REGRESAMOS AL OSCURANTISMO Y LA CENSURA PERIODÍSTICA

 

Prensa Andina (Bogotá D.C., 09-12-2021).-

Las organizaciones de periodistas del mundo se están pronunciando en contra del “mico” incluido en una ley en Colombia y que establece cárcel y multas para los periodistas que investiguen o publiquen informes sobre corrupción de los funcionarios o exfuncionarios públicos o de sus familiares y allegados.

La iniciativa fue promovida e incluida en un proyecto de ley “anticorrupción”, por un polémico Representante a la Cámara de Cambio Radical, uno de los partidos que apoyan al gobierno de Iván Duque, impuesto por el expresidente y “dueño” del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con grupos paramilitares.

Reproducimos el artículo publicado por Infobae, la edición en línea del diario Buenos Aires Económico (BAE) en el cual se hace una radiografía de la situación generada por la aprobación de esa ley:

A pesar de las críticas que recibió el ‘mico’ en el Proyecto de Ley Anticorrupción, promovido por el representante de Cambio Radical César Augusto Lorduy Maldonado, este fue aprobado, pues la posibilidad de sacarlo del proyecto se esfumó cuando perdió esa votación por 73 votos contra 51.

“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, se lee en el polémico artículo.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

Lorduy Maldonado es conocido en el mundo de la política por su gran cercanía con la casa Char, que ha impulsado su carrera política, como lo señaló El Tiempo, Lorduy fue fórmula de Arturo Char para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018 y ganó con 77.467 votos, y actualmente es la primera para la Cámara de todo el partido Cambio Radical en Colombia.

Sin embargo, por estos días esta siendo recordado por un proceso por homicidio culposo que terminó en vencimiento por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo, que murió producto de una bala. Una de las que recordó el episodio fue Catherine Juvinao que comentó en twitter “El representante Lorduy, el mismo que quiere promover censura a la prensa frente a denuncias contra servidores públicos, fue expulsado del sector privado en Barranquilla por conductas de acoso contra varias mujeres. Tiene también una acusación por feminicidio. Tremenda joya”.

Ante las acusaciones, Cuestión Pública recordó que Lorduy declaró, hace 42 años que ocurrió el hecho, que el arma se accionó en un hecho involuntario que conllevó a la muerte de Alicia. Clara Pardo, mamá de la víctima, dijo en Caracol Radio que “las personas que estaban allí […] en el momento de los hechos, me contaron que él tomó el arma, le quitó el seguro y le disparó -le dijo te voy a matar-”. Sin embargo, la denuncia no tuvo efecto alguno, nunca se esclareció el hecho y pudo llegar a ocupar un cargo público sin ningún inconveniente, pues el profeso finalizó por vencimiento de términos.

“Eso es lo que me asegura mi abogado […] eso ocurrió hace más de 43 años. El abogado Miguel Bolívar Acuña se encargó del asunto. Yo era un tipo joven, un niño, y […] obtuve mi libertad”, dijo Lorduy en W Radio.

Otra polémica que lo envuelve es su apoyo incondicional a Karen Abudinen, exministra quien salió de su cargo a partir del escándalo de Centro Poblados y también muy cercana a la casa Char. Lorduy lideró la oposición a la moción de censura en dónde Abudinen debió responder por el anticipo de 70 mil millones girados al consorcio Centros Poblados para desarrollar un contrato que llevaría conectividad a miles de colegios en las zonas rurales y que finamente desaparecieron.