TODO EMPEZÓ CON GLENCORE

Refinería de Cartagena (Foto Minminas)

Imposible mantenerse al margen del debate en torno a las billonarias inversiones en la Refinería de Cartagena (Reficar), máxime si quien hace el análisis ha dedicado buena parte de su vida periodística a estudiar e investigar el comportamiento de la actividad petrolera y los negocios que giran en torno a esta industria.

Es tanto lo que se ha dicho en los últimos días –desde que La Contraloría General de la República decidió denunciar los sobrecostos en los contratos de Reficar-, que bien podrían escribirse enciclopedias enteras en torno de ese asunto, pero nadie concreta nada y pareciera que los verdaderos responsables comienzan a pagar escondederos.

Y no es para menos, pues el escándalo bien podría ser tanto o cuando menos similar al caso de corrupción de la estatal brasileña Petrobras y que implica la responsabilidad de la presidenta Dilma Russef y a los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Collor de Melo.

Lo curioso, es que, con excepción de algunos medios, muy pocos, por cierto, la mayor parte de los periodistas se han dedicado a transcribir lo que dicen unos y otros implicados,  sirviendo de idiotas útiles y de cornetas de resonancia en un proceso que apenas comienza a moldearse y en el cual ni la Contraloría ni la Fiscalía, han expuesto las pruebas que servirán para aclarar el asunto y endilgar responsabilidades.

Funcionarios, exfuncionarios (incluyendo a los expresidentes de Ecopetrol y de Reficar) y hasta los sindicalistas han comenzado a buscar la manera de salvar su responsabilidad y sacarle el cuerpo al mayor peculado que jamás se haya visto en toda la historia de Colombia.

Como periodista independiente asesoré al senador Hugo Serrano Gómez (fallecido el 29 de junio de 2010) e hice algunas investigaciones que le sirvieron de base para formular denuncias y realizar debates de control político tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria del Senado, parte de lo cual quedó registrado en las columnas suscritas por él, en el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Otras muchas cosas que se dijeron quedaron en los archivos muertos del Congreso de la República.

Fue el mismo Serrano quien en febrero de 2009 se pronunció en torno a la inconveniencia de vender el 51 % de la Refinería de Cartagena. En un debate en la Comisión Quinta sostuvo que era “un pésimo negocio en donde el Estado llevaba las de perder” y advertía que la suiza Glencore “no tenía experiencia en refinación, una actividad rentable y de poco riesgo en la industria petrolera”.

En ese entonces, la refinación le representaba a Ecopetrol el 65% de sus ingresos, pero la mayoría de los miembros de la comisión acogieron las palabras de Serrano (pese al respeto que se le brindaba) con escepticismo y porque respaldarlo implicaba el riesgo de perder las gabelas y la burocracia que se les ofrecía tanto en la estatal petrolera como en el Ministerio de Minas y Energía cuyo titular era Hernán Martínez Torres.

Ecopetrol no tenía entonces dificultades ni mucho menos apuros económicos. Al contrario, era una empresa muy bien posicionada en el mercado mundial y la venta de la refinería a Glencore, se hizo por imposición del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez.

La negociación le cayó como anillo al dedo al ministro Martínez Torres, amigo de las transnacionales, expresidente de Intercor, filial de Exxon Mobil para el desarrollo del complejo minero carbonífero del Cerrejón Zona Norte, de quien se decía era propietario de algunas minas de carbón y muy allegado a la Glencore.

Ecopetrol por entonces, anunciaba millonarias inversiones en una refinería en Centroamérica y destinaba recursos para exploración en Perú, Brasil y el Golfo de México. ¿Luego entonces –como lo dijo Serrano Gómez- Si hay tanta experiencia en Ecopetrol, para qué salir de Reficar?

Una vez se hizo el negocio en 2006, Glencore recibió todo tipo de exenciones tributarias y la Refinería de Cartagena fue declarada zona franca para facilitarles sin el pago de aranceles la importación de mercancías. Incluso, recibió subsidios del presupuesto nacional, como productor de combustibles, por más de US$300 millones.

Tres años después (27 de mayo de 2009), Ecopetrol volvió a quedarse con la refinería mediante una fórmula que le permitió readquirir el 51 %  de las acciones compradas en subasta pública por la Glencore, pagándole, además a la transnacional US$200 millones invertidos en Reficar, y de paso la salvó de cancelar cláusulas penales por incumplir los contratos y le limpió su pasado para continuar con el resto de sus negocios en Colombia.

El Gobierno de Uribe fue permisivo con la Glencore, pues le facilitó todo tipo de maniobras, desde cuando ganaron la subasta pública en 2006, en virtud a los ofrecimientos que hicieron, dejando a los demás proponentes por fuera del negocio. Aunque el contrato derivado del proceso es ley para las partes, los funcionarios colombianos se hicieron los de la vista gorda.

En 2007 la compañía norteamericana Chicago, Bridge and Iron (CB&I) se encargó de la ampliación de la refinería por cuenta de la Glencore. El costo total anunciado por la época fue de US$2.700 millones, que poco a poco fue creciendo, hasta llegar a US$4.500 millones al recibir Juan Manuel Santos el mandato en 2010 y se cambió la modalidad del contrato a gastos reembolsables.

Hoy el costo de la reconstrucción de la refinería sobrepasa los US$8.000 millones de dólares (más de $24 billones) y los sobrecostos podrían ser superiores a los US$4.000 millones ($12 billones) por lo cual deben responder los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, sus ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry (actual presidente de Ecopetrol), Oscar Iván Zuluaga, Mauricio Cárdenas  y  los presidentes de Ecopetrol Isaac Yanovich y Javier Gutiérrez Pemberty; así como los directivos de Reficar e incluso a las directivas de la USO.

Cuando se está en el servicio público se peca por acción o por omisión y todos estos funcionarios lo hicieron en materia grave y le provocaron un detrimento patrimonial al Estado. Pues entonces que le respondan a los colombianos como debe ser.

Ojalá que estos hechos no queden como siempre en simples denuncias, recriminaciones entre los gobernantes, un escándalo sin repercusiones legales y que a la larga seamos los colombianos quienes paguemos en impuestos disfrazados el costo de la corrupción rampante.

Nota al margen:

Hernán Martínez Torres, Ingresó al gobierno de Uribe como ministro de Minas y Energía, luego de ocupar importantes posiciones en Atunec S.A., Exxon Mobil Colombia S.A. e International Colombia Resources Corp. Salió del gobierno en 2010 y pasó a ocupar la presidencia de Medoro Resources, una compañía canadiense dedicada a la extracción de oro, acusada en Colombia de explotar comunidades indígenas. En noviembre del año pasado fue condenado por la Contraloría General de la República a devolver $60.029 millones por modificar el cálculo de regalías en un contrato de Prodeco, empresa de propiedad de Glencore, dedicada a la explotación de carbón.