EL AGARRÓN DE DOS ALCALDES

Escuchando las intervenciones radiales de hoy, tanto del alcalde popular de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, como las réplicas de su antecesor Luis Francisco Bohórquez, (en medio de un agarrón a micrófono tendido), queda la sensación de que el enfrentamiento no obedece a criterios sanos de administración ni mucho menos por el desarrollo de Bucaramanga sino a problemas personales que deben derivar en investigaciones, pues las afirmaciones comprometen seriamente a ambos mandatarios en el manejo de la cosa pública.

Si Hernández está seguro y tiene pruebas de la malversación de fondos, el despilfarro y supuestos peculados en la administración de Bohórquez, ¿por qué no lo ha denunciado ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, en lugar de hacer tanto escándalo mediático? ¿Ocho meses no son suficientes para haber enderezado las finanzas del municipio?

Si hubo peculados en la contratación de los créditos para Bucaramanga, debe investigarse también a los concejales de la época, pues ellos aprobaron los proyectos del alcalde Bohórquez. Y si Bohórquez es inocente del desfalco a las arcas de Bucaramanga, ¿por qué no se defiende de tamañas acusaciones? ¿Acaso Hernández –de no ser ciertas sus denuncias- no puede ser imputado por Bohórquez de injuria y calumnia?

Es en los estrados judiciales –con la ley y la Constitución en la mano-  en donde hay que demostrar quién tiene la razón y no en las tribunas improvisadas de las emisoras, pues lo que se hace al aire queda en el aire.

Los bumangueses merecemos respeto y tenemos derecho a saber la verdad sobre el manejo de las finanzas públicas de la ciudad.

A Hernández se le eligió para que maneje administrativa y financieramente a la capital santandereana y no para que se vaya por la línea del menor esfuerzo, como es declarar en “bancarrota” a Bucaramanga, con lo cual todos perderíamos lo que ha ganado la “Ciudad Bonita” como municipio en categoría especial.

En las dificultades es en donde los buenos administradores demuestran su imaginación e inteligencia.

Ya es suficiente de tanta pelea en donde los perdedores somos todos. Por lo demás, que entre el diablo y escoja. 

A PROPÓSITO DE LOS ATAQUES DE POLICÍAS A PERIODISTAS

La agresión de que fueron víctimas Víctor Ballestas, David Romero y Jorge Mercado del equipo informativo de City T.V.,  es un caso común dentro de la Policía Nacional, que hoy cobra protagonismo por involucrar a la prensa. Pero todos los días se informa de situaciones similares en las cuales se ven envueltas las autoridades en contra de ciudadanos sin que pase nada; y pareciera que los medios se colocaran a favor de los agresores.

Estos casos deben ser investigados a fondo, pese a las vacías excusas de los directores de la Policía con que siempre terminan las denuncias, pues es muy grave que sean los agentes de esa institución –que deben ser un paradigma para la sociedad-, quienes a diario se constituyen en noticia no propiamente por su ejemplo sino por su mal comportamiento frente a la ciudadanía.

El Artículo 20 de la Constitución Nacional dice: Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Y el nuevo Código Nacional de Policía establece que las actividades de Policía son públicas: “Se establece una autorización legal para que cualquier ciudadano pueda gravar los procedimientos policivos y que nadie pueda impedirlo, de modo que las actuaciones de las autoridades serán de cara a la ciudadanía”.

¿Pero frente a su actuación irregular cabe preguntarse si son estos agentes, los mismos que tendrán a su cargo la responsabilidad del cumplimiento del nuevo Código Nacional de Policía, y que ahora, podrán ingresar para realizar operativos a las residencias o a lugares privados sin orden judicial simplemente prevalidos de su juicio personal?

La denuncia contra la Policía por las agresiones a un equipo de periodistas de City T.V., no debe ser optativo de las víctimas como lo sugiere el director del medio, Darío Restrepo sino una obligación ciudadana que va más allá del ataque a la prensa. El medio está en obligación de proporcionarles asesoría jurídica y las autoridades en el deber de iniciar los procesos administrativos y penales para garantizar no solo la libertad de prensa sino la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Mientras no se tome conciencia de la necesidad de denunciar a quienes infringen la ley, aunque se trate del más importante funcionario, los ciudadanos no tendremos jamás la seguridad que merecemos. 

PREMIAR A TAXISTAS PARA QUE NO VIOLEN LA LEY

Bogotá, Avenida NQS (Foto Prensa Andina)

Algunos medios –asumiendo la defensa del gremio de los taxistas, más no de los usuarios- han resuelto hacer comparaciones, respecto del costo de la carrera mínima en las distintas ciudades del mundo, justificando así las medidas del alcalde Enrique Peñalosa y que, para el caso de Bogotá,  quedó en $4.100 pesos, amén de los aumentos en los demás componentes tarifarios.

 Pero lo que no dicen algunos esos mismos  medios que elogian las medidas de Peñalosa, es que en algunas ciudades como Londres (Inglaterra), Berna (suiza), Paris (Francia) o Berlín (Alemania), tomar un  taxi es excepcional, pues los sistemas públicos de transporte operan a la perfección, son rápidos, cómodos y seguros, con recorridos (a veces) de más de 50 kilómetros. Además, disponen de vías óptimas, amplias y sin huecos.

Y claro, en esos países de Europa pagar excepcionalmente  por una carrera no hace mella, por los ingresos que tienen y el poder adquisitivo de las monedas. Veamos unos ejemplos:

En Colombia el salario mínimo (SM) es de $685.485 (US$220,40, tomando la cotización de $3.110 a 3 de agosto).

En Inglaterra el SM es a 2016 de €1.512 ($5.219.000 col al cambio de $3.451,78); en Alemania €1.473 ($5.084.000); en Francia €1.458 ($5.032.000) en Suiza no hay salario mínimo, pero su equivalente para el trabajador colombiano gana allí €4.500 y un profesional medio que en Colombia gana $3 millones al mes, allí gana €7.045 (con una semana laboral es de 42 horas).

En Estados Unidos, el salario mínimo por hora es, en la mayor parte del territorio, US$10.00. Ese equivalente por ocho horas diarias sería de $248.800, es decir que los estadounidenses con SM ganan en un día lo que un trabajador colombiano común y corriente puede obtener en 11 días.

A diferencia de las ciudades europeas o norteamericanas, en Bogotá no tenemos un transporte adecuado y solo disponemos para transportarnos del tortuoso Transmilenio, al cual le cayeron las siete plagas de Egipto; el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que en su mayor parte funciona con buses destartalados que se varan a cada cuadra, que despachan cada hora y en los cuales un pasajero, si bien le va, demora, para llegar a su destino, entre una y dos horas.

En estas circunstancias, el usuario lleva las de perder frente a los taxistas, pues es este quien impone las rutas a seguir y con el pretexto de “evitar trancones”, toma los senderos más lejanos para, de esa manera, cobrarle al incauto ciudadano un costo mayor por la carrera, cuando no le aplican “el muñeco” o los trucos que usan para acelerar las unidades y aumentar los costos. Pero el ciudadano apurado, que sabe que en otro medio no llega a tiempo a su trabajo, paga lo que sea, para evitarse un lío mayor con el abusivo conductor. Y todo ocurre en las narices de las mismas autoridades, que muchas veces actúan en connivencia con los taxistas.

Y aunque el “doctor” Enrique Peñalosa, conoce todo este embrollo, le dio orden expresa a su Secretario de Movilidad para que hiciera efectivas unas nuevas tarifas muy por encima del IPC y del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), dándoles contentillo por no haber logrado aún detener el avance de Uber, como se comprometió con el gremio de los amarillos y cuyos empresarios financiaron su campaña.

Y como si todo esto fuera poco, anunció el establecimiento de un bono especial de $500 pesos por carrera con cargo a los impotentes usuarios, dizque para estimularlos a no violar las normas de tránsito, no agredir a los pasajeros, no manejar borrachos ni matar transeúntes en las avenidas y luego salir huyendo.

En Bogotá circulan 50 mil taxis registrados y 35 mil piratas, lo cual se añade al problema de los usuarios, que no pueden distinguir entre quienes son o no legales, con lo cual quedan expuestos a los paseos millonarios y a los robos, atracos y secuestros express.

Pero nada dicen las autoridades para impedir los ataques de taxistas contra pasajeros de autos y camionetas Uber y no Uber, que tomándose la ley en sus manos, los interceptan, especialmente en la noche, destruyen los vehículos y agreden a pasajeros y conductores.

Muchos de esos ataques se han dado contra ejecutivos y profesionales que viajan en sus propios vehículos en el puesto trasero, con sus conductores particulares y que son frecuentemente confundidos con los de la plataforma Uber.

Sobre estos casos, las autoridades guardan sospechoso silencio y al contrario de sancionar a los responsables por sus agresiones, la policía se convierte en sus aliados nocturnos.

De contera, ahora pretenden multar a pasajeros, de vehículos distintos a los taxis, como si en este país fuera un delito escoger el sistema que más le convenga al ciudadano, ante la ineficiencia de las administraciones para reglamentar y garantizar la libre movilidad de los colombianos.

Mientras tanto la movilidad en las ciudades capitales, se torna cada vez en un factor de disputa entre ciudadanos y gobernantes.