Madres Comunitarias a las afueras del ICBF en Bogotá
Foto tomada de RCN
Contrariando los pilares de su programa de gobierno
“Paz, equidad y educación”, el Presidente Juan Manuel Santos, resolvió
continuar en materia laboral, la línea de su antecesor Álvaro Uribe, al ordenar
“tercerizar” a uno de los sectores más sensibles de la población para
privilegiar económicamente a un grupo de comerciantes impuestos en las regiones
por gamonales y políticos corruptos.
Se trata de las denominadas Madres Comunitarias, que
realizan un paro nacional en demanda de prerrogativas justas y por el respeto
de sus derechos constitucionales.
Muchas de ellas con más de 25 años de servicio,
podrían quedar hoy, sin su trabajo de toda una vida, enfermas, sin seguridad
social y sin el reconocimiento de una pensión digna, porque el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las obligó a depender de unos
operadores que las subcontrata a término fijo por dos, tres o cuatro meses, sin
el reconocimiento de su antigüedad.
La responsable de esa situación es Cristina Plazas
Michelsen, una abogada, burócrata de profesión, a quien desde distintos
sectores se le acusa por las deficiencias en la operación del Instituto y la
ausencia de programas que eviten que los niños en los territorios más alejados
y pobres del país sigan muriendo por hambre.
En sus manos, el ICBF, nada ha mejorado y por el
contrario, la corrupción es más evidente, como consecuencia de la parcelación partidista
regional, en una entidad, que por sus características, debiera estar alejada del
síndrome de la política.
Plazas Michelsen, es ahijada política del
vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es el director natural de Cambio
Radical, partido al cual pertenecen buena parte de los funcionarios del ICBF a
nivel nacional y regional. Además un amplio grupo de senadores y representantes
de los partidos de la “Unidad Nacional” son beneficiados allí con sus cuotas
burocráticas.
El paro fue originado por la prepotencia de Plazas
y sus funcionarios, pues aunque desde comienzos de 2015, había reclamos de las
distintas asociaciones de madres en el país, ella se negó a dialogar para
conocer cuáles eran sus demandas y por lo menos socializar el decreto que
obliga a contratar con operadores externos.
Esa norma fue adoptada en desarrollo de los
programas que dejó Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, una abogada
barranquillera, exfuncionaria del BID y del Manco Mundial en Washington y quien
trabajó en la Fundación NU3 que también se beneficia de los contratos oficiales
del ICBF.
Abudinen Abuchaibe, también ficha de Cambio
Radical, quien fungía como directora de Primera Infancia del ICBF, se retiró
para asumir como funcionaria del alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro
Char.
Las 63 mil Madres Comunitarias, entre ellas algunos
padres que atienden a un millón 77 mil niños y niñas en educación
inicial han realizado tres paros en el gobierno de Santos, para solicitar
garantías en su estabilidad y continuidad laboral.
El propio ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas,
al ser aprobado el Presupuesto General de la Nación en octubre de 2013,
garantizó ante el Congreso, que, “a partir de enero de 2014 las madres
comunitarias tendrían un contrato a término indefinido, con aportes a salud,
pensión y caja de compensación familiar incluidas”. Para sorpresa de ellas, la
promesa no se cumplió y al contrario, se les sometió a un procedimiento
contractual que, incluso, viola sus derechos constitucionales.
Sostienen estas trabajadoras, que al vencerse cada
periodo contractual de dos, tres o cuatro meses, quedan cesantes durante 15
días, antes de suscribir los nuevos documentos, período durante el cual, no se
les reconoce ninguna remuneración, aunque sí se les obliga a atender a los
niños en sus hogares.
Esa circunstancia igualmente la aprovechan los
operadores, para abstenerse de volver a contratar a aquellas madres que padecen
enfermedades crónicas o simplemente las discriminan por su edad, con lo cual se
les violenta su mínimo vital.
Ni que decir al hablar del tema nutricional de los
niños. Estas madres, que deben adaptar sus casas para atender a 12 o 15 niños
(sin que se les pague la locación), solo reciben para su manutención $2.550
diarios por cada uno, equivalente al 70 % de la tabla nutricional establecida por el
ICBF, por lo cual en muchos casos, las tutoras deben remover cielo y tierra
para ajustar la dieta de los menores a su cuidado.
Aunque en la mesa de diálogo, concurren cinco
congresistas, los ministros de Salud y Trabajo, delegados de la Procuraduría,
la Defensoría del Pueblo, las representantes de las Madres Comunitarias y otros
funcionarios, nunca en los últimos tres años, se ha brindado una solución de
fondo y estas trabajadoras siempre llevan la peor parte.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, alega que
en la parte laboral la situación es inamovible y que las madres comunitarias
tendrán que seguir sometiéndose a los contratos que les ofrecen los operadores,
pues ese, ya no es un problema de la entidad a su cargo.
Mientras tanto los colombianos seguiremos
preguntándonos: si hay tantas promesas incumplidas de Santos y si –como ocurre
en este caso-, no hay equidad para un grupo sensible y muy vulnerable de
trabajadores, ¿cómo alcanzar la reconciliación para que la paz en Colombia sea
un hecho?
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