FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - BOGOTÁ
La Fiscalía General de la Nación, creada, para
dinamizar la investigación criminal y facilitar el proceso del sistema oral
obligatorio, no ha podido superar las expectativas establecidas por la
Constitución de 1991 y al contrario, se ha convertido en 25 años de historia en
un ente paquidérmico, burocratizado y atrapado en la maraña de la politiquería.
Lo más grave es que el sistema de designación del
Fiscal General de la Nación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de terna
elaborada por el Presidente de la República y su manipulación por parte de los
partidos políticos mayoritarios, ha contribuido a su desprestigio y la pérdida
de credibilidad en la opinión pública nacional.
En el último capítulo para la designación de este
funcionario, el protagonista es el propio Presidente Juan Manuel Santos, quien
para demostrar su independencia a los colombianos en la elaboración de la lista,
convocó a un concurso al cual concurrieron más 150 prestigiosos abogados, pero
a la hora de la verdad, era solo un ardid para disfrazar sus intenciones, pues
desde un principio todo el país sabía quiénes serían los ternados.
Por esa razón, el proceso solo creó expectativas y
desazón entre los ingenuos juristas que se presentaron a la convocatoria de la
Casa de Nariño. Fueron escogidos a dedo por el Jefe del Estado, Mónica
Cifuentes, asesora del Alto Comisionado de Paz; Yesid Reyes, ministro de
Justicia y Néstor Humberto Martínez, quien ocupó hasta el año pasado el cargo
de ministro de la Presidencia.
Por coincidencia esa misma terna, cuyos nombres
figuraban de tiempo atrás en el sonajero y que fueron escogidos por el
Presidente Santos sin tomar en cuenta ninguno de los otros 13 candidatos de
altísimo nivel que también fueron seleccionados, fue el detonante para la
renuncia de la superministra María Lorena Gutiérrez y que aprovechó el mandatario
para anunciar los ajustes de su gabinete.
Y Aunque los tres aspirantes tienen la idoneidad y la
capacidad para desempeñar el cargo, la presencia de Néstor Humberto Martínez no
deja de provocar ciertos sinsabores en algunos círculos políticos, de congresistas
y de profesionales del derecho.
Los dos restantes, Mónica Cifuentes y el ministro
de Justicia Yesid Reyes -por ser actualmente funcionarios-, generan suspicacias,
frente a su independencia, y temores de que puedan ser manejados a su antojo
por el Gobierno.
El poder de
la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación, es el segundo
organismo más grande y poderoso del Estado, después de Ecopetrol y que
actualmente está en un proceso de reestructuración física y logísticamente.
La Fiscalía maneja un presupuesto para este año,
equivalente a $3 billones 360 mil millones de pesos, de los cuales más del 94 %
se invertirán en funcionamiento y sólo $172 mil 600 millones (menos de un 6 %)
se destinarán a inversión en innovación tecnológica y mejoramiento forense.
En todo el país ocupa a más de 28 mil funcionarios
de distintas categorías, lo cual convierte al jefe del organismo en uno de los
mayores nominadores del país.
Tal vez, por esa razón, es que todas las miradas
del Congreso y la clase política, se vuelcan en torno a la Fiscalía General de
la Nación.
El Fiscal General, en sus faltas disciplinarias y
responsabilidad penal es investigado sólo por Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes.
Esta institución sería reemplazada por el Tribunal de Aforados creada por la
reforma de equilibrio de poderes aprobada el año pasado, pero demandada por el
exfiscal Eduardo Montealegre, ante la Corte Constitucional.
Actualmente en la comisión reposan más de cien
expedientes contra quienes desde el año 2000 han ocupado esa posición, Muchos
de los expedientes han caducado y otros ni siquiera han sido repartidos para su
conocimiento.
Los fiscales de turno se amparan generalmente en
que los congresistas designados en la Comisión de Acusación e Investigaciones,
tienen cuotas de poder, especialmente en las regiones. Denuncias en ese sentido
se han formulado especialmente desde la prensa, pero es muy difícil que estas
prosperen.
Especialmente en esta ocasión, la Fiscalía cobra
una inusitada relevancia dado que será clave en los procesos que tendrá que
conocer, una vez se concrete la paz y se pongan en práctica el modelo de
justicia que se acuerden en La Habana.
¿Ambición por
el poder?
El cargo de Fiscal General de la Nación, podría
pasar desapercibido y quien lo ocupe simplemente podría ser un alto funcionario
más en el Estado, si se toma en cuenta que su remuneración mensual es de $11.229.206,
distribuidos así: por concepto de asignación básica $4.042.516, y por gastos de
representación $7.186.690, además de las primas y vacaciones (decreto 219 de
2016).
Pero lo que genera tanta ambición por la posición,
es el manejo burocrático, el presupuesto, la influencia y el conocimiento que
se adquiere durante los cuatro años y que al igual que a todos quiénes han
pasado por el cargo, les brinda la posibilidad –luego de un año del retiro- de
asumir posiciones o llevar importantes negocios multimillonarios.
Además, que parecen estar blindados frente a la
aplicación de la ley, como ha ocurrido con Eduardo Montealegre; Guillermo
Mendoza Diago; Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, que siendo tan evidente su
actuación irregular, no han sido procesados.
De los tres nominados en la terna que esta semana
deberá discutir la Corte Suprema de Justicia, despierta especial desconfianza
Néstor Humberto Martínez, dadas sus condiciones profesionales especiales, pues
para el común de los colombianos no es normal someterse al escrutinio público
por una remuneración tan baja, cuando superaría con creces su prestigio en
cualquiera de los bufetes de los cuales es dueño o condueño.
Martínez, ha sido superintendente bancario,
ministro de Justicia y del Interior, superministro de la Presidencia; abogado
asesor de los conglomerados económicos más grandes de Colombia y de multinacionales
con negocios en el país; consejero de banqueros como Luis Carlos Sarmiento
Angulo; de empresas de radio y televisión y socio de DLA Piper, una de las firmas de abogados más grandes del
mundo.
Y no es que con ello haya procedimientos ilegales,
pero por lo menos, por aquello de la “malicia indígena” que tenemos los
colombianos, no deja de ser sospechoso.
La Corte tiene la última palabra.
