LEY ESTATUTARIA DE LA SALUD ¿UN SALUDO A LA BANDERA?

Presidente Juan Manuel Santos (Foto Casa de Nariño)

Este martes se cumple un año desde que el Presidente Juan Manuel Santos sancionó con bombos y platillos la Ley Estatutaria de la Salud (Ley 1751 de 2015), luego de que la Corte Constitucional le diera su visto bueno.

Pero lamentablemente, doce meses después, la salud de los colombianos no solo no mejoró sino que hoy se encuentra en cuidados intensivos, y todo ha quedado en promesas olvidadas de la campaña de Juan Manuel Santos.

Desde su primer mandato (2010 – 2014) se anunció un revolcón en el sistema de salud, que implicaba la aprobación no solo de la Ley 1751 de 2015 sino de una ley ordinaria complementaria de la primera y que en dos ocasiones consecutivas ha quedado olvidada en los anaqueles del Congreso.

El Jefe del Estado se conformó con sancionar la ley cuatro meses después del fallo de la Corte y se olvidó de hacerle un seguimiento a través de sus funcionarios para garantizar que en efecto la salud se convirtiera en un derecho fundamental y no simplemente se le considerara como un servicio obligatorio.

Desafortunadamente para los colombianos, las cosas siguen igual o peores porque esa ley estatutaria limitó el derecho a la salud y no ha resuelto los problemas estructurales ni mucho menos se acabó con el denominado “paseo de la muerte”.

Tampoco se ha ampliado el Plan Obligatorio de Salud (POS) que incluye servicios, tecnologías, procedimientos, tratamientos y medicamentos, porque su reglamentación no ha sido expedida, lo cual ha disparado –aunque el ministro del ramo diga lo contrario- los derechos de petición y las tutelas, muchas de las cuales se resuelven cuando los pacientes ya han muerto.

El POS cambia su denominación por “Mi Plan” en la ley ordinaria que nunca ha podido despegar en el Congreso, porque buena parte de senadores y representantes están muy comprometidos con las EPS, con los laboratorios y con organizaciones de salud, algunas de las cuales financian sus campañas.

Tampoco se han solucionado –por lo menos hasta hoy- las demoras en la adjudicación de citas en las EPS, pese a que todos los afiliados tenemos la obligación de pagar  “los gastos que demande la atención en salud” y los copagos respectivos por nuestros beneficiarios.

Una cita con un médico general se demora de 30 a 45 días para que se ordenen exámenes y procedimientos diagnósticos y 30 ó 45 días más, para que ese u otro médico lea los resultados y entregue el dictamen final. Sólo en casos extremos autorizan la revisión por un especialista, lo cual puede demorarse entre tres y seis meses. (En ese proceso el paciente debe comprar cuatro vales o cinco si debe reclamar medicamentos)

En muchas ocasiones, los médicos sugieren a sus pacientes adquirir por fuera del POS las medicinas formuladas.

Las mismas EPS encontraron la forma para salirse por la tangente cuando se acude a urgencias y es obligando al paciente a recurrir a las denominadas “citas prioritarias”, que en la práctica no resuelven situaciones críticas, pero obligan a pagar por una atención que debe ser generalmente gratuita.

Aunque la ley obliga a la atención de urgencia en hospitales y clínicas privadas, estas condicionan la recepción de los pacientes al previo pago de los servicios, a los contratos con las EPS, a los cupos disponibles y a la disponibilidad de profesionales especializados.

Y aunque la ley estatutaria obliga al prestador a atender en todos los casos a los pacientes y se establece una responsabilidad civil y penal, la norma no se cumple y se siguen supeditando  los costos de la atención a la vida de quien recurre a los servicios de urgencias.

La ley estatutaria por el simple hecho de considerar la salud como un derecho fundamental es un buen comienzo pero falta aún mucho por definir, para que el postulado constitucional pueda aplicarse a plenitud y comience una reestructuración del sistema que nos planteó el esperpento de la Ley 100.

TODO EMPEZÓ CON GLENCORE

Refinería de Cartagena (Foto Minminas)

Imposible mantenerse al margen del debate en torno a las billonarias inversiones en la Refinería de Cartagena (Reficar), máxime si quien hace el análisis ha dedicado buena parte de su vida periodística a estudiar e investigar el comportamiento de la actividad petrolera y los negocios que giran en torno a esta industria.

Es tanto lo que se ha dicho en los últimos días –desde que La Contraloría General de la República decidió denunciar los sobrecostos en los contratos de Reficar-, que bien podrían escribirse enciclopedias enteras en torno de ese asunto, pero nadie concreta nada y pareciera que los verdaderos responsables comienzan a pagar escondederos.

Y no es para menos, pues el escándalo bien podría ser tanto o cuando menos similar al caso de corrupción de la estatal brasileña Petrobras y que implica la responsabilidad de la presidenta Dilma Russef y a los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor de Melo.

Lo curioso, es que, con excepción de algunos medios, muy pocos, por cierto, la mayor parte de los periodistas se han dedicado a transcribir lo que dicen unos y otros implicados,  sirviendo de idiotas útiles y de cornetas de resonancia en un proceso que apenas comienza a moldearse y en el cual ni la Contraloría ni la Fiscalía, han expuesto las pruebas que servirán para aclarar el asunto y endilgar responsabilidades.

Funcionarios, exfuncionarios (incluyendo a los expresidentes de Ecopetrol y de Reficar) y hasta los sindicalistas han comenzado a buscar la manera de salvar su responsabilidad y sacarle el cuerpo al mayor peculado que jamás se haya visto en toda la historia de Colombia.

Como periodista independiente asesoré al senador Hugo Serrano Gómez (fallecido el 29 de junio de 2010) e hice algunas investigaciones que le sirvieron de base para formular denuncias y realizar debates de control político tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria del Senado, parte de lo cual quedó registrado en las columnas suscritas por él, en el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Otras muchas cosas que se dijeron quedaron en los archivos muertos del Congreso de la República.

Fue el mismo Serrano quien en febrero de 2009 se pronunció en torno a la inconveniencia de vender el 51 % de la Refinería de Cartagena. En un debate en la Comisión Quinta sostuvo que era “un pésimo negocio en donde el Estado llevaba las de perder” y advertía que la suiza Glencore “no tenía experiencia en refinación, una actividad rentable y de poco riesgo en la industria petrolera”.

En ese entonces, la refinación le representaba a Ecopetrol el 65% de sus ingresos, pero la mayoría de los miembros de la comisión acogieron las palabras de Serrano (pese al respeto que se le brindaba) con escepticismo y porque respaldarlo implicaba el riesgo de perder las gabelas y la burocracia que se les ofrecía tanto en la estatal petrolera como en el Ministerio de Minas y Energía cuyo titular era Hernán Martínez Torres.

Ecopetrol no tenía entonces dificultades ni mucho menos apuros económicos. Al contrario, era una empresa muy bien posicionada en el mercado mundial y la venta de la refinería a Glencore, se hizo por imposición del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez.

La negociación le cayó como anillo al dedo al ministro Martínez Torres, amigo de las transnacionales, expresidente de Intercor, filial de Exxon Mobil para el desarrollo del complejo minero carbonífero del Cerrejón Zona Norte, de quien se decía era propietario de algunas minas de carbón y muy allegado a la Glencore.

Ecopetrol por entonces, anunciaba millonarias inversiones en una refinería en Centroamérica y destinaba recursos para exploración en Perú, Brasil y el Golfo de México. ¿Luego entonces –como lo dijo Serrano Gómez- Si hay tanta experiencia en Ecopetrol, para qué salir de Reficar?

Una vez se hizo el negocio en 2006, Glencore recibió todo tipo de exenciones tributarias y la Refinería de Cartagena fue declarada zona franca para facilitarles sin el pago de aranceles la importación de mercancías. Incluso, recibió subsidios del presupuesto nacional, como productor de combustibles, por más de US$300 millones.

Tres años después (27 de mayo de 2009), Ecopetrol volvió a quedarse con la refinería mediante una fórmula que le permitió readquirir el 51 %  de las acciones compradas en subasta pública por la Glencore, pagándole, además a la transnacional US$200 millones invertidos en Reficar, y de paso la salvó de cancelar cláusulas penales por incumplir los contratos y le limpió su pasado para continuar con el resto de sus negocios en Colombia.

El Gobierno de Uribe fue permisivo con la Glencore, pues le facilitó todo tipo de maniobras, desde cuando ganaron la subasta pública en 2006, en virtud a los ofrecimientos que hicieron, dejando a los demás proponentes por fuera del negocio. Aunque el contrato derivado del proceso es ley para las partes, los funcionarios colombianos se hicieron los de la vista gorda.

En 2007 la compañía norteamericana Chicago, Bridge and Iron (CB&I) se encargó de la ampliación de la refinería por cuenta de la Glencore. El costo total anunciado por la época fue de US$2.700 millones, que poco a poco fue creciendo, hasta llegar a US$4.500 millones al recibir Juan Manuel Santos el mandato en 2010 y se cambió la modalidad del contrato a gastos reembolsables.

Hoy el costo de la reconstrucción de la refinería sobrepasa los US$8.000 millones de dólares (más de $24 billones) y los sobrecostos podrían ser superiores a los US$4.000 millones ($12 billones) por lo cual deben responder los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, sus ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry (actual presidente de Ecopetrol), Oscar Iván Zuluaga, Mauricio Cárdenas  y  los presidentes de Ecopetrol Isaac Yanovich y Javier Gutiérrez Pemberty; así como los directivos de Reficar e incluso a las directivas de la USO.

Cuando se está en el servicio público se peca por acción o por omisión y todos estos funcionarios lo hicieron en materia grave y le provocaron un detrimento patrimonial al Estado. Pues entonces que le respondan a los colombianos como debe ser.

Ojalá que estos hechos no queden como siempre en simples denuncias, recriminaciones entre los gobernantes, un escándalo sin repercusiones legales y que a la larga seamos los colombianos quienes paguemos en impuestos disfrazados el costo de la corrupción rampante.

Nota al margen:

Hernán Martínez Torres, Ingresó al gobierno de Uribe como ministro de Minas y Energía, luego de ocupar importantes posiciones en Atunec S.A., Exxon Mobil Colombia S.A. e International Colombia Resources Corp. Salió del gobierno en 2010 y pasó a ocupar la presidencia de Medoro Resources, una compañía canadiense dedicada a la extracción de oro, acusada en Colombia de explotar comunidades indígenas. En noviembre del año pasado fue condenado por la Contraloría General de la República a devolver $60.029 millones por modificar el cálculo de regalías en un contrato de Prodeco, empresa de propiedad de Glencore, dedicada a la explotación de carbón.

¿COLOMBIA, UN PAÍS INVIABLE?

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el Gerente del Banco de la República, José Darío Urbe, aprovecharon que la mayoría de los colombianos están hoy sumidos en el marasmo que les genera la posibilidad de contraer el virus del zika, para mostrar, con frialdad pasmosa, las cifras que colocan a Colombia –así traten de negarlo- en el peor escenario económico y de inviabilidad financiera internacional.

Ambos funcionarios, expertos en enredarle la pita a los colombianos que poco o nada se interesan por los asuntos serios del país, anunciaron (como si nada pasara) que  la deuda externa asciende hoy a US$110.423 millones de dólares, lo que representa el 37.5 % del PIB (Producto Interno Bruto). Es decir lo que valen la producción interna, los bienes y servicios finales en toda Colombia durante el último año.  

El mayor crecimiento de la deuda se registra a partir de octubre de 2015, cuando el dólar comenzó a superar la barrera de los $2.000, mientras que el precio del crudo comenzó a caer vertiginosamente.

A diciembre de 2015 el PIB en Colombia era de US$ 294.462 millones (poco más de $996 billones, al precio de cambio actual), con un crecimiento del 10 % anual, mientras que la deuda externa de Colombia aumentó, utilizando las cifras del Banco de la República, en el mismo periodo de 2015, en 12,2 puntos con relación a 2014.

Por su parte, las reservas internacionales de Colombia, sin contabilizar el último trimestre de 2015, alcanzaban un total de US$46.726,37 millones y los analistas calculan que en el primer trimestre de 2016 se operará un fuerte descenso como consecuencia de la reducción en la inversión extranjera y la caída en las exportaciones.

Como se puede ver, el panorama económico nacional se muestra bastante oscuro para los colombianos, que además de las graves consecuencias del fenómeno del niño, deberán hacerle frente a los estragos de la corrupción, cuyos efectos se nos trasladarán convertidos en más impuestos tanto locales como nacionales.

Ni que decir de lo que se nos viene encima a partir de la firma de la paz (que ya es un hecho), pues el gobierno tendrá que pensar en acomodar política y burocráticamente a los guerrilleros que tendrán que ser reintegrados a la sociedad y convenir con el sector privado fórmulas para absorber esa nueva masa laboral.

Y mientras tanto, los colombianos nos quedamos lelos ante el optimismo desbordante del Ministro de Hacienda y su amanuense en el Banco de la República, que pretenden tapar el sol con las manos y hacernos creer que todo está bien cuando todo anda mal.

Nos hicieron creer que Colombia era un país petrolero, cuando ni siquiera alcanzábamos a ser un país medianamente exportador de crudos y acabaron con la gallinita de los huevos de oro. Nos dijeron que el futuro estaba en la minería y acabaron con el campo y la producción nacional. Firmamos unos tratados de libre comercio cuando el país no estaba preparado ni industrial ni comercialmente y caímos en la enfermedad holandesa. Y Para colmo de males seguimos vendiendo las empresas rentables del Estado y destruyendo nuestros recursos naturales.

Y los colombianos más preocupados hoy con el Carnaval de Barranquilla, la frivolidad de los reinados de belleza y la trivialidad de ciertos programas de televisión, “nos hacemos los locos” mientras los “genios de las finanzas nacionales” empeñan al país y acaban el patrimonio nacional.