A PROPÓSITO DE LOS ATAQUES DE POLICÍAS A PERIODISTAS

La agresión de que fueron víctimas Víctor Ballestas, David Romero y Jorge Mercado del equipo informativo de City T.V.,  es un caso común dentro de la Policía Nacional, que hoy cobra protagonismo por involucrar a la prensa. Pero todos los días se informa de situaciones similares en las cuales se ven envueltas las autoridades en contra de ciudadanos sin que pase nada; y pareciera que los medios se colocaran a favor de los agresores.

Estos casos deben ser investigados a fondo, pese a las vacías excusas de los directores de la Policía con que siempre terminan las denuncias, pues es muy grave que sean los agentes de esa institución –que deben ser un paradigma para la sociedad-, quienes a diario se constituyen en noticia no propiamente por su ejemplo sino por su mal comportamiento frente a la ciudadanía.

El Artículo 20 de la Constitución Nacional dice: Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Y el nuevo Código Nacional de Policía establece que las actividades de Policía son públicas: “Se establece una autorización legal para que cualquier ciudadano pueda gravar los procedimientos policivos y que nadie pueda impedirlo, de modo que las actuaciones de las autoridades serán de cara a la ciudadanía”.

¿Pero frente a su actuación irregular cabe preguntarse si son estos agentes, los mismos que tendrán a su cargo la responsabilidad del cumplimiento del nuevo Código Nacional de Policía, y que ahora, podrán ingresar para realizar operativos a las residencias o a lugares privados sin orden judicial simplemente prevalidos de su juicio personal?

La denuncia contra la Policía por las agresiones a un equipo de periodistas de City T.V., no debe ser optativo de las víctimas como lo sugiere el director del medio, Darío Restrepo sino una obligación ciudadana que va más allá del ataque a la prensa. El medio está en obligación de proporcionarles asesoría jurídica y las autoridades en el deber de iniciar los procesos administrativos y penales para garantizar no solo la libertad de prensa sino la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Mientras no se tome conciencia de la necesidad de denunciar a quienes infringen la ley, aunque se trate del más importante funcionario, los ciudadanos no tendremos jamás la seguridad que merecemos.