprobado, pues la posibilidad de sacarlo del proyecto se esfumó cuando perdió esa votación por 73 votos contra 51.

“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, se lee en el polémico artículo.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

Lorduy Maldonado es conocido en el mundo de la política por su gran cercanía con la casa Char, que ha impulsado su carrera política, como lo señaló El Tiempo, Lorduy fue fórmula de Arturo Char para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018 y ganó con 77.467 votos, y actualmente es la primera para la Cámara de todo el partido Cambio Radical en Colombia.

Sin embargo, por estos días esta siendo recordado por un proceso por homicidio culposo que terminó en vencimiento por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo, que murió producto de una bala. Una de las que recordó el episodio fue Catherine Juvinao que comentó en twitter “El representante Lorduy, el mismo que quiere promover censura a la prensa frente a denuncias contra servidores públicos, fue expulsado del sector privado en Barranquilla por conductas de acoso contra varias mujeres. Tiene también una acusación por feminicidio. Tremenda joya”.

Ante las acusaciones, Cuestión Pública recordó que Lorduy declaró, hace 42 años que ocurrió el hecho, que el arma se accionó en un hecho involuntario que conllevó a la muerte de Alicia. Clara Pardo, mamá de la víctima, dijo en Caracol Radio que “las personas que estaban allí […] en el momento de los hechos, me contaron que él tomó el arma, le quitó el seguro y le disparó -le dijo te voy a matar-”. Sin embargo, la denuncia no tuvo efecto alguno, nunca se esclareció el hecho y pudo llegar a ocupar un cargo público sin ningún inconveniente, pues el profeso finalizó por vencimiento de términos.

“Eso es lo que me asegura mi abogado […] eso ocurrió hace más de 43 años. El abogado Miguel Bolívar Acuña se encargó del asunto. Yo era un tipo joven, un niño, y […] obtuve mi libertad”, dijo Lorduy en W Radio.


Otra polémica que lo envuelve es su apoyo incondicional a Karen Abudinen, exministra quien salió de su cargo a partir del escándalo de Centro Poblados y también muy cercana a la casa Char. Lorduy lideró la oposición a la moción de censura en dónde Abudinen debió responder por el anticipo de 70 mil millones girados al consorcio Centros Poblados para desarrollar un contrato que llevaría conectividad a miles de colegios en las zonas rurales y que finamente desaparecieron.