TORRE DE PERFORACIÓN EN LOS LLANOS ORIENTALES
El Gobierno Nacional a través de sus ministerios de
Minas y Energía, Medio Ambiente; Ecopetrol, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
está empeñado en buscar los dólares que le hacen falta para sostener el post
conflicto, privilegiando la búsqueda de crudo arrasando con los intereses
ecológicos del país.
Se olvidan que parte de la crisis vivimos hoy, se
debe a las malas políticas gubernamentales en materia de hidrocarburos, sumadas
a la denominada “locomotora minera”, que facilitó el ingreso de grandes
inversionistas extranjeros y que al cabo de un tiempo su descarrilamiento
generó que Colombia entrara (aunque lo nieguen) al club de los países afectados
por la enfermedad holandesa.
No hubo tal desarrollo minero y la imprevisión y
las malas administraciones acabaron, prácticamente, con nuestra industria
petrolera, porque durante los últimos 15 años de bonanza no se invirtió como se
debía, para preservarnos de la época de las “vacas flacas” y el Gobierno
utilizó indiscriminadamente a Ecopetrol como su caja menor, y se malversaron
los recursos de la venta de sus acciones. Claro, todo justificado hoy en la
caída internacional de los precios del crudo.
Desde 2010, el país, aumentó sus exportaciones de
petróleo, carbón, níquel y oro. El café, las flores y productos manufacturados,
pasaron a un segundo plano y la industria nacional comenzó a ceder en favor de
los productos extranjeros como consecuencia de la firma de los Tratados de
Libre Comercio.
El dólar que hasta hace dos años costaba $1.800,
comenzó a subir de precio, tomando desprevenida a la industria y los
exportadores colombianos, que obviamente no tuvieron como reaccionar. Así la
economía colombiana se fue a pique.
Pero existen ahora dos amenazas latentes, frente a
la cual los colombianos debemos estar alertas: El otorgamiento de licencias de
manera indiscriminada a la industria petrolera para la exploración, perforación
y producción de hidrocarburos y la práctica del “fracking” para aumentar la
extracción de crudo.
En ambos casos, parece ser que el Gobierno de Juan
Manuel Santos, unificó los criterios entre sus distintas agencias, para buscar
a como dé lugar el petróleo, que cree será la salvación del país, una vez el
crudo estabilice sus precios en el mercado internacional, sin discriminar si se
trata de zonas protegidas o no.
Y la sentencia la hizo el presidente de Ecopetrol,
Juan Carlos Echeverry, (ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe), en
un foro de la Contraloría General de la República:
“Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de
entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes
era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a
todas las petroleras del país, generar el desarrollo en las regiones, sacar más
petróleo”.
Y advirtió: “O el país saca más petróleo, o
aumentan los impuestos o hay menos mejoramiento de vías. Entonces, hay que
proteger el petróleo y el gas porque este país fiscalmente depende del crudo”.
LICENCIA
PARA MATAR “LA MACARENA”
Ismael Medellín Dueñas, alcalde de La Macarena en
el departamento del Meta, denunció ante el país cómo la ANLA otorgó una
licencia para la explotación petrolera en la zona de la serranía, considerada
como un paraíso natural del país.
La autorización está contenida en la Resolución
0286 del 18 de marzo de 2016 que autoriza a la empresa Hupecol la explotación
en 150 puntos diferentes de la región, lo cual en la opinión de los habitantes
de La Macarena se convertiría en un desastre ambiental de grandes magnitudes.
Según el alcalde, la explotación petrolera se
realizaría muy cerca de los nacederos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada que
convergen en su municipio y afectaría Caño Cristales, el río de los siete
colores, una de las atracciones turísticas mundiales de la zona.
Lo curioso es que estas áreas de explotación
entregadas por la ANDA, limitan con las zonas declaradas protegidas.
Cabe preguntar si el Presidente Santos está al
tanto de esta situación, pues en reiteradas ocasiones ha manifestado su
desacuerdo con que se otorguen licencias en zonas de protección ambiental.
Precisamente el Plan Nacional de Desarrollo prohibió
las actividades agropecuarias, de exploración o explotación de recursos
naturales no renovables o la construcción de refinerías de hidrocarburos en
zonas previamente delimitadas por el Ministerio de Ambiente.
La ANLA ha sido muy cuestionada desde su creación
en 2011, por la entrega indiscriminada de licencias para la explotación minera
y más recientemente por permitir explotaciones agropecuarias cerca de los
páramos.
En julio de 2014, los campesinos de 56 veredas de
Puerto Asís y el Valle del Gamuez, en el corredor fronterizo Puerto
Vega-Teteyé, cerca de Ecuador, se organizaron en una protesta pacífica para
solicitar al Gobierno Nacional que derogara una decisión de la ANLA de ampliar,
al Consorcio Colombia Energy, en más de 12.000 hectáreas la perforación de 100
nuevos pozos petroleros y extender un sistema para la captación de agua en los
ríos San Miguel, Cuembí, y Putumayo. Finalmente la ANLA echó para atrás la
disposición.
“FRACKING,
EL CÁNCER DE LA TIERRA”
No contentos con el peligro que se cierne sobre
zonas ecológicas protegidas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) acaba
de contratar con ConocoPhillips Company, la tercera petrolera de los Estados
Unidos, con sede en Texas, la implementación de 33.714 hectáreas, entre San
Martín y Aguachica (Sur del Cesar) y Rio Negro (Santander) para la práctica del
Fracking.
Aunque todo se ha hecho en medio del mayor sigilo
posible, fueron los propios habitantes de los tres municipios quienes
denunciaron el convenio a través de la WEB.
El diario El Espectador publicó recientemente una
nota en la cual expone la preocupación de los habitantes de la zona, dados los
inmensos daños ecológicos que podrían derivarse de esa práctica, prohibida en
muchos países del mundo.
El fracking –como lo concibe la organización
Greempeace- consiste en una técnica no convencional para la extracción de gas
natural o crudo de ciertos yacimientos. Se trata de explotar el gas acumulado
en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias para permitir la
extracción de los hidrocarburos. Para ello es necesario realizar cientos de
pozos e inyectar millones de litros de agua cargados con un químico tóxico para
sacarlo a la superficie.
Ese proceso, según Greempeace, provoca la
contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación de la atmósfera,
genera emisión de gases de efecto invernadero (metano), provoca terremotos
(sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos por la
ocupación del territorio y en muchos casos la desaparición de fuentes naturales
de agua.
Según los científicos se requiere entre 9.000 y 29
mil metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo que se perforan
a una profundidad de hasta 2.500 metros.
Muchas de las sustancias químicas utilizadas son
altamente cancerígenas y se ha comprobado que contaminan fuentes cercanas de
agua. Especialmente en la zona está muy cerca el Rio Magdalena y muchos de sus
afluentes pasan por los tres municipios.
Cada plataforma, según dicen los expertos, requiere
entre 4.300 y 6.600 viajes en camión para el transporte de maquinaria,
limpieza, etc.) y las operaciones de la propia planta también pueden causar una
contaminación atmosférica significativa si tenemos en cuenta los gases ácidos,
hidrocarburos y partículas finas.
No obstante esta situación, pareciera que el
Gobierno Nacional, más preocupado hoy por las conversaciones en La Habana y por
sus resultados, no está tomando en cuenta que para alcanzar la paz, primero
debemos reconciliarnos con el medio ambiente.
NOTA AL
MARGEN
Al momento de publicar este artículo, el Presidente
Santos anunció la suspensión provisional de la licencia para actividades
petroleras en la zona de La Macarena. Lo que debe es impedirse que se siga
maltratando el medio ambiente de manera definitiva, pues el impacto ecológico
es grande, especialmente cuando de manera ilegal se está construyendo entre la
selva una carretera de varios kilómetros que implica la tala de árboles y muy
seguramente la muerte de especies nativas animales y vegetales.
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