676 AMBIENTALISTAS ASESINADOS EN DOS AÑOS Y EMPRESARIOS PIDEN NEGAR ACUERDO DE ESCAZU

 

Por José Antonio Mantilla

PRENSA ANDINA

Bogotá D.C., 1 de mayo 2022.- Después de más de dos años, desde la firma del Acuerdo de Escazú y tras la aprobación en primer debate en el Senado, el Consejo Gremial Nacional pide negar la iniciativa.

Con esa solicitud -dicen algunos congresistas y diversos sectores de la opinión nacional, que los más grandes empresarios del país, pretenden privilegiar el crecimiento económico a la vida de quienes se dedican a la protección de los bosques y del medio ambiente, tomando en cuenta que, solo en los últimos dos años, 676 líderes e indígenas (custodios ancestrales de la madre tierra) han sido asesinados.

“Luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”, expresó en un comunicado el Consejo Gremial Nacional en el que pide al Congreso de la República no aprobar el acuerdo.

Prevalidos del apoyo del Gobierno Nacional, dicen que “el Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”.

Dicen también los empresarios que “la protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento, y empleos".

Según el OBSERVATORIO DE DDHH, CONFLICTIVIDADES Y PAZ, en Colombia se presentan más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que en gran medida van en contravía de los intereses de las comunidades por el impacto socioambiental de dichos proyectos.

Según los expertos en materia ambiental en Colombia, Al contrario de lo señalado por sus opositores, el Acuerdo aporta elementos de gran valor para el manejo de los asuntos ambientales en el país.

CINCO RAZONES PARA SU RATIFICACIÓN

Uno - El Acuerdo de Escazú introduce un novedoso enfoque sobre los asuntos ambientales: el de la democracia ambiental. A diferencia del paradigma reinante, que mira la cuestión ambiental como costo y barrera para el crecimiento económico, esta nueva mirada se centra en la consideración de los derechos humanos y la participación ciudadana como requisitos necesarios para asegurar una economía próspera y garantizar el derecho a un ambiente sano.

Lo referente a la gestión ambiental no puede ser solamente –ni prioritariamente- el crecimiento económico, sino el bienestar de las comunidades en términos de vida digna.

Este enfoque convierte al Acuerdo, como lo señala el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en un poderoso instrumento para la prevención de conflictos. En otras palabras, el Acuerdo, en lugar de afectar la inversión privada, propende por mejores condiciones sociales para su realización.

Dos - Es un complemento ideal para la aplicación de la normativa sobre acceso a la información pública y participación ciudadana en los asuntos ambientales. Colombia ya posee normas en esos campos, pero hay enormes barreras socio-culturales, institucionales y políticas para su adecuada y oportuna aplicación.

Tres - El Acuerdo de Escazú atribuye condiciones especiales a los grupos vulnerables como sujetos de derecho y de especial atención por parte del Estado. No es un elemento menor. Por el contrario, es relevante por dos razones: de un lado, en un país como Colombia, caracterizado por amplias brechas socioeconómicas, profundizadas por la pandemia y por las políticas regresivas del gobierno, las acciones de favorabilidad para las poblaciones excluidas de los beneficios del crecimiento económico y de la acción del Estado resultan ser determinantes. De otro, constituye una herramienta para la protección de los defensores y las defensoras del medio ambiente, cada vez más victimizados por manos criminales.

Cuatro - El Acuerdo otorga un nuevo estatus a los criterios ambientales como referentes para la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo del país. En Colombia, desde comienzos de este siglo, dichos criterios fueron relegados a un segundo plano, subordinándolos por completo a los objetivos del crecimiento económico. El sector ambiental perdió peso político, institucional y financiero dentro de las prioridades gubernamentales, sobre todo, cuando la actividad extractiva (minería e hidrocarburos) fue concebida como la locomotora del crecimiento del país. Escazú señala la importancia de los parámetros ambientales, siempre desde el enfoque de democracia ambiental arriba señalado, en el intento de promover el diseño de políticas públicas equilibradas y, sobre todo, atenidas a los requerimientos de participación ciudadana y garantía de los derechos.

Cinco - Los estándares del Acuerdo de Escazú ya están siendo adoptados por algunas entidades del gobierno colombiano. Es el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que en su proceso de reestructuración decidió incorporar dichos estándares en el manejo de sus competencias de licenciamiento ambiental, sobre todo en materia de acceso a información pública y participación ciudadana. Una razón adicional para que Colombia adopte el Acuerdo.

Por todas estas razones, la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso significa un paso positivo para asegurar un desarrollo sostenible, basado en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de participación ciudadana.

Y lo más importante, que el Gobierno Nacional se obliga a establecer acciones positivas para la protección de la vida de los líderes ambientalistas e indígenas en el país, a quienes organizaciones al margen de la ley, siguen asesinando y desplazando indiscriminadamente, en muchos casos con la protección de agentes oficiales.