Bogotá, Avenida NQS (Foto Prensa Andina)
Algunos medios –asumiendo la defensa del gremio de
los taxistas, más no de los usuarios- han resuelto hacer comparaciones,
respecto del costo de la carrera mínima en las distintas ciudades del mundo,
justificando así las medidas del alcalde Enrique Peñalosa y que, para el caso
de Bogotá, quedó en $4.100 pesos, amén
de los aumentos en los demás componentes tarifarios.
Pero lo que
no dicen algunos esos mismos medios que
elogian las medidas de Peñalosa, es que en algunas ciudades como Londres
(Inglaterra), Berna (suiza), Paris (Francia) o Berlín (Alemania), tomar un taxi es excepcional, pues los sistemas
públicos de transporte operan a la perfección, son rápidos, cómodos y seguros,
con recorridos (a veces) de más de 50 kilómetros. Además, disponen de vías
óptimas, amplias y sin huecos.
Y claro, en esos países de Europa pagar
excepcionalmente por una carrera no hace
mella, por los ingresos que tienen y el poder adquisitivo de las monedas.
Veamos unos ejemplos:
En Colombia el salario mínimo (SM) es de $685.485 (US$220,40,
tomando la cotización de $3.110 a 3 de agosto).
En Inglaterra el SM es a 2016 de €1.512 ($5.219.000
col al cambio de $3.451,78); en Alemania €1.473 ($5.084.000);
en Francia €1.458 ($5.032.000) en Suiza no hay salario mínimo, pero su
equivalente para el trabajador colombiano gana allí €4.500 y un
profesional medio que en Colombia gana $3 millones al mes, allí gana €7.045
(con una semana laboral es de 42 horas).
En Estados Unidos, el salario mínimo por hora es, en la mayor
parte del territorio, US$10.00. Ese equivalente por ocho horas diarias sería de
$248.800, es decir que los estadounidenses con SM ganan en un día lo que un
trabajador colombiano común y corriente puede obtener en 11 días.
A diferencia de las ciudades europeas o norteamericanas, en
Bogotá no tenemos un transporte adecuado y solo disponemos para transportarnos
del tortuoso Transmilenio, al cual le cayeron las siete plagas de Egipto; el
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que en su mayor parte funciona
con buses destartalados que se varan a cada cuadra, que despachan cada hora y
en los cuales un pasajero, si bien le va, demora, para llegar a su destino, entre
una y dos horas.
En estas circunstancias, el usuario lleva las de perder
frente a los taxistas, pues es este quien impone las rutas a seguir y con el
pretexto de “evitar trancones”, toma los senderos más lejanos para, de esa
manera, cobrarle al incauto ciudadano un costo mayor por la carrera, cuando no
le aplican “el muñeco” o los trucos que usan para acelerar las unidades y
aumentar los costos. Pero el ciudadano apurado, que sabe que en otro medio no
llega a tiempo a su trabajo, paga lo que sea, para evitarse un lío mayor con el
abusivo conductor. Y todo ocurre en las narices de las mismas autoridades, que
muchas veces actúan en connivencia con los taxistas.
Y aunque el “doctor” Enrique Peñalosa, conoce todo este
embrollo, le dio orden expresa a su Secretario de Movilidad para que hiciera
efectivas unas nuevas tarifas muy por encima del IPC y del Salario Mínimo Legal
Vigente (SMLV), dándoles contentillo por no haber logrado aún detener el avance
de Uber, como se comprometió con el gremio de los amarillos y cuyos empresarios
financiaron su campaña.
Y como si todo esto fuera poco, anunció el establecimiento de
un bono especial de $500 pesos por carrera con cargo a los impotentes usuarios,
dizque para estimularlos a no violar las normas de tránsito, no agredir a los
pasajeros, no manejar borrachos ni matar transeúntes en las avenidas y luego
salir huyendo.
En Bogotá circulan 50 mil taxis registrados y 35 mil piratas,
lo cual se añade al problema de los usuarios, que no pueden distinguir entre
quienes son o no legales, con lo cual quedan expuestos a los paseos millonarios
y a los robos, atracos y secuestros express.
Pero nada dicen las autoridades para impedir los ataques de
taxistas contra pasajeros de autos y camionetas Uber y no Uber, que tomándose
la ley en sus manos, los interceptan, especialmente en la noche, destruyen los vehículos
y agreden a pasajeros y conductores.
Muchos de esos ataques se han dado contra
ejecutivos y profesionales que viajan en sus propios vehículos en el puesto
trasero, con sus conductores particulares y que son frecuentemente confundidos
con los de la plataforma Uber.
Sobre estos casos, las autoridades guardan
sospechoso silencio y al contrario de sancionar a los responsables por sus
agresiones, la policía se convierte en sus aliados nocturnos.
De contera, ahora pretenden multar a pasajeros, de
vehículos distintos a los taxis, como si en este país fuera un delito escoger
el sistema que más le convenga al ciudadano, ante la ineficiencia de las administraciones
para reglamentar y garantizar la libre movilidad de los colombianos.
Mientras tanto la movilidad en las ciudades
capitales, se torna cada vez en un factor de disputa entre ciudadanos y
gobernantes.
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