LA DEGRADACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

El embrollo generado alrededor de la destitución e inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, es la consecuencia de la crisis de institucionalidad que vive el país y el reflejo de una clase política corrupta enquistada en los tres poderes y que no fue posible erradicar con la Constitución del 91.

Lo que se evidencia es una anarquía total, en donde el poder no se mide con la fuerza de la razón ni hay subordinación a la autoridad, con lo cual prevalece la tesis de que la “ley es para los tontos” y quienes las hacen las acomodan a su conveniencia.

El ejemplo más claro es el del alcalde Petro, (congresista por 16 años) elegido con unas reglas de juego, que él mismo aceptó, pero que ya no le resultaron tan claras, y resuelve, abusando de su poder de convocatoria, reclamar –de manera sui generis-, desde la plaza pública, con arengas y amenazas, por lo que él considera la vulneración a sus derechos.

Y aunque –estoy seguro- la mayoría de los colombianos no gustan de las ortodoxas posturas del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, tampoco toleran que ciudadanos, prevalidos de su investidura como el alcalde Petro, pretendan saltarse la Constitución y la ley, llamando a la desobediencia civil, profiriendo amenazas veladas, haciéndole creer a sus seguidores que se trata de un “ataque contra la paz” por su condición de exguerrillero, en un intento por evadir las sanciones impuestas por los errores cometidos en desarrollo de sus funciones públicas.

Adicionalmente, utiliza la estratagema de atiborrar los estrados judiciales con cientos de tutelas, empleando terceras personas, para prolongar su “muerte anunciada”, vinculando –como ya se ha demostrado- a magistrados que, por lo menos éticamente dejan mucho que desear, por sus señaladas vinculaciones con el funcionario a quien pretenden restablecerle los derechos que aún no ha perdido, porque las sanciones no han quedado en firme.

El alcalde Petro que entonces era figura importante del Polo Democrático Alternativo, se rasga las vestiduras, cuando él mismo formó parte de los 81 senadores que en diciembre de 2008 votaron por el procurador que hoy ataca. Y no es un secreto que (aunque lo nieguen),  nadie es elegido en el Congreso, mientras no haya contraprestaciones burocráticas. Es así como nuestros padres de la patria manejan la política antes y después de la Constitución del 91.

En noviembre de 2012, Ordóñez Maldonado fue reelegido como Procurador General de la Nación por 80 votos de todos los partidos, pese a que la terna se había desvertebrado con la renuncia de María Mercedes López, razón por la cual fue demandada esa elección y 13 senadores podrían perder su investidura por no haberse declarado impedidos teniendo parientes muy cercanos vinculados en el Ministerio Público. Lástima que estos procesos avancen tan lentamente.

Es decir, la misma clase política, incluyendo a Petro, creó el monstruo que ahora intentan combatir, porque se les está metiendo en sus linderos; y esa misma clase política es la que ha impedido por años, que haya una reforma a fondo en la Justicia; que la Procuraduría y la Contraloría se ajusten a las necesidades de un Estado moderno. Es esa misma clase política a la cual no le conviene que se acabe con la Comisión de  Investigación y Acusación de la Cámara, pues su control les permite a sus miembros blindarse y mantener poder burocrático en las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y en el mismo Gobierno.

La armonía entre los poderes, parece haber quedado en letra muerta en la Constitución, pues cada cual tira por su lado: El Fiscal se enfrasca en discusiones bizantinas con el Procurador, con la Contralora y con el ministro de Justicia, porque no le gusta ser controlado y a su vez cada cual pretende extender sus tentáculos para mostrar su poderío, en una lucha en donde quienes llevamos del “bulto” somos los colombianos del común. Ni que decir de las altas cortes que no se ponen de acuerdo para emitir sus fallos; algunos expresidentes no aceptan que se quedaron viudos de poder y pretenden convertirse en coadministradores del gobierno de turno y los partidos que tienen responsabilidades en el manejo del Estado, lo único que les interesa es mantener los altos índices de votación sin importarles quien sea elegido. Y así, todos quieren sacar tajada del ponqué, “haciéndole el quite” a la ley. Y todo, todo, está politizado.

Dura tarea le espera al próximo presidente, para que la paz, que parece estar cerca, no lo sorprenda con la degradación del Estado Social de Derecho.