SOFÍA GAVIRIA CRISTINA PLAZAS
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), Cristina Plazas MIchelsen, deberá enfrentar sendos debates
ante el Congreso, por supuesta negligencia
y omisión en sus funciones, permitiendo con ello que la muerte de niños por desnutrición
aguda se multipliquen en el país, especialmente en zonas vulnerables como La
Guajira, Chocó y la Amazonía.
Esta situación se suma al mal manejo que le dio al
paro de las madres comunitarias que durante más de una semana mantuvo en vilo
al país y que fue levantado, luego de la intervención de una comisión integrada
por representantes del Congreso, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y
del ministerio del Trabajo.
Plazas Michelsen ha intentado defenderse de las
acusaciones que le llueven en todas las latitudes, utilizando para ello su
capacidad mediática, en su intento por ocultar los problemas que se
ciernen
Sobre el ICBF.
En reiteradas ocasiones ha sugerido, sin concretar,
que algunos congresistas interfieren en la contratación del instituto,
despertando suspicacias hacia senadores y representantes.
Estos hechos generaron el miércoles una reunión de
las directivas del Partido Liberal en donde se analizó a fondo la crisis por la
que atraviesa el instituto y la situación particular entre Plazas y la senadora
Sofía Gaviria Correa, esta última señalada de perseguir políticamente a la
funcionaria por no darle un contrato de
alimentación a la Fundación Lucerito de la que ella es una de sus fundadoras.
RESPUESTA DE
LA SENADORA
Gaviria Correa manifestó que “hace once años fui
una de las 120 personas agrupadas para crear esta entidad sin ánimo de lucro,
con el objetivo de auxiliar a niños y jóvenes víctimas de violencia sexual,
pero desde hace más de diez años no hago parte de su junta directiva, ni tengo
vínculo alguno con la entidad. Sin embargo, he seguido los pasos de Lucerito y,
con complacencia, he sido testigo de cómo, durante todos estos años, la
fundación ha cumplido a cabalidad con su finalidad, apoyando la recuperación de
5.890 menores”.
Agregó que durante ese tiempo la Fundación
Lucerito, “ha sido la única entidad de su género en atender a víctimas menores
de cinco años de edad y en operar en
zonas rurales. Por ello, me indignó enterarme de que, en diciembre pasado, 150
menores, que estaban siendo atendidos por la institución, en el Quindío,
quedaron sin ninguna protección o apoyo por parte del ICBF. La desatención a estos niños vulnerables, y
no la adjudicación alguna de contratos a la Fundación Lucerito, es lo que he
reprochado públicamente a Cristina Plazas”.
Gaviria Correa, quien preside la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso y el Frente Parlamentario Contra el Hambre, ha sido, una crítica de las políticas sociales
del ICBF, por lo cual ha llamado en diversas ocasiones a debates de control
político a la funcionaria en mención.
PIDEN RENUNCIA DE
PLAZAS
Durante la reunión se respaldó una moción de
senadora liberal quien pidió la renuncia de Cristina Plazas luego de citar las
irregularidades en las cuales ha incurrido en los últimos meses así:
Cristina Plazas ha faltado a su función de rendir
cuentas ante el Congreso. De las más de 19 ocasiones en las que ha sido citada
a comisiones y plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado, solo ha
comparecido ante el legislativo seis veces.
Bajo la dirección de Plazas, se han incumplido los
acuerdos gubernamentales pactados con las madres comunitarias, relacionados con
contratos, salarios y prestaciones sociales. Esto ha generó una crisis que
derivó en el gran paro que acaba de terminar y para el fin del cual varios
congresistas tuvimos que mediar.
Han sido múltiples las investigaciones existentes
contra el ICBF y contra los adjudicatarios del mismo, por prevaricato,
peculado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de
contratos sin formalidades.
A pesar de que Colombia es el segundo país del
mundo con mayor incidencia de embarazo adolescente, el ICBF no ha establecido
una política pública eficaz, de alertas tempranas o de prevención, en cuanto a
salud sexual y reproductiva de menores: cada año, hay más de 165.000 niños
nacidos de adolescentes.
No se ha puesto en operación los mecanismos
necesarios para evitar el maltrato infantil y el abuso sexual a menores, cuya
estadística ha aumentado preocupantemente durante su administración. Mucho más
grave esto, cuando este abuso ocurre en los mismos hogares del ICBF.
Cristina Plazas ha faltado a su obligación de
brindar atención integral a menores víctimas del conflicto.
A causa de una mala implementación de
procedimientos por parte del ICBF, las adopciones, en los últimos cinco años,
se han reducido en un 62%, lo que vulnera el derecho fundamental de los niños a
tener una familia.
El ICBF no está brindando a nuestros niños
condiciones que garanticen su derecho a la alimentación. La grave situación de
inseguridad alimentaria está causando frecuentes escándalos de muertes por
desnutrición en La Guajira. Esta situación se repite en Chocó, Guainía, Vaupés,
Vichada, Santander y Huila, entre otros departamentos. En 2015, se notificaron 260 muertes de
menores de cinco años, por desnutrición y 808 por causas asociadas a la misma,
y en las 12 primeras semanas de 2016, se registraron 53.
Tampoco el ICBF ha hecho lo necesario para que el
país cuente con estadísticas serias y fiables acerca de la situación de la
niñez en Colombia, indispensables para la racionalización e inversión adecuada
de los recursos públicos. Plazas
incumplió con su deber de tener lista, para el 2014, la encuesta quinquenal de
Situación Nutricional, la ENSIN, insumo básico para verificar avances y
proponer acciones en seguridad alimentaria en el país.
Finalmente la senadora Gaviria Correa dice que Plazas
está tendiendo mantos de dudas para ocultar la realidad porque “la dirección
del ICBF le quedó grande” y que esto está afectando a los cientos de miles de
menores y familias que deberían recibir atención integral de esa entidad”.
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